España busca una fórmula jurídica junto al resto de países europeos que también reconocieron a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela el pasado 4 de febrero para dar estatus diplomático a los delegados designados por este.
A diferencia del cuerpo diplomático del régimen de Maduro, los nuevos representantes no han sido designados en el marco de la Convención de Viena, que se aplica a tratados entre Estados y no entre gobiernos.
Según explican fuentes conocedoras de la situación a este diario, el Gobierno español no quiere dar pasos en falso en la gestión de un conflicto sin precedentes en la historia moderna y busca una respuesta coordinada entre los estados miembro de la UE ante una posible "duplicidad" de presidentes y embajadores.
"Políticamente, las relaciones con Nicolás Maduro y su cuerpo diplomático están rotas, pero en términos administrativos, están igual que antes de reconocer a Guaidó", explican las mismas fuentes.
"El reconocimiento es político, pero no jurídico porque el estatus diplomático lo tendrían los que están", insisten. Por ahora, Guaidó no tiene poder Ejecutivo, ni sobre las fuerzas armadas: "Ahora mismo Maduro no está deslegitimado totalmente".
Sin hacer las maletas
Mientras que algunos embajadores venezolanos del régimen de Maduro han decidido hacer las maletas de los países que ya no reconocen al sucesor de Hugo Chávez y volver a Venezuela, como en el caso del de Honduras otros como el embajador en España se niegan a dejar su cargo.
El Gobierno busca una respuesta coordinada entre los estados miembro de la UE ante una posible "duplicidad" de presidentes y embajadores
En este contexto, la Asamblea Nacional tiene previsto nombrar a Antonio Ecarri como representante de Venezuela en España en los próximos días, pero el Gobierno no sabe cómo darle un estatus diplomático, ya que este continúa en manos de Mario Isea Bohórquez, embajador en Madrid desde 2013.
Aunque hay un "acuerdo sustancial" en cuanto a los nombramientos de representantes en los distintos países de la UE que han reconocido a Guaidó, falta concretar una fórmula conjunta que les ampare.
Convención de Viena
La Convención de Viena establece que el Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable.
Además, contempla que el Estado acreditante tendrá que retirar entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión, según proceda. Pero, si se pidiera entregar las credenciales al cuerpo diplomático de Maduro, señalan fuentes conocedoras de la situación, esto podría tener unas consecuencias de "reciprocidad" con el cuerpo diplomático español en Venezuela que deben tenerse en cuenta.
Maduro tendría derecho, y no sería ilegal, a expulsar a los embajadores y romper relaciones diplomáticas con España y suspender tratados. "Guaidó no tiene funciones ni control efectivo sobre las infraestructuras y la comunicación con el régimen de Maduro a nivel administrativo sigue efectuándose por los canales de siempre", explican.
Mientras España y la veintena de países europeos que han reconocido a Guaidó deciden qué hacen con los hasta ahora embajadores, Venezuela amanecerá un día más sumida en una crisis económica, política y social sin precedentes. Hoy celebra su Día de la Juventud y los opositores venezolanos se manifestarán para exigir a los militares que ignoren las instrucciones de Maduro y no impidan el ingreso de ayuda humanitaria.
