A la tercera fue la vencida. El Tribunal Constitucional, tras dos sentencias en contra, ha anulado el impuesto de plusvalía incluido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 2004. El primer texto del TC contrario a este tributo es de mayo de 2017 y el PP trató de cambiar la legislación para dotarlo de seguridad jurídica, pero la moción de censura de Rajoy lastró los planes de los populares.
Así lo recuerdan altos cargos del PP, que reivindican la proposición de ley redactada por el Grupo Parlamentario Popular a principios de 2018 y registrada y admitida a trámite en el Congreso de los Diputados en marzo de ese mismo año.
El texto del PP destacaba que la sentencia del Tribunal Constitucional declaraba inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, los mismos que han quedado definitivamente anulados en la nueva sentencia conocida esta misma semana.
Ya hace cuatro años, el TC veía inconstitucional someter a tributación aquellas ventas de viviendas que no supusieran un incremento de valor del inmueble. Una circunstancia que el PP trató de eliminar con su proposición de ley. Para ello, incluyó un nuevo supuesto de "no sujeción" para los casos en los que el sujeto pasivo pudiera acreditar que no ha obtenido un incremento de valor por la finca.
Además, el PP proponía sustituir los porcentajes anuales aplicables sobre el valor del terreno para la determinación de la base imponible del impuesto por unos coeficientes máximos establecidos en función del número de años transcurridos desde la adquisición del terreno, y que serían actualizados anualmente, mediante norma con rango legal.
En todo caso, el coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno sería el aprobado por los ayuntamientos
según el periodo de generación del incremento de valor, y siempre de unos límites establecidos por la ley: no más del 0,09 en el primer año ni más del 0,60 a partir de los 20 años.
Tres años sin reacción
Tal y como recuerdan desde el PP a Vozpópuli, la proposición de ley 'sobrevivió' a la moción de censura contra Rajoy y al cambio de Gobierno, ya que el relevo en el Ejecutivo no implicó el fin de la legislatura. No obstante, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, no hubo ningún tipo de avance en el trámite parlamentario y el texto finalmente decayó con la convocatoria de las elecciones generales de febrero de 2019.
La inacción del Gobierno condena a los municipios a prorrogar sus presupuestos, porque los ingresos previstos ya no van a ser tales
Las mismas fuentes explican que, tras el registro de la proposición de ley en marzo de 2018, se pusieron en marcha los plazos para la presentación de enmiendas, que concluyeron a finales de octubre de ese mismo año. Después, a principios de 2019, el texto llegó a la Comisión de Hacienda, "pero ni el PSOE ni la ministra Montero hicieron nada". Ni antes, ni después de la doble convocatoria electoral de 2019.
El autor de esta frase es Antonio González Terol, vicesecretario de Política Territorial del PP. El también diputado nacional por Madrid asegura que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, la situación para los ayuntamientos es gravísima: "La inacción del Gobierno condena a los municipios a prorrogar sus presupuestos, porque los ingresos previstos ya no van a ser tales".
Terol denuncia la "imprevisión y dejación de funciones del Gobierno de Sánchez", que ha provocado la anulación de un tributo que "representa entre el 6 y el 17 por ciento de ingresos de los ayuntamientos".
Ante esta circunstancia, señala, el PP reclama "seguridad jurídica" y un "fondo de compensación" de 2.600 millones de euros para los municipios. Los populares ven urgente la aprobación de una nueva normativa y que el Ejecutivo garantice a los ayuntamientos los ingresos que iban a recibir con el impuesto de plusvalía: "Después de tres años sin hacer nada, es lo mínimo que se les puede pedir tras la sentencia".
