La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha reconocido que el Gobierno no derogará la LOMCE por completo, a pesar de que el borrador de la reforma que prepara su Ministerio contiene una disposición donde se señala la derogación de la también conocida como 'Ley Wert', según ha explicado este miércoles en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso, donde ha comparecido a petición de los grupos de la oposición.
Según ha asegurado Celaá, el anteproyecto en el que trabaja el Gobierno pasa por derogar "jurídicamente" la Ley de mejora educativa y así acabar con los aspectos más "controvertidos" de esta norma. ¿Cómo? Modificando 93 artículos de la Ley Orgánica de Educación (LOE), ley anterior a la actual impulsada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Entre otras medidas, la 'Ley Celaá' propone incorporar la perpectiva de género en las aulas de manera transversal y resta peso a la asignatura de Religión y los centros concertados, además de dejar en manos de las comunidades autónomas la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular. "Nos limitamos a modificar los aspectos más controvertidos que la LOMCE introdujo en la LOE, sin perjuicio de que se hable, desde una perspectiva jurídica, de la derogación completa de la LOMCE", ha apostillado.
Enmienda contra la reforma de Celaá
Celaá, que ha defendido "el aprendizaje del castellano con la presencia adecuada de las lenguas propias de cada comunidad", ha señalado que la reforma de la ley educativa "hará hincapié en la necesidad de que todo el alumnado termine la ESO con el nivel adecuado en la capacidad de expresarse tanto en castellano como en las lenguas cooficiales". Y ha destacado que el sistema descentralizado "ha tenido y sigue teniendo en la actualidad más ventajas que inconvenientes para un sistema educativo de calidad".
La portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, ha anunciado que su formación presentará una "enmienda de devolución" a la reforma educativa en la que trabaja el Gobierno al entender que se trata de "una provocación" con tintes "ideológicos" para la que no se ha contado con el "consenso" de la comunidad educativa.
