Cataluña celebró el 9 de noviembre de 2014 el primer referéndum unilateral de independencia. Lo convocó, a finales de 2013, Artur Mas. Lo hizo bajo el paraguas de 18 informes, la adhesión de más de 3.000 entidades que se habían adherido al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y una ley de consultas catalanas que recibió un amplio apoyo en el Parlament. Aunque se trató de un referéndum consultivo sin validez legal, ante la imposibilidad de obtener el permiso necesario por parte del Gobierno central y los recursos del Tribunal Constitucional, el del hace diez años fue el germen de todo lo que vino después: Junts pel Sí, el referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia.
Ahora, una década más tarde, con un presidente de la Generalitat socialista y un Parlament sin mayoría independentista, la Cámara catalana conmemorará ese aniversario con un acto institucional que cuenta con el apoyo del PSC. Cabe recordar que, en su momento, después del rechazo por parte del Congreso de los Diputados a otorgar el permiso necesario al Parlament para convocar la consulta, los socialistas catalanes unieron sus votos a los de CiU (ahora Junts), ERC, ICV (ahora Comuns) y la CUP para aprobar la ley de consultas que lo hacía posible. La ley obtuvo el apoyo de 106 de los 135 diputados del Parlament.
Aunque apoyaron dicha norma, en la votación parlamentaria, el PSC manifestó que la Ley de Consultas Populares no Refrendarias y de Participación ciudadana no amparaba legalmente la "consulta" convocada por Artur Mas y prevista para unos meses más tarde. Por su parte, el entonces portavoz de CiU y ahora presidente del Parlament, Josep Rull, afirmó que la ley encajaba "plenamente en la Constitución y en el Estatut". Algo que no consideró de la misma forma el Tribunal Constitucional, que declaró como ilegal la consulta.
Con un acto institucional
Pese a la ilegalidad de los hechos que se cometieron en 2014, condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal de Cuentas, aunque amnistiados posteriormente por parte de Pedro Sánchez, el Parlament conmemorará el décimo aniversario de aquel primer desafío al Estado con un acto institucional. Así lo acordó la Mesa de la Cámara, con presencia del PSC. Este mismo miércoles, según ha podido saber Vozpópuli, se han remitido las invitaciones a las 135 personas que formaban parte del parlamento autonómico durante aquella legislatura. También a los de aquellos partidos, como PPC y Ciudadanos, que intentaron frenar el golpe a la democracia.
La pregunta y el resultado
La pregunta que Mas planteó a la ciudadanía constaba de dos apartados: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado?", y "En caso afirmativo, ¿Quiere que este Estado sea independiente?". Mas, que en ese momento era el líder de Convergencia i Unió, abrazó de esta forma al separatismo para intentar planear los casos de corrupción del 3% que acechaban a su partido.
Un total de 2.305.290 ciudadanos con derecho a voto, el 37,02% de un censo electoral ficticio, participaron en la consulta votando en uno de los 1.317 puntos de votación que se habilitaron para tal efecto. El 80,76% de los participantes votó 'sí-sí' a las dos preguntas que se planteaban, otorgando así la victoria a la posición que defendía el Gobierno catalán. Un 10,07% votó 'sí-no', un 0,97% 'sí-blanco' y un 4,54% optó por votar en contra.
Condenados
La celebración del referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014 supuso la condena, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por los delitos de prevaricación y desobediencia, al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y los consejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega. Cuatro años más tarde el Tribunal de Cuentas determinó que los cuatro exdirigentes autonómicos tenían que pagar 4,9 millones de euros por el dinero público gastado en la consulta del 9-N. La amnistía aprobada por Pedro Sánchez les liberó de ambas condenas.
