El Pleno del Congreso ha aprobado este martes el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para poder investigar al portavoz de la antigua Convergència (CDC), Francesc Homs, por la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, cuando era conseller de Presidencia de la Generalitat.
La solicitud ha salido adelante por 248 votos a favor, 91 en contra y ninguna abstención, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. Tanto el debate como el resultado de la votación han tenido lugar a puerta cerrada.
Eso sí, PP, PSOE, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias habían anunciado su voto a favor, mientras que Unidos Podemos, Esquerra (ERC), PNV, la antigua Convergència (ahora Partit Demòcrata Europeu Català), Compromís y EH Bildu tenían decidido votar en contra por considerar que lo que se quiere abrir a Homs es un "juicio político" por el mero hecho de sacar las urnas a la calle para que los catalanes votaran.
En el debate a puerta cerrada, el presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, el diputado del PP Leopoldo Barreda, ha defendido la propuesta oficial de conceder el suplicatorio que pide el Tribunal Supremo, como se viene haciendo en todos los casos de los últimos 25 años, pues así se asegura que no hay ni impunidad, ni indefensión.
En su defensa, Francesc Homs ha asegurado que volvería a hacer lo que hizo porque en su opinión poner urnas no puede ser nunca un delito y ha avisado de que avalar el proceso judicial será un "acto de debilidad" del Congreso. Su intervención ha recabado los aplausos de ERC, PNV y En Comú, entre otros.
Según han dado a conocer algunos diputados en las redes sociales, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha negado que sea un juicio político y que, aunque no se alegra de la situación de Homs, no desea un país en que la gente no pueda ser juzgada.
Y si fuera un delito sexual
Desde En Comú aseguran que, en un momento dado, Girauta llegó a decir que si alguien comete un delito sexual, la inmunidad no se puede convertir en impunidad, una comparación que ha sido considerada "un insulto" por el portavoz de En Común, Xavier Domènech.
El político catalán de Unidos Podemos-En Común ha pedido también crear en el Congreso una comisión específica para tratar el problema catalán y donde todos puedan poner sus propuestas sobre la mesa abiertamente para solucionarlo mediante la política y no con ingeniería jurídica.
El PP y el PSOE, por su parte, han preferido evitar el debate político y se han centrado en discurso jurídicos y procedimentales para justificar el apoyo al suplicatorio.
Una vez que el Pleno ha avalado despojar del fuero parlamentario a Homs, se abre un plazo de ocho días para que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, comunique esta decisión al presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.
A partir de ahí, el Supremo podrá investigar al diputado independentista que, según el instructor del Supremo, Andrés Palomo, pudo haber incurrido en delitos de desobediencia y de prevaricación con la organización de la consulta soberanista y por los que podría ser condenado a penas de inhabilitación para empleo o cargo público.
Una treintena de suplicatorios
Con el de Homs, el Congreso ha aprobado 31 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.
Los tres anteriores suplicatorios que salieron adelante permitieron juzgar a tres diputados del PP --Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte-- que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.
Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendia y Antxon Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.
