La política española se ha visto salpicada esta semana por el pacto, a espaldas del resto de España, del PSOE con Junts para repartir 4.400 niños y niñas migrantes menores de edad por todas las regiones. Como peaje para contentar a las fuerzas independentistas que sostienen a Pedro Sánchez en Moncloa, la Comunidad de Madrid ha salido gravemente perjudicada.

En total, Moncloa enviará a la capital 700 menas, lo cual elevaría la cantidad de personas atendidas por la red de asistencia a casi 1.000 en apenas tres meses de año. Esto, sumado a los 2.442 que fueron asistidos en 2024, ha convertido la situación en insostenible.

Sin saber cuántos llegarán de golpe, cómo lo harán o en qué condiciones, Madrid se enfrenta a uno de los retos migratorios más importantes de su historia. Empieza una batalla por defenderse y, al mismo tiempo, acoger a todos ellos acorde a la ley.

Con los centros de acogida saturados y sin recursos estatales a su alcance, Vozpópuli entrevista a Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, para que nos explique cómo se han vivido los últimos días en Sol y cuál es la hoja de ruta a seguir tras el pacto migratorio firmado a escondidas. 

Pregunta: ¿Cómo recibieron la noticia del acuerdo a escondidas de PSOE y Junts para enviarles 700 menores no acompañados más a la Comunidad de Madrid?

Respuesta: Lo primero que recibes es la incredulidad de cómo se ha materializado algo que, evidentemente, nosotros sabíamos por qué ya el Gobierno había anunciado esta imposición. Pero es la incredulidad de que al final esto se haya gestado tratándose de personas y de un traslado de menores desde fuera de nuestro propio país en manos también de una persona que ahora mismo es un prófugo de la justicia y que está decidiendo la gobernabilidad del presidente del Gobierno por siete votos.

Te cuesta creer que esto suceda de esa manera, que sea un partido ajeno a la gobernabilidad de España que maneja al Gobierno de España como marionetas, que además es un partido independentista, quiero decir que no está pensando en España y está actuando en contra de la unidad de España también a la hora de tomar estas decisiones. Y sobre todo, lo más duro es ver que se trata de traslados de menores de edad, que es una moneda de cambio absolutamente política.

P: En 2024, atendieron a 2.442 menas. Ahora, 700 más. ¿Es viable?

R: No, absolutamente no. Nosotros hemos alertado durante toda esta crisis migratoria que ya dura un año y medio, hemos alertado en varias ocasiones al Gobierno del tensionamiento de nuestros centros, de la saturación que tenemos. En determinadas ocasiones, el Gobierno ha hecho caso de lo que les trasladábamos desde la Comunidad de Madrid, por ejemplo incorporando visados de tránsito en el aeropuerto de Madrid-Barajas, que es la mayor llegada que nosotros hemos recibido durante este año y medio.

Entonces, durante temporadas más cortas esta llegada se ha ralentizado un poco, pero es verdad que la llegada ha ido creciendo, con lo cual hemos tenido que incorporar más recursos al sistema de protección. Eso, por un lado, no es viable. Por otro lado, y porque la llegada, dentro de que ha sido muy masiva, ha sido progresiva.

Y poniendo esos avisos, como digo, se han ido paliando las llegadas en cierto modo. En este caso no sabemos todavía cómo va a operar el Gobierno, pero si fuese un traslado de tantas personas en un momento puntual, pondría absolutamente en riesgo y te diría que hasta en crisis todo el sistema público de protección de menores.

Porque en ese sistema público de protección de menores hay muchos menores con diferentes circunstancias y características, y con un equipo de profesionales que tiene que trabajar con esos menores, con sus perfiles y familias, que también en el sistema público de protección hay menores que residen en nuestro país.

Tampoco sabemos cuál es la situación documental que tienen esos menores ahora mismo, con lo cual no sabemos si, como el Gobierno ha hecho en otras ocasiones, trasladará también a mayores de edad, que luego meterá como menores. Eso es una operación que hace bastante el Gobierno, aunque lo niegue. Y eso pone en riesgo el sistema público de protección, mezclar menores con mayores. Entonces sería algo que sería absolutamente inviable.

P: ¿Ustedes no han recibido ningún tipo de información ni de cuándo van a llegar, ni de cuántos a la vez van a llegar, para poder adecuar o ampliar algunos centros?

R: No hemos recibido ninguna información. Es más, la información que nosotros hemos solicitado se nos ha denegado por parte del Gobierno de España. El mismo lunes tuvimos una conferencia sectorial de inmigración y en primer lugar no se nos quiso informar sobre la delegación de competencias a Cataluña en materia de seguridad e inmigración.

Y en segundo término, ni se mencionó por asomo que este acuerdo ya estaba firmado en Waterloo, que es lo que supimos. El lunes por la noche se negoció y se anunció el martes por la mañana. Nosotros salimos de esa conferencia sectorial el mismo lunes a mediodía. Entonces, pues toda esa información se nos ha denegado.

Igual que se nos ha denegado incorporar, cuando se anunció que se iba a imponer este reparto obligatorio a las Comunidades Autónomas, en alguna conferencia sectorial todas las CC. AA. hemos trasladado al Gobierno que queríamos participar de esta decisión. Es algo que el Gobierno de España, Pedro Sánchez, te genera un problema, pero luego te lo traslada y ya es tuyo. Entonces, veremos a ver.

Pero si va a ser nuestro, desde luego lo que queremos saber es cuáles son los criterios. ¿Por qué han cambiado los criterios por la puerta de atrás? Por ejemplo, criterios acordados por unanimidad por todas las autonomías que han permitido que se produzca un sistema en el que todos acojamos de forma solidaria, excepto Cataluña, que en la última conferencia sectorial de reparto se abstuvo.

Todas las Comunidades Autónomas, insisto, hemos sido solidarias en un reparto en el que compartimos los mismos criterios porque se aprobaron por unanimidad. Y ahora nos han cambiado los criterios por la parte de atrás sin explicarnos que, evidentemente, esto tiene una explicación puramente política, como he dicho antes.

Entonces, nosotros, como hemos ido haciendo en esta crisis migratoria, si nos vemos obligados, e insisto porque es un reparto obligatorio atender a todos esos menores, tendremos que incorporar nuevos recursos, claro.

P: ¿Qué financiación reciben por parte del Estado para la manutención de todos estos menores? ¿Y para la adecuación de centros de primera acogida?

R: Nosotros en el año 2023 aceptamos un reparto de 34 menores y recibimos 1,9 millones de euros. Y en el año 2024 aceptamos el reparto de 30 menores y vamos a recibir, si todo va bien, porque los menores ya están con nosotros, pero no hemos recibido todavía el importe, 1,6 millones de euros.

Hay que decir que nosotros en los 2.442 menores que hemos recibido nos hemos gastado ya más de 60 millones a lo largo del 2024. Esa es la proporción. El Gobierno nos da en 2024 por 30 menores 1,6 millones, pero reparte por la puerta de atrás 2.44,2, ya que todas estas llegadas son flujos irregulares de llegadas o por falta de visados de tránsito en Barajas.

P: ¿Entonces en cuánto cifran ustedes el gasto por persona?

R: Cuando hablamos de cifras, tanto de cifras de personas como de cifras económicas, me gusta decir que detrás de cada cifra hay personas. En muchos casos son menores de edad con historias muy duras detrás, con unas presiones inmensas por parte del trabajo que hacen las mafias ya desde el origen y que, evidentemente, aquí hacen seguimiento de cuál es la situación de los menores.

Tienen muchísima presión, muchísimos niños destrozados emocionalmente y cada menor tiene una particularidad y un perfil. Nosotros no ciframos o cuantificamos las cosas como tal. Me siento muy orgullosa del sistema público de protección en la Comunidad de Madrid porque atiende a los menores según sus características.

Tenemos menores que tienen problemas de consumo de sustancias, tenemos problemas de salud mental, tanto niños nacidos en España o menores nacidos en España como menores extranjeros no acompañados con discapacidades graves o enfermedades graves. Algunos menores tutelados y, evidentemente, cada menor tiene una cifra detrás, pero a mí no me gusta hablar de cifra.

Sí que es verdad que cuando el Gobierno te impone ciertas cosas, evidentemente, tendría que ir acompañado de una financiación justa y yo traslado estos 60 millones, más de 60 millones que nos hemos gastado en 2024 en atender a los menores no acompañados porque el Gobierno en el Real Decreto pone 100 millones para 4.500 menores.

A Sánchez no le importan los menores, solo le importa mantenerse en el poder e intentar sacar cualquier otra cuestión a colación que no sea la de su propia corrupción.

P: ¿Contemplan pedir la prueba de edad a estos 700 menores tras lo ocurrido en Aragón?

R: Bueno, la prueba de minoría de edad se hace a todos los menores que presentan dudas y que no tienen evidentemente una documentación, que es lo que sucede en algunas ocasiones que son menores que vienen sin documentación y plantean dudas visuales y siempre se hacen.

Nosotros, evidentemente, como decía al principio, ante cualquier duda siempre solicitamos la prueba de minoría de edad porque, como digo, un mayor de edad no debe estar en un centro de menores. Por eso, también nosotros le hemos dicho en reiteradas ocasiones al Gobierno de España que no traslade menores que planteen dudas hasta que no se certifique que son realmente menores porque pone en riesgo a los menores del centro.

P: ¿Reciben de los macrocampamentos del Gobierno central en Carabanchel y Alcalá de Henares actualizaciones semanales sobre el número de personas que acogen?

R: La información la recibimos con cuentagotas, y solo recibimos la información del número de personas que en ese momento están ocupando. La última información que tenemos, además, es de que hay una sobreocupación de plazas. Más de 1500 plazas en cada uno de los campamentos.

Creo que también en la última o la penúltima publicación nos trasladaron, que aumentaban las plazas. En la primera reunión que mantuvimos, el entonces ministro Escrivá nos dijo que iban a ser trasladas personas que iban a estar muy poco tiempo en nuestro país, que venían muy sanos y que no iban a permanecer en nuestro país ni a precisar ningún tipo de atención.

Ha pasado un año y pico desde aquel octubre y en esos campamentos, evidentemente, se ha requerido bastante más atención de la que el ministro nos trasladó, y luego lo que sabemos de las personas que han pasado por ahí es que están un tiempo reducido y luego los abandonan a su suerte. Qué tipo de trato es ese de un Gobierno que se dice progresista tratando a las personas como si fuesen paquetes y luego dejarlos tirados en la calle sin ningún tipo de futuro.

P: El PSOE se jactó de humanizar el acuerdo, poniendo como ejemplo los refugiados ucranianos que se acogieron durante la guerra. Sin embargo, en Fuenlabrada no quieren más menas. ¿Esto cómo se explica?

R: El alcalde de Fuenlabrada ya nos enseñó su doble faceta hace tiempo cuando solicitamos habilitar ese espacio en su municipio. Fue un "yo por la mañana soy progresista y por la noche soy un poco xenófobo", y siempre lo que hemos visto desde entonces es señalar a esos menores y decir que no los quiere.

También ha salido a colación el secretario general del PSOE en Madrid, el señor Óscar López, rechazando que los menores vayan a Fuenlabrada. Entonces, bueno, pues es la doble moral de siempre, que nos intentan inculcar una moralina de solidaridad cuando Madrid, evidentemente, no tiene que contar cómo es porque Madrid es ejemplo de región de acogida y solidaria.

P: Al margen de los menores que reciben del Gobierno central, decenas de ellos entran por Barajas a través de rutas aéreas. ¿Van a continuar exigiendo visados de tránsito al Ejecutivo para sus países de origen?

R: Vamos a seguir exigiendo al Gobierno todo lo que sea luchar contra la inmigración ilegal. Nosotros inmigración sí, pero inmigración ilegal no, y vamos a seguir luchando y peleando al Gobierno que pida los visados de tránsito, pero también que pida ayuda a Frontex para proteger nuestras fronteras.

Que dejen, además, de animar a las mafias a seguir trabajando traficando con estas personas. Sánchez, con lo que está haciendo ahora, no olvidemos que es el último transportista de las mafias. Esto no acaba aquí, esto es un efecto llamada para esas mafias que están esperando a ver qué paso da el gobierno de España con Junts de la mano.

P: ¿Estamos viviendo la mayor crisis migratoria del siglo XXI en España?

R: Desde luego lo que estamos viviendo es la peor política migratoria en todo este siglo, la más temeraria que es la del Gobierno de Pedro Sánchez, y la más inaudita. Seguimos viendo cosas que nos cuesta creer cómo este último anuncio en el que se gesta un acuerdo que tiene que ver con personas más allá de las fronteras de España de la mano de un prófugo de la justicia por 7 votos.

P: Por último, el proyecto de las 40 nuevas residencias que van a construir. ¿En qué estado se encuentra? ¿Cómo se explica el veto del PSOE a sus Ayuntamientos para que torpedeen la entrega de terrenos a la CAM?

R: El estado en el que estamos es ya con los pliegos, y el proyecto de la primera de ellas que va a estar en el barrio de las Rosas, en el distrito de San Blas. Esa va a ser la primera, ya hemos solicitado al Ayuntamiento de Madrid la cesión formal de otras 11 parcelas que luego pasarán al estudio de viabilidad, pero que en primera instancia técnicamente son aptas y pasarían a este estudio de viabilidad.

Estamos estudiando otras parcelas de otros municipios ya tenemos a 85 alcaldes que se han interesado por este proyecto, entre los que también hay alcaldes socialistas. Algunos directamente también han ofrecido parcelas en esa respuesta. Luego ha llegado la indicación del nuevo secretario general del PSM, que entiendo que también sigue las indicaciones de Pedro Sánchez, que es perjudicar a Madrid y no importarle cuáles son las necesidades para atender a los mayores una población que envejece cada vez más.

No todo el socialismo está en contra, porque te decía que hay algunos alcaldes que nos han ofrecido parcelas, pero es que donde gobiernan ellos tienen este modelo de colaboración público-privada a gala. Te invito a que veas noticias de Comunidades Autónomas donde, por ejemplo, el propio presidente Emiliano García-Page elogia el modelo de colaboración público-privada.

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