Entre las medidas incluidas en el plan de Pedro Sánchez para limitar la libertad de prensa (bautizado como Plan para la regeneración democrática) se encuentra la actualización de la ley de secretos oficiales. Una norma vigente desde el franquismo (1968) que permite ocultar a los españoles toda información que "pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado". Una ley "preconstitucional", como califica con insistencia Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, de la que Sánchez se ha aprovechado en numerosas ocasiones para ocultar a la opinión pública múltiples detalles sobre sus vuelos en Falcon.
Poco le ha importado al Ejecutivo de Sánchez que esta legislación viera la luz en el franquismo cuando la ha utilizado como bote salvavidas para evitar responder a las solicitudes de Transparencia y los partidos políticos para que informase sobre sus acompañantes en la aeronave militar que utilizó para viajar a Barcelona y asistir a un concierto de Joan Manuel Serrat.
Cabe recordar que aquel vuelo en Falcon entre Madrid y Barcelona generó, como adelantó Vozpópuli, tanto consumo de combustible como el de tres españoles en un año, 1.041 litros.
Entonces, el Ejecutivo no tuvo ningún problema en apelar a la ley de secretos oficiales para esgrimir que "tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma, y, en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, deben tratarse como materia clasificada con el máximo grado de protección".
En su exposición sobre el plan de regeneración democrática, Bolaños subrayaba las bondades de una necesaria reforma de la ley de secretos oficiales -que en realidad es una histórica petición de su fiel socio el PNV- aludiendo a que "es difícilmente explicable que España en 2024 tenga una ley de secretos oficiales de 1968".
Será "difícilmente explicable", pero lo cierto es que el PSOE tampoco tuvo reparos en escudarse en dicha norma -pensada para salvaguardar secretos de Estado- para ocultar en 2018 el coste del viaje y acompañantes en Falcon de Sánchez a Castellón para asistir al Festival Internacional de Benicasim (FIB). Un trayecto que obligó a abrir el aeropuerto de Castellón solo para que aterrizase el séquito del presidente del Gobierno.
Estancia en Nueva York y regreso con Begoña Gómez
Por muy franquista que sea la ley, Sánchez también acudió a ella para no dar información sobre el viaje que el presidente hizo en 2019 a Nueva York y en el que coincidió allí con su mujer, Begoña Gómez, que fue en calidad de directora del African Center del IE. La esposa de Sánchez alargó su estancia para acompañar a su marido en múltiples actos públicos (incluyendo un encuentro con Bill Gates) y después volvió en el Falcon.
El Ejecutivo socialista esquivó una vez más con la ley de secretos oficiales las solicitudes de información sobre gasto del viaje, acompañantes y agenda completa del presidente. Moncloa argumentó que se trataba de información clasificada. También aludieron a la existencia de un test de daño, que permite conocer si el derecho a la información prevalece sobre el daño público o institucional que puede hacer.
El Gobierno también ocultó este test de daño y se negó a dar ninguna información adicional en contra del criterio del Consejo de Transparencia.
Una falta de transparencia que contrasta con la que Moncloa va a demandar a los medios de comunicación con su ley de prensa, con la creación de un registro de periódicos controlado por la CNMC que incluya datos sobre quiénes son sus propietarios y qué inversión reciben.
"En todos los países democráticos, de nuestro entorno, de los que queremos aprender las mejores prácticas y las mejores políticas existen leyes de secretos oficiales. Porque los Estados han de tener una información que sea reservada, clasificada, para garantizar nuestra vida, nuestra seguridad y nuestra libertad", decía Bolaños.
Transparencia quita la razón a Sánchez
Una y otra vez, el Consejo de Transparencia ha dado la razón a la ciudadanía cuando ha solicitado información sobre los viajes en Falcon del presidente -varias decenas de veces, como ha podido comprobar este periódico-. En sus resoluciones, argumenta que los "gastos de viajes de los miembros del Gobierno constituyen información de carácter económico y se nutren de partidas presupuestarias establecidas en los presupuestos generales del Estado; es, pues, dinero público y su manejo y destino debe ser conocido por la ciudadanía".
Este, señalan, es uno de los principios que justifican la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Una norma que el Gobierno de Sánchez se salta en numerosas ocasiones, haciendo caso omiso a los dictámenes de Tansparencia.
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