Podemos ha incendiado este lunes a la Policía. Los morados han denunciado ante la Comisión de Venecia del Consejo de Europa a los agentes que se manifestaron en contra de la reforma de la Ley mordaza el pasado 27 de noviembre en Madrid.
Los de Ione Belarra consideran, además, que las principales organizaciones sindicales de la Policía rompieron su neutralidad política por defender una posición contraria a la de la Comisión, que ya instó a España a poner fin a esta Ley.
Lo cierto es que los morados reconocen en privado que no buscan más que un posicionamiento que intente sacar los colores a la Policía —y a PP, Ciudadanos y Vox—. "Debe expresar su honda preocupación toda vez que, tratando de confundir a la opinión pública sobre la conveniencia de la reforma, está germinado en España una interpretación contraria al consolidado acervo jurídico y cultural europeo de protección de los derechos humanos", zanjan los morados en su informe.
La Comisión de Venecia debe expresar su honda preocupaciónPodemos
La derogación de la Ley mordaza es una de las banderas de Podemos en el Gobierno. Es más, ha sido uno de los arietes con los que ha presionado al PSOE. Eso sí, lo que desatascó el acuerdo entre los socios de Gobierno fue "darle una patada" a las devoluciones en caliente de inmigrantes para llevarla a la Ley de Extranjería. De esa manera, los socios dirimirán sus diferencias sobre este asunto cuando se aborde el cambio de esa norma, algo que los morados no pueden situar en el calendario.
Los agentes se revuelven
El problema es que la Policía se ha tomado muy mal el recado de Podemos. El sindicato mayoritario, JUPOL, sostiene que el ataque morado es un intento de "coartar" el derecho de manifestación de los agentes, algo que según el portavoz, Pablo Pérez, supone una contradicción, porque "según Podemos, con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, [los morados] quieren defender el derecho de manifestación".
Más allá de la anécdota, JUPOL ha reiterado en un comunicado su independencia: “Es completamente falso que exista una pérdida de neutralidad de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que únicamente se deben al ciudadano y una vez que se ponen el uniforme queda fuera de él cualquier tipo de ideología. Los únicos que están haciendo política son los partidos que utilizan a la Policía como moneda de cambio para sus intereses y no dudan en ponerse en la foto cuando les interesa”.
El sindicato ha hecho una referencia velada al apoyo de Pablo Iglesias, en 2018, a sus reivindicaciones acerca de la equiparación salarial con las fuerzas autonómicas. No obstante, fuentes gubernamentales moradas aclaran a este diario que son cuestiones "diferentes".
"La equiparación salarial es una reivindicación de las condiciones laborales de los policías que el actual Gobierno ha conseguido, por cierto, subiendo el salario a Policía Nacional para equiparar al resto de cuerpos de policía de Euskadi y Cataluña. Y otra cosa es el debate sobre la derogación de la Ley mordaza. No tiene que ver con derechos laborales de los policías, sino con derechos y libertades públicas de la ciudadanía. Y ese es un debate en el que la Policía debe mantener la neutralidad", zanjan estas fuentes.
Desde JUPOL, no obstante, se ha insistido en que las actuaciones de todos los agentes de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad se deben al ciudadano: "Precisamente por eso estamos en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que ha anunciado el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y que va a perjudicar gravemente la seguridad de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de todos los ciudadanos”.
Los cambios de una Ley polémica
La idea del Gobierno es que ya no se pueda sancionar la toma y difusión de imágenes de agentes de policía cuando estas no afecten a su derecho a la intimidad o la seguridad. Tampoco será necesario informar sobre aquellas manifestaciones que se celebren por imprevistos que provoquen su inmediatez.
Los morados ponen el ejemplo de las concentraciones en respuesta a la sentencia de La Manada. Así, estas convocatorias solo serán sancionables si provocan violencia o alteración del orden público. La no comunicación de las manifestaciones previstas y previsibles, como las del primero de mayo, será sancionada como falta leve.
La idea del Gobierno es que ya no se pueda sancionar la toma y difusión de imágenes de agentes
Los socios del Gobierno también quieren que quede constancia escrita de la motivación que lleva a los policías a efectuar registros y comprobaciones en la vía pública. Estos, además, limitarán los desnudos parciales y, en caso de que deban producirse de manera inmediata, será en un lugar que cuente con la debida garantía de protección de la intimidad.
Además, PSOE y Unidas Podemos quieren que el tiempo de identificación en comisaría sea de un máximo de dos horas, salvo causa excepcional debidamente alegada y verificable y limitada estrictamente.
El contraataque policial
El Sindicato Profesional de Policía (SPP), mayoritario en las escalas de mandos, ha anunciado este lunes que contrarrestará la estrategia de Podemos y también enviará al Consejo de Europa un informe en el que detallará las razones por las que rechazan la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, informa Europa Press.
El SPP asegura que "no es de recibo" que Podemos "ponga en duda la neutralidad" de los policías. Y, por eso, ha reclama una rectificación e insistido en rechazar la reforma que "perjudica la seguridad ciudadana en general y la de cada uno de los ciudadanos".
