Una reforma laboral sin acuerdo con la patronal de empresarios amenaza la segunda transferencia de 10.000 millones de euros de los fondos europeos que España tiene previsto recibir en los próximos meses, según informan diversas fuentes a Vozpópuli.
El temor del presidente Pedro Sánchez a que la CEOE se desmarque del pacto con Gobierno y sindicatos ha llevado a los dos partidos de la coalición a una de sus mayores crisis de la legislatura. Sánchez ha conseguido finalmente que los Ministerios de Economía e Inclusión Social se sienten junto a Trabajo, en manos de Podemos, en la mesa de diálogo social. Tras la salida de Carmen Calvo, tanto Nadia Calviño como José Luis Escrivá son los ministros que más rifirrafes han tenido con el área morada del Ejecutivo.
La clave, según estas fuentes, está en los compromisos que ha adquirido el Gobierno con Bruselas. Las reformas prometidas a la Comisión Europea están recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España envió a la UE para recibir los 140.000 millones de euros de los fondos por el impacto del coronavirus. Una de las reformas previstas es la "modernización de la normativa laboral" que, según el plan, "es preciso abordar mediante el diálogo social". Es decir, con el acuerdo de la CEOE y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO representados en esa mesa.
10.000 millones en 2021
Una reforma laboral sin acuerdo de todos los actores afectaría a la llegada de esos fondos. España ha recibido un primer desembolso de 9.000 millones de euros. Y le corresponden otros 10.000 para 2021. Los retrasos han hecho que ese dinero no llegue al menos hasta enero. El Gobierno ha presupuestado otros 27.633 millones de fondos europeos para 2022. Se estima que la nueva transferencia de Europa llegue a principios del año que viene, siempre y cuando Bruselas evalúe favorablemente el cumplimiento de las reformas del Plan de Recuperación.
Bruselas quiere acuerdo y paz social. El Gobierno se juega los fondos europeos en las reformas del sistema de pensiones y el mercado laboral, según explican estas fuentes. La primera parte de la normativa de pensiones se cerró con el consenso de sindicatos y empresarios. Y Europa quiere lo mismo para el mercado laboral, donde ha expresado su preocupación por la tasa de paro juvenil, superior al 37%, y el elevado número de empleos precarios.
El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha incidido estos días en España en que la reforma laboral no debe "debilitar el dinamismo del sistema español y de las empresas". Y ha subrayado que cuando se trata de reformas delicadas, "contar con el apoyo de los agentes sociales", además del parlamentario, dota de mayor fuerza a las propuestas.
Sánchez ha dicho que la reforma laboral se aprobará antes de final de año. Un incumplimiento por falta de consenso pone en jaque los desembolsos con los que cuenta el Gobierno. El presidente, consciente de la situación, ha movida ficha para forzar la entrada de los ministros socialistas del área económica en la reforma que lidera la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Así se negociará la reforma laboral
Altos cargos de la vicepresidencia de Calviño y de la cartera de Escrivá compartirán la mesa de diálogo con Trabajo (Podemos), la patronal y sindicatos. No son dos ministerios cualquiera. Para la formación morada Calviño y Escrivá están alineados con los intereses de la CEOE. Y son innumerables los choques que han protagonizado ambas partes, sobre todo Díaz y Escrivá por la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
La actual normativa laboral aprobada por el PP en 2012 ha sobrevivido a dos crisis: la financiera de hace una década con el colapso inmobiliario y la provocada por la pandemia de la covid-19. Los partidos de la coalición pactaron derogarla, pero no lo han hecho a pesar de tener la misma mayoría parlamentaria de la moción de censura o la que, por ejemplo, les ha permitido acabar con la ley educativa del PP (LOMCE) y sacar adelante una nueva.
Uno de los aspectos de la legislación del PP del que ha echado mano el actual Gobierno durante la pandemia han sido los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTEs). Este instrumento existe desde hace mucho tiempo, pero el Gobierno de Mariano Rajoy modificó el control ex ante que existía para impulsarlos. Es decir, previamente a la reforma del PP, la Administración tenía que dar el visto bueno a cualquier ERTE. En una situación como la que se vivió con la covid-19, el volumen de peticiones de ERTE hubiera desbordado al Ministerio. Con el cambio del 2012, el control es a posteriori, lo que permite a las empresas aprobar el ERTE y someterse después al control de la inspección de trabajo.
