El ex director de infraestructura de Adif, ex director de Proyectos y Construcción de Adif y ex director de Líneas de Alta Velocidad del Nordeste, Rafael Rodríguez Gutiérrez, declaró tras ser detenido en el marco de la operación Grizzly que no recordaba haber dirigido indicaciones a los jefes de las Unidades de Asistencia Técnica para el Control y Vigilancia de las obras (ACO) –los técnicos de empresas privadas contratadas por Adif Alta Velocidad- para que llevaran a cabo "relaciones valoradas ajustándose a una determinada cantidad" y negó haber intervenido de "forma intencionada" en certificar por encima las obras realmente ejecutadas.
Rodríguez Gutiérrez, que dejó de trabajar para Adif en mayo de 2014, fue el máximo responsable de las obras del AVE a Barcelona. No obstante, fue apartado de la compañía cuando estalló otro escándalo en el año 2014, en la denominada 'operación Yogui', donde se investigaba por malversación de fondos públicos otro tramo de las obras del AVE en Barcelona. En dicho procedimiento, la juez decretó su prisión bajo fianza.
Actualmente, Rafael Rodríguez Gutiérrez está siendo de nuevo investigado por un juzgado de Barcelona, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil en relación con los sobrecostes -cifrados por tres auditorías externas en 104 millones- en los accesos a la Estación de La Sagrera, de la estructura de la misma y en el tramo La Sagrera- Nudo la Trinidad del AVE a su paso por la ciudad condal. Los investigadores sospechan que, en este caso, el acusado validaba los sobrecostes en los tres tramos de obra anteriormente detallados.
Rodríguez Gutiérrez explicó que él comentaba con el director general de Adif la disponibilidad económica que había para cada mes para la certificación
El pasado 30 de junio, el imputado –investigado según la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal- respondió a preguntas de los agentes del Instituto Armado que, "en ocasiones" y "por problemas de dinero", desde su empresa solicitaban que se "hicieran mediciones inferiores para adecuarlo a la cantidad de dinero que les quedaba".
Además, durante el interrogatorio, a preguntas de su abogado, el acusado explicó que él comentaba con el director general de Adif la disponibilidad económica que había para cada mes para la certificación, y entonces, se distribuía esos fondos entre las distintas obras. El investigado explicó que "en general" la disponibilidad económica estaba "por debajo de la obra ejecutada".
El presidente de Adif también firmaba certificaciones
Rafael Rodríguez Gutiérrez, que está siendo investigado por delitos de malversación de caudales públicos, falsedad continuada en documento oficial y prevaricación, amplío la responsabilidad de los hechos investigados a sus superiores jerárquicos al sostener que "en las certificaciones de obra, además de su firma, también firmaban otros directivos de Adif en posición jerárquica superior respecto a él y así el director general y a veces, según el presupuesto, el presidente de Adif".
En el auto donde la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona, Roser Aixandri, decidió abrir una investigación por los expedientes fraudulentos del AVE a su paso por la Estación de la Sagrega y el Nudo Trinidad de Barcelona, la juez señaló que en la cúspide de la presunta trama delictiva estaban los directivos de Adif, quienes en sus cargos como directores de contrato, jefe de área de Cataluña, gerente de infraestructuras, director de la línea o director de construcción, "eran los que de una forma u otra debían validar las certificaciones de obra expedida por los directores de obra, haciéndolas aptas para ser pagadas".
El ex directivo de Adif está siendo investigado por delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación
Dichos superiores jerárquicos de los directores de obra eran, por un lado, el propio Rafael Rodríguez y, por otro, Mauro Bravo, director de contrato en alguna obra y jefe de infraestructuras en Cataluña, quien el pasado 30 de junio se acogió a su derecho a no declarar en las dependencias que la Guardia Civil tiene en la localidad de Tres Cantos (Madrid).
La instructora sospecha que "eran los directores de obra quienes fijaban la cifra que debía ser alcanzada en relación con la obra valorada y para ellos los jefes ACO incluían en la relación las mediciones necesarias para alcanzar dicha cifra, distribuyéndolas en partidas de la obra que estuvieran en ejecución y que por su entidad pudieran 'absorber' dicho exceso".
