La consultora chavista Neurona y Podemos arguyen que hubo trabajadores que viajaron a España en 2019 desde México para llevar a cabo servicios relacionados con las elecciones generales. No obstante, la Policía Judicial concluye en el último informe que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que investiga la financiación de la formación, al que ha tenido acceso El Mundo, que "no se ha podido confirmar el vínculo laboral existente, si lo hubiere, entre las personas desplazadas a España y Neurona".
Tras analizar los trabajos aportados por el partido morado, los investigadores sostienen que existen una serie de vídeos supuestamente elaborados por personas que ni tan siquiera tienen acreditado un nexo profesional con la consultora en España. De esta forma, de haber prestado algún servicio, lo habrían hecho de forma completamente irregular.
En estos momentos el juez Juan José Escalonilla intenta determinar si el contrato suscrito entre Podemos y esta consultora mexicana, que ascendió a unos 400.000 euros, responde a trabajos realmente realizados. O si, como denunciaron los exabogados del partido, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, se trató de una contratación simulada para desviar fondos electorales. Por ahora, considera indiciariamente acreditado que al menos una parte sustancial de esos trabajos contratados con fondos que tenían una procedencia pública no se llevaron a cabo. En concreto, aquellos que tenían por objeto la cobertura de los referidos comicios generales.
La Policía Judicial arguye que entre el escaso material aportado por Podemos y Neurona para intentar acreditar la realización de servicios por importe de 400.000 euros figuran una serie de nombres de supuestos trabajadores de la consultora, habitualmente contratada por dictaduras latinoamericanas. Entre ellos, los de Liz Valdés, Carlos Alcázar, Jezs Lora, Martín Moya y Orlando González. Nombres que, como subraya la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), son "coincidentes con las personas que dice Neurona que son sus trabajadores". No obstante, y como también quedó ya acreditado en el procedimiento judicial que investiga estos hechos, la filial de Neurona creada en España que firmó el contrato con Podemos, Neurona Comunidad, nunca tuvo dado de alta ningún empleado.
Así lo certificó esta última ante el juzgado, que también puso a disposición del mismo los extractos bancarios de la compañía, que solo revelan las comisiones pagadas al gestor e importantes desvíos de fondos a una sociedad pantalla ubicada en una barriada de la localidad mexicana de Guadalajara denominada Creative Advice Interactive Group.
Investigación
Ahora, el magistrado ha encargado una auditoría de los trabajos presentados por Podemos y Neurona, apenas medio centenar de vídeos, para calcular el coste real de los supuestos servicios realizados en comparación con los fondos públicos que fueron otorgados a la consultora chavista. En cualquier caso, y a falta de la realización de la pericial, estos hipotéticos servicios habrían sido llevados a cabo por trabajadores que no tenían regularizada su situación laboral en España.
Las pesquisas judiciales se siguen por un delito de malversación de caudales públicos, pero la Fiscalía ya ha subrayado en un reciente informe que la investigación se extiende ya a la posible financiación irregular del partido político que lideraba Pablo Iglesias. Tras denunciar estos hechos, los abogados Calvente y Carmona fueron expulsados de la formación.
