El Gobierno del País Vasco quiere aprovechar la flexibilidad de Moncloa a la hora de entregar competencias a las comunidades autónomas. El cupo catalán, que permitirá a Cataluña recaudar sus propios impuestos, ha reavivado una vieja exigencia del PNV: el traspaso de la seguridad social. De hecho, la lehendakaritza ya ha calculado el presupuesto con el que contará: 12.000 millones de euros.
El PNV estima que esa es la cantidad que necesitará para pagar pensiones y prestaciones en todo su territorio y Navarra a partir de 2025, cifra que será incluida en el documento que el propio gobierno vasco remitirá a Moncloa para oficializar la petición y empezar la ronda de contactos que permita el acuerdo.
Esta medida daría más independencia fiscal al País Vasco, ya que aunque no gestione qué cuantía entregar a cada pensionista -eso seguiría siendo labor del Estado-, sí manejaría su propia hucha de manera independiente a la de España. El plan, presentado el pasado martes por la portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, prevé que España aporte 4.000 millones de euros.
La Lehendakaritza sostiene su derecho a gestionar la Seguridad Social en base al estatuto de Gernika. "Establecerá los oportunos convenios, mediante los cuales la Comunidad Autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos plazos y compromisos que, para una ordenada gestión, se contengan en tales convenios", sostuvo Ubarretxena ante los medios de comunicación.
Con este movimiento, siempre que el Gobierno acceda, el País Vasco daría un gran paso para conseguir su objetivo final: gestionar una seguridad social propia ajena a la española. En las palabras de Ubarretxena estaba implícito el mensaje cuando dijo que el PNV buscaba garantizar un "bienestar claramente mejor que el español".
Con la primera piedra del proyecto ya colocada, el PNV pretende retomar las negociaciones a partir de 2025, ya con el plan sobre la mesa de Sánchez y con la garantía de que la comisión de negociación permanente les dará un espacio para charlar una vez, al menos, cada seis meses, lo que imposibilita al presidente poner las cesiones al País Vasco al fondo de su agenda política.
Carpetazo a Gernika para ampliar "el autogobierno vasco"
El "que hay de lo mío" de Pradales tras ver las cesiones al independentismo catalán van más allá del estatuto de Gernika y, por supuesto, de la seguridad social propia. El Lehendakari le hizo saber el pasado 10 de septiembre al presidente que pretende hacer cumplir el estatuto y planteó un calendario factible. A cambio, la ansiada estabilidad política que necesita el PSOE para acabar la legislatura.
Pradales quiere dar 'carpetazo' al estatuto lo antes posible para ponerse con lo siguiente. Al fin y al cabo, la recién inaugurada 'bilateralidad' y el aperturismo de Sánchez a transferir gestión de impuestos a otras comunidades han dado alas a un País Vasco que no quiere perder la cabeza del pelotón en cuanto a independencia se refiere. El lehendakari habló de abrir "una nueva carpeta para actualizar el autogobierno vasco, ensancharlo y mejorarlo" una vez se completase Gernika.
Las pensiones vascas se añadirían a la larga lista de cesiones de Sánchez al nacionalismo vasco. El traspaso de la gestión carcelaria fue una de las más sonadas, a lo que hay que sumar la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, la gestión de algunas autopistas del Estado, así como la gestión de varios tramos ferroviarios en suelo vasco. Aunque ninguna de estas transferencias tiene el peso económico que supondría la transferencia de 12.000 millones de euros a País Vasco para su gestión.
