El denominado por la Fiscalía anticorrupción "consorcio criminal" que infectó a la Policía, compuesto por el presunto cabecilla, José Manuel Villarejo, y sus compañeros Enrique García Castaño y Carlos Salamanca, entre otros, cultivó sus vínculos con políticos, periodistas y jueces para "buscar impunidad", según indica un escrito del ministerio público del "caso Tándem', que sirvió para que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional volviera a imputar al comisario Salamanca.
El documento, al que ha tenido acceso 'Vozpópuli', pone de manifiesto que los fiscales están convencidos de que los integrantes del que califican como "clan policial mafioso" que durante décadas "infectó" a la Policía, querían obtener influencias "en el marco de la política nacional de seguridad; sobre cargos públicos o personas que desempeñan su función en la esfera política, en los medios de comunicación social o en el ámbito de la Administración de Justicia" para tratar de "obtener la impunidad de su actuación delictiva".
Empezando por el ámbito de la Administración de Justicia, las grabaciones descubiertas en la casa y en la oficina de la empresa de Villarejo (Cenyt) muestran, efectivamente, que el comisario jubilado y su clan policial tenían contactos en el mundo de la judicatura.
Juez decano
El comisario, en prisión provisional desde noviembre de 2017, utilizó su supuesta "amistad" con el que durante trece años fue decano de los jueces de Madrid, José Luis González Armengol, para convencer a sus clientes VIP de que tenía influencias en el sistema judicial, según se desprende de una de las grabaciones incluidas en el sumario de la 'Operación Tándem'.
El propio González Armengol reconoció a este diario que se reunió con Villarejo, quién le había pedido información sobre una investigación vinculada con el 'caso Pujol'.
En otra grabación, esta de 2005, el comisario García Castaño anuncia que va a participar en una comida con el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que esa semana abandonaba el Juzgado para irse a Estados Unidos por un periodo de nueve meses.
Las grabaciones del comisario Villarejo muestran también sus importantes vínculos con la prensa. En varias ocasiones el cabecilla de la trama anuncia su intención de hacer filtraciones a diferentes periodistas para favorecer o perjudicar a otras personas. Villarejo llegó a disponer de un blog en el que publicaba informaciones comprometidas.
En cuanto a los políticos, los audios hechos públicos por Moncloa.com también demuestran que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, acordaron con Villarejo encargarle trabajos a cambio de dinero.
En este sentido, la investigación ha descubierto, hasta el momento, que Villarejo participó en la denominada 'Operación Kitchen', en la que la cúpula policial de Interior trató de robar al extesorero del PP Luis Bárcenas las pruebas de la existencia de la caja B de la formación conservadora.
'Operación Cataluña'
A Villarejo también se la acusa de haber iniciado la denominada 'Operación Cataluña', en la que investigó a líderes nacionalistas de esta comunidad, como por ejemplo al expresidente catalán Jordi Pujol Soley.
Otra grabación, adelantada por 'Vozpópuli', muestra cómo una persona del entorno del PP, a quién García Castaño denomina "Fernández", les encarga una investigación sobre las pesquisas que desarrollaba en esos momentos la Policía sobre miembros del partido durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La actividad delictiva de Villarejo y su "clan", explican los fiscales, se inició "como mínimo" en 2005. Y esta actuación, y por tanto "su peligrosidad", se incrementaba a medida de que, "con abuso de su condición de comisarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), logran acceder a cargos de especial relevancia para la seguridad pública y del Estado", completa el mencionado escrito del ministerio público.
"Varias amenazas"
Y como ejemplo del 'modus operandi' del clan policial, el ministerio público explica que Villarejo, a quien considera el "más activo y preponderante de la organización", ha lanzado varias acusaciones: "Al objeto de lograr su impunidad, con la utilización de información privilegiada y sensible a la que ha tenido acceso como comisario destinado en la Dirección General Operativa (DAO), o de la información obtenida paralelamente y de modo ilícito al prestar servicios para clientes privados con abuso de su condición policial".
El último de los amenazados es el actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a quien Villarejo ha enviado una carta desde la cárcel en la que le informa de que va a revelar, para defenderse, los motivos por los que, según él, está siendo presentado ante la opinión pública como "el enemigo público número uno del país".
"Señor presidente, en mi defensa no tendré más remedio, de forma inminente (...) que explicar por qué se ha permitido que se amenace a determinados jueces de la Audiencia Nacional con datos de su intimidad para que dejen de investigar temas que afecten al CNI", advierte el excomisario en su misiva dirigida a Sánchez.
Actuación delictiva
Esta forma de actuar, prosiguen los fiscales, permite establecer "un alto nivel de riesgo derivado de su permanente actuación delictiva", en referencia a José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, para los cuales el comisario Carlos Salamanca colaboraba activamente al menos desde el año 2005, "con el desarrollo paralelo de actividades de blanqueo de capitales; y la finalidad primordial de obtención continuada de beneficios económicos", dice el escrito.
Según la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, se le abrió un expediente disciplinario tras ser imputado y que quedó suspendido provisionalmente.
En octubre pidió una jubilación y ésa es la situación en la que se encuentra, pero si fuera condenado, aseguró, su suspensión provisional pasaría a definitiva y tendría que devolver las cantidades percibidas de más por su jubilación.
