Pese a que públicamente Podemos mantiene una postura crítica con las presuntas corruptelas del rey emérito, esta formación no siempre ha actuado con coherencia. Más bien al contrario, permitió el 'carpetazo' a una causa cuyo contenido ha sido fundamental en la marcha de don Juan Carlos de Borbón. El partido liderado por Pablo Iglesias y la Fiscalía Anticorrupción conspiraron para propiciar el archivo de la investigación a Juan Carlos I en España. Ocurrió en 2018, durante la instrucción en la Audiencia Nacional de una de las piezas del conocido como 'caso Villarejo'. Contra todo pronóstico, la formación morada evitó recurrir el archivo de una pieza clave en la que se incluían los audios de Corinna Larsen sobre los presuntos cobros de comisiones por parte del rey emérito, tal y como ha avanzado este viernes 'El Confidencial'.
Concreta mente, se trata de la pieza Carol, que fue reabierta hace unos días por decisión del nuevo instructor del caso, el juez Manuel García-Castellón, después de dos años en los que este procedimiento ha permanecido inactivo precisamente por la actuación de Podemos. Los mensajes internos del equipo jurídico del partido revelan que en la formación eran conscientes de la intención de los fiscales anticorrupción de frenar la causa en la que podría haber acabado viéndose implicado el rey emérito por las acusaciones de Corinna Larsen, que le atribuía la titularidad de una cuenta en Suiza con más de 65 millones de euros procedentes de fondos saudíes.
El juez del caso, entonces el magistrado Diego de Egea, acordó el 20 de julio de 2018 la apertura de una pieza separada para investigar las acusaciones de Corinna sobre el rey emérito. En la misma, se recogían una serie de grabaciones publicadas por 'Okdiario' y 'El Español' en las que la empresaria y antigua 'amiga' de don Juan Carlos sostenía que el monarca había cobrado comisiones procedentes de empresas españoles, ocultaba una cuenta bancaria en Suiza, utilizaba a su primo Álvaro de Orleans como testaferro y había recibido unos terrenos en Marruecos regalados por el rey del país, entre otras acusaciones.
En dos meses, el magistrado de la Audiencia pasó de incoar diligencias por los audios de Corinna a archivar la pieza, pese a que la única comprobación que hizo fue la toma de declaración a Villarejo
Las actuaciones quedaron bajo secreto de sumario. El 26 de julio de ese año, el magistrado citó al excomisario José Manuel Villarejo como imputado por los delitos de revelación de secretos y cohecho. Pese a la trascendencia del asunto y la gravedad del contenido investigado, la pieza fue archivada en un tiempo récord, en septiembre de 2018. Y fue gracias a Podemos, que rehusó recurrir su archivo, a diferencia de la estrategia judicial seguida por esta formación en otras piezas de la misma causa más afines a sus intereses políticos, como la pieza Kitchen -las presuntas cloacas del PP- o la investigación de lo ocurrido con el móvil de Dina Bousselham.
Dos horas de reunión entre Podemos y los fiscales por "la pieza del Rey"
El 27 de julio de 2018, los abogados de Podemos mantuvieron una reunión de "casi dos horas" con los fiscales anticorrupción del caso: Ignacio Stampa y Miguel Serrano. Según consta en los mensajes del chat interno del equipo jurídico del partido, los mensajes del abogado Alejandro Gámez revelan el encuentro había girado alrededor de "la pieza del Rey" y el resultado había sido satisfactorio. "Que muy bien que el juez siga investigando esta pieza, pero a ellos no les va a alterar el calendario del resto de piezas”, habían asegurado en la cita los fiscales: “Además, esta pieza es también salvaguarda. Si archiva respecto de algún otro, levantan el secreto de sumario de todo y a tomar por saco”.
Los fiscales pretendían centrar la causa en las operaciones llevadas a cabo por el excomisario Villarejo. Investigar al rey no era su prioridad, pues además asumían que se trataba de un asunto especialmente sensible. Dando por hecho que el magistrado De Egea tampoco tenía interés en que se levantara el secreto de sumario de "la pieza del Rey", los fiscales pretendían jugar esa carta: presionar al juez con la petición de que se levantara el secreto de sumario en el caso de que De Egea archivara alguna otra pieza de la causa.
Los fiscales, conscientes de las implicaciones que podía tener para el Rey, pretendían presionar al juez con una posible petición del levantamiento del secreto de sumario -en el que se incluían las grabaciones de Corinna- para evitar que la Audiencia archivara el resto de piezas que afectaban directamente a Villarejo
“Muy bien todo como dice Alejandro, cada vez nos dan más datos y más información...”, escribió en aquel chat Marta Flor, exabogada de Pablo Iglesias en el 'caso Dina', actualmente investigada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid precisamente por la presunta filtración de información que le proporcionaban los fiscales del 'caso Villarejo'. Tras aquella reunión, la causa permaneció paralizada durante todo el mes de agosto y no fue hasta los primeros días de septiembre cuando la Fiscalía solicitó el archivo provisional de esta procedimiento. Según el escrito de los fiscales, las acusaciones contra el rey emérito eran "extremadamente débiles" y no eran "suficientes para iniciar una investigación penal", si bien el ministerio público pidió que le fuera remitido un audio en el que se mencionaba el presunto pago de comisiones por la adjudicación del contrato del AVE a La Meca, como hizo el juez instructor.
No había pasado ni una semana -un plazo reducido teniendo en cuenta los tiempos judiciales- cuando el juez Diego de Egea decidió asumir la postura de la Fiscalía y acordó el sobreseimiento provisional de esta pieza sin haber practicado más diligencias que el interrogatorio al excomisario José Manuel Villarejo. Y ello a pesar de la precisión con la que Corinna había descrito el paradero de la forturna del rey emérito y los instrumentos empleados por don Juan Carlos para mover el dinero; acusaciones que en este momento son objeto de investigación de la justicia suiza. De Egea argumentó que Villarejo, único investigado en la pieza, no había incurrido en ninguno de los delitos por los que estaba imputado: revelación de secretos y cohecho.
Podemos evitó recurrir el archivo a cambio de ayuda de la Fiscalía
Podemos recurrió este archivo en reforma el 12 de septiembre de 2018. Reclamando una "investigación efectiva" sobre la fortuna de origen presuntamente irregular del rey emérito, la formación, personada como acusación popular, afeaba al magistrado de la Audiencia Nacional que no hubiera practicado diligencias para esclarecer la veracidad de las acusaciones de Corinna Larsen, que podían acarrear delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. El juez De Egea no admitió el recurso de Podemos, como suele ocurrir en este tipo de casos, al no observar un defecto de forma en su propia instrucción.
Podemos tuvo la opción de seguir litigando el archivo de "la pieza del Rey" con un recurso de apelación, pero el partido de Pablo Iglesias optó por no hacer nada a cambio de la ayuda de la Fiscalía en otras piezas
El partido de Pablo Iglesias tenía la opción de seguir litigando mediante un recurso de apelación para que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revirtiera el archivo de la pieza que implicaba al rey emérito. De hecho, este tipo de recurso fue usado por Podemos para hacer lo propio con respecto a otras piezas del 'caso Villarejo'. Sin embargo, la formación morada optó por no actuar y evitó recurrir el archivo. Finalmente, el caso quedó sobreseído y su reapertura no se ha producido hasta hace unos días, casi dos años después, con otro instructor al frente de la causa y tras la investigación del asunto por parte de las autoridades judiciales suizas.
Días después de la primera reunión de los fiscales con los abogados de Podemos, mantuvieron otro encuentro. Fue el 20 de septiembre. Según consta en el chat de Telegram de Podemos, los fiscales les dijeron que habían pedido el archivo de la pieza para que se investigara el asunto del "fondo saudí" en otro juzgado. El partido de Iglesias no se opuso a las pretensiones de la Fiscalía. A cambio, el ministerio público correspondió a Podemos al ayudar a impulsar otras causas que eran más favorables para sus intereses políticos inmediatos, como la pieza de las presuntas cloacas policiales del PP o el caso Dina.
