La masa de funcionarios en el exterior al servicio de España (embajadores no políticos, cónsules, agregados, técnicos comerciales, secretarios…) ha permanecido indemne a los avatares provocados por la crisis económica y financiera, cuyo estallido se remonta a 2007. Es más, lejos de verse afectada, ha registrado un aumento significativo. El pasado año, según datos de la Secretaría de Estados de Presupuestos y Gastos consultados por Vozpópuli, las nóminas de este personal costaron a las arcas públicas 206,6 millones de euros: 23,1 más que el gasto que supusieron en 2006, cuando el desembolso fue de 183,5 millones.
Si bien el Gobierno de Mariano Rajoy había conseguido reducir este gasto en su primer año en La Moncloa (cerró 2012 con 199,2 millones), debido en buena parte a la supresión de la paga extra a estos funcionarios de carrera, no ha logrado mantenido la senda en 2013 y ha abonado 7,4 millones más.
Además de sufragar la paga extra atrasada, que ascendió a 2,6 millones de euros, el Ejecutivo aumentó las indemnizaciones en 3,9 con respecto al año anterior. Asimismo, los pagos del complemento específico (el relativo a la especial dificultad técnica y responsabilidad del puesto) subieron 1,2 millones. Toda una inyección económica, en busca de resultados, a los impulsores sobre el terreno de la marca España.
Las indemnizaciones, que alcanzaron los 143 millones el pasado ejercicio, son el elemento retributivo más destacado, suponiendo el 70% de la asignación total del Gobierno. Los sueldos de los funcionarios en el extranjero son iguales a los fijados para los empleados públicos en territorio nacional, pero además perciben, en concepto de indemnización, la equiparación del poder adquisitivo y la compensación por disminución de la calidad de vida en los países de destino. España tuvo representación en 122 países en 2013, siendo Afganistán, Angola, Haití y Yemen los territorios donde el nivel de vida fue considerado como el más bajo.
España contó el año pasado con funcionarios en 122 países, siendo Afganistán, Angola, Haití y Yemen los territorios donde el nivel de vida fue considerado como el más bajo
Sin embargo, entre las distintas categorías de funcionarios todavía existen notables diferencias en sus retribuciones. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, se propuso homologar las condiciones de trabajo de todos los funcionarios en la Ley de Acción Exterior, que mañana será aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados. Pero tal objetivo del ministro para acabar con los privilegios de altos cargos en oficinas comerciales no fue alcanzado. Principalmente por la oposición que mostraron los técnicos comerciales, funcionarios de carrera en el exterior que dependen del Ministerio de Economía y Competitividad y que se negaron a perder poder adquisitivo e independencia.
Se da el caso de jefes de oficinas comerciales que cobran más que un embajador no político (el único que no pertenece a la carrera diplomática es el ex ministro de Defensa Federico Trillo, destinado en Londres). Al depender en gran medida de las indemnizaciones es difícil saber a cuánto asciende el sueldo total de un embajador. No obstante, valga como muestra que un cónsul adjunto puede cobrar en torno a 9.000 euros mensuales.
La homologación que barajó Margallo en la elaboración de dicha ley (la primera de estas características en democracia) no sólo afectaba a las retribuciones de estos empleados públicos, sino también al régimen de vacaciones y permisos, cobertura sanitaria y asistencia a la escolarización de los hijos, independientemente de si el funcionario estaba adscrito al departamento de Exteriores o al de Economía.
Carta blanca a los viajes autonómicos
Otro de los aspectos de la futura normativa en que Exteriores también ha cedido tiene relación con la obligación de las comunidades autónomas de informar sobre sus viajes al extranjero. La pretensión del Ejecutivo era exigir a las autonomías a que avisaran de todos los desplazamientos de sus altos cargos y miembros de los Parlamentos regionales, algo a lo que se opusieron frontalmente el PSOE y los nacionalistas de CiU y PNV. Cataluña, País Vasco y Andalucía cuentan con una extensa red de embajadas y se niegan a integrarlas en la administración estatal, como les ha planteado Margallo.
Finalmente, el PP ha suavizado el texto de la Ley de Acción Exterior -cuyas enmiendas del Senado se votan mañana en el Congreso- y ahora las comunidades sólo tendrán que informar de los viajes cuando los realicen los presidentes y consejeros. Tampoco habrán de hacerlo cuando los desplazamientos sean dentro de la Unión Europea o a sus instituciones.
