Los abogados de Nacho Cano han presentado este jueves en el juzgado de guardia de Plaza de Castilla una denuncia contra la jueza instructora que dirige la causa contra el artista madrileño. Pocas horas después de que la denunciante declarase en sede judicial, donde ha ratificado su denuncia, la defensa del cantante de Mecano ha presentado una denuncia contra la magistrada Inmaculada Iglesias por la presunta infracción de varios derechos fundamentales tanto de la representación legal como de los propios investigados.

Los abogados de Nacho Cano han presentado la denuncia contra la magistrada Inmaculada Iglesias, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, por la comisión de un presunto delito de prevaricación, la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, al considerar que se han producido cierta irregularidades en el reparto del juzgado de instrucción y por la presunta infracción del principio de igualdad de armas procesales. En este sentido, los letrados denuncian que la jueza ha vulnerado varios de sus derechos fundamentales "por denegar constantemente todas las diligencias de prueba" que han ido presentado en el procedimiento.

Los letrados del despacho Cremades y Calvo Sotelo Abogados ya presentaron un escrito ante el juzgado en el que denunciaban la presunta infracción de la norma de reparto de juzgado. La defensa mantiene que la elección del Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid no fue casual y denuncian que "sorprendentemente" el juzgado designado haya sido el mismo que sigue la investigación contra el empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

Dicha información ya está en manos de Decanato, después de que la jueza diese traslado de los "efectos oportunos" como consecuencia de la "grave acusación que se está vertiendo sobre la aplicación de las normas de reparto de asuntos entre los juzgados de instrucción de Madrid". Ahora, en este nuevo escrito presentado en el juzgado de guardia, la defensa de Nacho Cano apunta directamente a una infracción de derechos fundamentales por parte de la magistrada por denegar todas las diligencias presentadas por la defensa, mientras sí acepta "todas" las diligencias solicitadas por el resto de las partes.

Entre las diligencias de pruebas rechazadas por la jueza destaca la presentación por parte de los letrados de varios mensajes de WhatsApp en los que la denunciante pide a la productora el pago de 6.000 euros y una carta de recomendación firmada por el propio Nacho Cano. El pasado mes de septiembre, la instructora rechazó incluir en la causa dichos mensajes al considerar que eran irrelevantes" para el "esclarecimiento de los hechos" y que supondría una dilación en el procedimiento con pruebas inútiles y por otro, "un menoscabo para la dignidad de la víctima del presunto delito".

Por contra, dichos mensajes han servido como prueba principal para que otro juez, el titular del Juzgado de Instrucción Número 22 de Madrid, decidiera abrir diligencias previas contra la denunciante de Nacho Cano por un presunto chantaje. Un nuevo procedimiento en el que se cambian las tornas y Lesly pasa a ser la investigada y tendrá que declarar el próximo 12 de diciembre ante el juez bajo dicha condición. 

Asimismo, los abogados del cantante de Mecano detallan en su denuncia que hasta este mismo jueves no se les ha notificado el "acceso a la plataforma Horus" a través de la cual pueden acceder a las actuaciones. Esta notificación llega cuatro meses después de la apertura de la causa, un hecho que califican como "inaudito".

Según defienden los representantes legales de Nacho Cano, las actuaciones a las que han tenido acceso desde el pasado 15 de julio se han conseguido a través de "constantes visitas y diligencias de constancia al juzgado". Finalmente, el procurador consiguió a finales de agosto hacer una copia de las actuaciones que, según denuncian, no coinciden con la copia que tenía este jueves la jueza durante la declaración de la denunciante. Esto, consideran que quebranta el principio de igualdad por el no acceso a las actuaciones de la causa que se sigue contra su representado por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y los derechos de los trabajadores. 

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