El inspector jefe de la Policía Manuel Morocho aseguró al juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Kitchen, Manuel García Castellón, que la cúpula de la Policía del Gobierno de Mariano Rajoy rechazó investigar en marzo de 2015 los indicios descubiertos hasta ese momento de las actividades ilegales del excomisario José Manuel Villarejo. Según este agente, en esa fecha ya se disponía de información sobre que podía estar cometiendo delitos de blanqueo de capitales con sus empresas, según consta en la declaración del agente, que fue el máximo responsable policial de la investigación policial de los casos Gürtel y Bárcenas.
Morocho, quien declaró como testigo del caso Kitchen el 21 de febrero de 2019, aseguró que el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, renunció a estudiar un informe que él había realizado sobre Villarejo, que se basaba en la información facilitada por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), que alertaba sobre las actividades de las empresas del excomisario.
Este agente elaboró el dosier en marzo de 2015, cuando fue destinado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, puesto que compaginó con la jefatura de la investigación del Grupo 21 de la Unidad Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre el origen de la fortuna del extesorero del PP Luis Bárcenas.
"Lucha contra ETA"
El que fuera jefe de gabinete y hombre de confianza de Eugenio Pino, José Ángel Fuentes Gago, justificó el rechazo a investigar las sociedades de Villarejo, según el testimonio de Morocho en la Audiencia Nacional, en donde declaró: "Me dijo que era un tema de sociedades que se crearon en una época política anterior, vinculadas a una dinámica de lucha contra ETA", destacó el inspector Morocho, quien fuera máximo responsable del Grupo 21 de la UDEF, que se encargó de investigar la financiación irregular del PP.
Fuentes Gago había sido elegido para investigar el patrimonio de Villarejo, que había salido a la luz gracias a una información publicada el 10 de marzo de 2015 en El País, en la que se aseguraba que este excomisario participaba en 12 sociedades con un capital de 16 millones de euros.
Sin embargo, la conclusión del brazo derecho de Eugenio Pino fue que no había que abrir un expediente disciplinario al excomisario. No fue hasta que en noviembre de 2017 la Fiscalía anticorrupción interpuso una querella contra él, que la Audiencia Nacional decretó su ingreso de forma provisional en la prisión de Estremera (Madrid), en la que permanece todavía.
En su declaración de 21 de febrero de 2019, Morocho lamentó que sus superiores no hubieran hecho caso de sus pesquisas: "Me dieron un asunto en relación a la operativa de un comisario de la Policía Nacional, concretamente el señor Villarejo. Un documento del Sepblac desgranaba una serie de circunstancias. Pero no pude explicar lo que había obtenido sobre el mismo", dijo este inspector jefe.
Blanqueo de capitales
"Yo analicé el documento [del Servicio de Prevención del Blanqueo] e hice un esbozo del blanqueo", prosiguió el agente, quien ante la pregunta del fiscal Miguel Serrano sobre si pensaba que Villarejo podía haber cometido blanqueo de capitales contestó: "Si, efectivamente, [...] se producían una serie de elementos indiciarios que apuntaban a que se estaban generando unas estructuras societarias, unas operaciones inmobiliarias y unos flujos de dinero, algunos en efectivo, y se utilizaban territorios que eran considerados no cooperantes en materia de información financiera".
También pudo comprobar, según su declaración, que el excomisario había creado "estructuras empresariales holding en las que se ponían como personas titulares de las acciones a terceros", como si fueran fiduciarios o testaferros.
Villarejo estaba detrás
Morocho, con fama de exhaustivo entre sus compañeros de la Policía, también lo fue al contestar al representante del ministerio público acerca de otros indicios de delito que detectó en las empresas de Villarejo. Y de forma literal, dijo: "Realmente quien estaba detrás de la estructura era una persona, el comisario objeto del informe [Villarejo]".
En conclusión, según explicó este agente, la cúpula policial no quiso investigar a Villarejo, pese a que "existían una serie de elementos que, puestos en común, como por ejemplo transferencias de fondos desde el exterior justificadas en unos préstamos a personas físicas que luego se cancelan con entregas de inmuebles, daban lugar a que desde el punto de vista del blanqueo se pudiera conceptuar como operaciones de riesgo".
