Cuesta recordar un Consejo de Ministros tan rebosante de carteras -22- y, a la vez, tan impotente. El caos político impide a su presidente, Pedro Sánchez, arrancar el curso con una ley o proyecto estrella a sabiendas de que cualquier recorrido legislativo es en estos momentos un drama para la coalición que gobierna España. Ni tan siquiera el decreto ley puede sacarle las castañas del fuego.

Y es que el examen de la convalidación se antoja complicado con el actual equilibrio en el Congreso de los Diputados. El cónclave semanal de ministros y ministras se reúne este martes tras el parón estival. Fuentes del Ejecutivo de alto nivel avanzan a Vozpópuli que no se aprobará nada de gran trascendencia. A Moncloa le cuesta marcar la agenda. "No habrá nada de relumbrón", explican estas fuentes.

Lo cierto es que la mayoría parlamentaria que dio su confianza a Pedro Sánchez hace aguas. Nada, al menos a día de hoy, permite atisbar acuerdo alguno para sacar adelante grandes proyectos, como la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Y ojo, porque la legislatura depende de la aplicación del concierto económico catalán que el PSOE prometió con ERC a cambio de investir a Salvador Illa.

Esta medida ha sido y promete seguir siendo mucho más contestada que la Ley de Amnistía, que tampoco termina de carburar ni de beneficiar a su gran destinatario, el expresidente Carles Puigdemont. No solo tiene en contra a algunos de sus principales socios -Izquierda Unida, Chunta y Compromís rechazan el cupo, y hay división en Podemos, Sumar y el BNG-, tampoco cuenta con la unanimidad de su propias filas, con dirigentes como Emiliano García-Page, Adrián Barbón, y figuras como Josep Borrell y la 'vieja guardia' cargando contra el pacto de marras.

El texto firmado por Moncloa ha revuelto el panorama político español. Hace semanas que el Gobierno trabaja con la idea de prorrogar de nuevo los Presupuestos Generales del Estado. Ese es el otro gran problema de Pedro Sánchez: la incapacidad de lograr aprobar la ley más importante de tofo ejecutivo. Todo ello pone a los socialistas ante un endiablado otoño, con sus independentistas en pleno debate interno.

Tanto ERC como Junts afrontarán sendos procesos para renovar sus liderazgos y sus cúpulas internas. Y en Moncloa ya se ha encendido la alarma. Será difícil que ambos partidos se alineen de nuevo en el Congreso y más aún subsumidos en diatribas sobre el futuro del secesionismo. Pero el Gobierno no parece estar preocupado, ya que considera las cuentas del ejercicio 2023 -actualmente en vigor- suficientemente expansivas y alineadas con las políticas progresistas. El problema es que no podrá articular ni una sola más si Puigdemont decide "volar todo", como explican algunos socialistas, preocupados por el devenir de la legislatura.

Por el momento, el equipo de propaganda del Gobierno se está encargando de horadar la estrategia del PP de hacer frente común con sus barones para atacar el pacto fiscal. Moncloa desliza que el pacto con Cataluña no es exclusivo y cada autonomía podría acogerse a sus diferentes singularidades. Con ello, el Gobierno lanza la idea de que los populares que presiden comunidades (11) pueden acordar con el PSOE. De esa manera, Sánchez espera debilitar a su adversario.

Pero casi nadie dentro de Ferraz cree que la estrategia sea efectiva. Es más, se ve casi como un farol. Un barón socialista, en conversación con este diario, no cree que el Gobierno vaya a dejar tirados de esa manera a los socialistas que subsisten en la oposición en estos territorios. "No lo veo nada. Sería tremendo", explica. El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) Ángel de la Fuente ha estimado el coste para todo el Estado de ese modelo confederal: entre 31.000 y 62.000 millones de euros adicionales.

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