El 'caso del ático' del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González languidece en Estepona (Málaga) por la falta de cooperación de Panamá y de otros los países en los que presuntamente se podrían haber cometido los delitos vinculados a la supuesta mordida, en forma de dúplex de lujo en Estepona (Málaga), que habrían recibido el político madrileño y su mujer, Lourdes Cavero.
Durante toda la instrucción, que se inició hace siete años, han sido innumerables los problemas que ha sufrido la investigación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 5 de Estepona, cuyas comisiones rogatorias han protagonizado numerosos errores que se han traducido en retrasos continuos.
El último problema en este sentido se conoce gracias a una providencia dictada el 14 de enero por el juez Eloy Marfil Gallardo, que sustituye a Isabel Conejo, y con ello se convierte en el tercer instructor de la causa, por la que también pasó la sustituta Mariana Peregrina. La juez Isabel Conejo desempeña ahora una plaza de juez de adscripción territorial en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, en la provincia de Málaga.
Casi tres años
En la mencionada resolución de 14 de enero, el nuevo instructor se dirige a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, para interesarse por el motivo por el que el Juzgado no ha recibido la respuesta a una comisión rogatoria que fue enviada hace casi tres años a Panamá, en concreto el 4 de mayo de 2016.
La resolución del juez de Estepona pone de manifiesto también que el Juzgado tampoco ha recibido una respuesta satisfactoria a una solicitud de información realizada en 2017, en la que la entonces instructora interpelaba a la Agencia Tributaria sobre datos de Ignacio González.
Tampoco el juez tiene sobre su mesa las respuestas a las preguntas que su antecesora dirigió, en 2017, al empleado de Bankinter que se encarga de las relaciones del banco con el Servicio Ejecutivo de la Comisión Nacional para la Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).
Esta nueva cadena de retrasos que sufre la causa se conoce justo después de que la representación legal de Ignacio González y de Lourdes Cavero, pero también la de Enrique Cerezo, solicitaran el archivo de la investigación, al considerar que la segunda prórroga acordada por el juez había expirado el 27 de octubre de 2018.
Y por eso los imputados, que aluden al apartado 6 del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya redacción actual fue promovida por el anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, ahora empleado de la Fundación del Atlético de Madrid, y por tanto de Enrique Cerezo, pretenden que el nuevo juez cierre de forma definitiva la causa.
Enrique Cerezo
Precisamente, en relación a la petición de archivo, la Fiscalía anticorrupción ha enviado un escrito al juez, fechado el 8 de enero de 2019, en el que antes de dar su opinión sobre la petición de González reclama la traducción de diferente documentación procedente de Estados Unidos.
La Fiscalía quiere que se traduzcan datos procedentes de Estados Unidos sobre las empresas que primero compraron y después alquilaron el dúplex a la mujer de Ignacio González
El ministerio público quiere tener toda la información sobre las empresas de EEUU que compraron el dúplex de lujo, y que poco después alquilaron a un precio más bajo que el del mercado inmobiliario Lourdes Cavero e Ignacio González.
Los extrabajadores de Telemadrid despedidos en el ERE, que ejercen la acusación popular en la causa del ático, consideran que el inmueble podría ser una dádiva de Enrique Cerezo entregada al expresidente de la Comunidad de Madrid, a quién acusan de haber favorecido al presidente del Atlético de Madrid.
57 millones
Estas conclusiones se refuerzan después de que esta semana la Cámara de Cuentas publicara un informe en el que concluye que el Gobierno de Esperanza Aguirre e Ignacio González habría provocado unas pérdidas de 57 millones de euros al comprar los derechos del fútbol del club presidido por Cerezo y el Getafe CF.
En concreto, la Cámara sostiene que La sociedad que crearon en 2007 Telemadrid y Caja Madrid para explotar los derechos televisivos del Atlético y del Getafe "perjudicó económicamente" a los dos socios, porque acabó perdiendo 57 millones, y "benefició a los equipos de fútbol", según un informe de la Cámara de Cuentas.
