Después de dar carpetazo a más de la mitad del caso Máster y tras la negativa del Supremo a investigar a Pablo Casado ante unos indicios de delito que ella creía suficientes, la jueza ha conseguido hoy cerrar el círculo con el procesamiento de Cristina Cifuentes y el archivo de la causa sobre Carmen Montón.
La magistrada Carmen Rodríguez-Medel ha dado este miércoles uno de sus últimos pasos como instructora en este caso que, después de acumular una veintena de investigados en sus diferentes piezas, ha acabado con cuatro procesados a las puertas del banquillo por un delito de falsedad documental.
Uno de ellos es la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, sobre la que pesan indicios de que no defendió su trabajo de fin de máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en 2012 y de que promovió que las "posibles irregularidades" del mismo fuesen ocultadas mostrando un acta falsificada.
De tres a seis años de prisión
La juez cree que pudo incurrir en ese delito, penado de entre tres a seis años de prisión, como también lo hicieron presuntamente el exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Álvarez Conde, la profesora Cecilia Rosado y la exasesora de Cifuentes María Mateo Feito, todos ellos procesados.
Todos ellos participaron, según la juez, en la falsificación del acta de defensa del trabajo de fin de máster (TFM) de la expresidenta a raíz de que estallasen las supuestas irregularidades que sobrevolaban el posgrado que cursó en 2011-2012.
Y quien tuvo un papel protagonista, dice la magistrada, fue María Teresa Feito, entonces asesora de Cifuentes, que urgió a Álvarez Conde para que creara o diera instrucciones para crear los documentos que justificaran que la expresidenta había cursado el máster "con normalidad".
Fue ahí cuando el catedrático Álvarez Conde, que tenía un "control absoluto" sobre el máster y el Instituto que dirigía, pidió a la profesora Cecilia Rosado que creara una supuesta acta de defensa del TFM. Ella se inventó la fecha, el título del trabajo y la composición del tribunal, y falsificó la firma de dos profesoras como miembros del mismo.
E incluso la pidieron, en este caso Feito, que redactara el propio trabajo de fin de máster, pero Rosado, cuya confesión ha contribuido en el impulso de la investigación, se negó.
Fin a la instrucción
Todo ello lo refleja la juez en el auto en el que pone fin a la instrucción, sin perjuicio de que su decisión pueda ser recurrida y de que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie aún sobre el archivo que dejó fuera a la mayoría de los investigados de la causa.
Una decisión, la del archivo, tomada a raíz de que el Tribunal Supremo rechazase investigar al líder del PP Pablo Casado por los delitos de prevaricación y cohecho impropio en relación a las supuestas irregularidades de su máster cursado en 2008.
Aunque el alto tribunal no descartó que Casado hubiese recibido "un trato de favor", consideró que no había indicios que demostrasen "un acuerdo previo o simultáneo" con los responsables del máster ni de que hubiese hecho alguna aportación relevante "que pueda valorarse como cooperación necesaria" a un presunto delito de prevaricación.
La negativa del Supremo a investigar a Casado supuso que todos los imputados por los mismos delitos se cayesen de la causa, quedando solo la falsedad documental por la que ahora Cifuentes está procesada.
Y precisamente también son los mismos delitos -cohecho impropio y prevaricación- los que una denuncia anónima le atribuyó a la exministra Carmen Montón por otro máster que cursó en la URJC, cuya causa -independiente del caso Máster- hoy ha archivado la jueza.
Así lo pidió la Fiscalía "al no quedar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna" en la exministra de Sanidad, de forma que, como Casado y gran parte de los que estuvieron imputados en el caso, Montón, que tuvo que dimitir por las presuntas irregularidades de su máster, también ha quedado fuera de la investigación.
