El Congreso ha aprobado este martes tramitar la iniciativa "estrella" de Podemos, la "Ley 25 de emergencia social" que prohíbe los desahucios sin alternativa de vivienda, condona deudas hipotecarias o garantiza el gas y la electricidad a familias sin recursos; aunque la norma decaerá si hay nuevas elecciones. El pleno del Congreso ha apoyado con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios, excepto los del PP, y con la abstención de Ciudadanos y PNV, iniciar la tramitación de la proposición de Ley que ha presentado Podemos y que debería ser enmendada en comisión. Sin embargo, este proceso parlamentario haría que la Ley decayera en el caso de que se convoquen elecciones generales ya que las Cortes se disolverían y no daría tiempo a finalizar esta tramitación.
La proposición de Ley deberá ser enmendada en comisión, por lo que decaerá en el caso de que se convoquen nuevas elecciones
La Ley 25 de Podemos tendría un "coste cero", según su memoria económica y persigue la universalizar la sanidad, la vivienda y garantizar el suministro energético para familias y colectivos vulnerables, como mujeres víctimas de violencia machista, menores o discapacitados. Antes de que el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, interviniera en el pleno, los diputados de la formación morada han exhibido la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mayoral ha criticado vehemente que España sea el segundo país de Europa en pobreza y "viole de forma sistemática los derechos humanos en materia de vivienda", por lo que ha pedido la dación en pago y la garantía de un alquiler y de una vivienda para las familias desahuciadas sin recursos.
"Verdad, justicia, reparación y no repetición", ha urgido Mayoral en un discurso de exaltación en el que ha reconocido que la Ley puede mejorarse, pero debe ser prioritaria en un momento en el que se han conocido las fortunas de españoles en Panamá. "A los preferentistas se les robó a manos llenas y va siendo hora que los que dirigentes de entidades financieras expliquen por qué las cajas y bancos tenían sede en las Islas Caimán para vender preferentes y que cuenten porque luego se las colocaron a los jubilados", ha dicho. Además, Mayoral ha pedido el fin del copago sanitario y la protección de las mujeres víctimas de la violencia machista.
La Ley pide que en el plazo de tres meses las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o fondos de inversión pongan a disposición del "interés general" un registro de viviendas vacías para las familias que pueden ser desahuciadas. También, la garantía del suministro eléctrico para evitar cortes de luz o de gas por impago de facturas, bien a través de un bono social o bien obligando a la compañía suministradora a no cortar el suministro.
La diputada del PSOE Isabel Rodríguez ha lamentado que esta Ley no vaya ni a agotar el plazo de enmiendas y "no sea ley porque Podemos no va a apoyar al gobierno que la puede llevar a cabo". No obstante, ha coincidido en el diagnóstico de la iniciativa aunque ha mostrado su preocupación porque no menciona un plan de choque para el empleo o un ingreso mínimo vital.
Ciudadanos: ""Son medidas inviables y demagógicas"
Por parte de Ciudadanos, el diputado Pablo Yáñez ha señalado que su formación no bloqueará este debate, pero ha dicho que se trata de medidas "inviables y demagógicas". Ha lamentado que Podemos haga promesas irreales y que las cuentas no cuadren y generen desconfianza hacia las instituciones. Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Tardá, ha mostrado su enfado con Podemos porque ha hecho una "chapuza" al no tener en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas y no aclarar "quién tendría que pagar estas medidas".
La diputada de Democracia i Libertad (DiL) Miriam Nogueras ha recordado que en Cataluña hay más de 200.000 familias con todos sus miembros en paro y ha pedido a los diputados "dejar de coser de acero el Estado y hacer alta política".
Mikel Legarde del PNV ha defendido esta ley porque la cohesión social debe ir unida al desarrollo económico, mientras que el diputado de Compromís Enric Bataller ha dicho que es un plan de choque contra la exclusión "porque los derechos básicos han de ser reconquistados tras correr serio peligro en la anterior legislatura". En sentido contrario, la diputada del PP María Eugenia Romero ha incidido en que se trata de propuestas "populistas" que proponen "el cielo" y aumentarán el gasto.
