El plan de retroceso democrático de Sánchez

Cuando a primeros de año Pedro Sánchez anunció su intención de poner en marcha iniciativas legislativas supuestamente destinadas a regenerar el sector de los medios de comunicación, conocer a los verdaderos propietarios de estos y evitar el uso inadecuado de la publicidad institucional, en este periódico ya anticipamos la opinión de que lo que en realidad se pretendía era ejercer un mayor control sobre la prensa, condicionar la inversión publicitaria de las administraciones a la lealtad de los medios con el poder y, en definitiva, limitar el ejercicio de la libertad de información. “Nadie hasta ahora -decíamos en un editorial publicado el pasado mes de enero- había actuado desde el poder con tanto desprecio hacia la libertad de Prensa como el que a diario demuestra el gobierno de Pedro Sánchez”.

El objetivo no es otro que el de convertir a la prensa en un poder subsidiario del poder político, en lugar de un contrapoder; mandar a profesionales y empresas periodísticas el mensaje inequívoco de que su subsistencia va a estar cada vez más vinculada a su docilidad

Lamentablemente, no nos equivocábamos. Tras la coartada de trasponer la ley europea de libertad de medios, lo que esconde el texto aprobado ahora por el Consejo de Ministros son los instrumentos ideados por el Gobierno para silenciar a los medios más críticos mediante la asfixia económica y el endurecimiento del Código Penal en lo que se refiere a los delitos relacionados con la libertad de expresión. “El que haya presuntos medios promovidos por agitadores profesionales -decíamos en enero-, y que al amparo del fárrago y el amarillismo imperante en las redes sociales han alcanzado cierta notoriedad, u otros que han convertido la coacción en uno de los fundamentos de su éxito, de ningún modo justifica la disparatada reclamación de los socialistas”. Nos reafirmamos.
Un disparate, este de ahora, al que, en un premeditado revoltijo, acompañan otras medidas (como las sanciones a los diputados y senadores que no cumplan con la obligación de hacer pública su declaración de bienes) que son el envoltorio con el que se pretende desviar la atención del objetivo esencial: convertir a la prensa en un poder subsidiario del poder político, en lugar de lo que debe ser, un contrapoder; mandar a profesionales y empresas periodísticas el mensaje inequívoco de que su subsistencia va a estar cada vez más vinculada a su docilidad. Y este es un aviso que concierne a todos, no solo a las cabeceras más modestas. La creación de un registro público de medios, la elaboración de una nueva ley del secreto profesional o las modificaciones de las leyes del derecho al honor, del derecho de rectificación o las normas que se prevén para “garantizar el pluralismo” (sic), no están destinadas a ser, en estas manos, sino herramientas de control y coacción.
No digamos ya si para conseguir el apoyo de los cuatro diputados de Podemos Sánchez se pliega a la exigencia de que se apruebe una ley que obligue a los presentadores y directores de programas a realizar una declaración de intereses, como si sus nóminas fueran abonadas por el erario público y no por la iniciativa privada. Más no lo descartemos, porque del desprecio del Ministerio de Propaganda Sanchista, no a la libertad de los periodistas, sino a la libertad a secas, acabamos de tener una lóbrega muestra en estos días, cuando el Confidencial destapaba la campaña de desprestigio contra jueces y periodistas en la que el PSOE viene trabajando desde hace meses y que pone de manifiesto la debilidad y el nerviosismo de un Gobierno que definitivamente ha renunciado a la mínima decencia. Una operación que en cualquier democracia avanzada ocasionaría el cese inmediato de sus promotores y que aquí se utilizará para atizar el odio a los medios independientes y a sus profesionales.

Entre otras cosas, se trata de impedir que las once comunidades y los grandes ayuntamientos en manos del Partido Popular repartan, como les parezca oportuno, la publicidad institucional que gestionan

El texto presentado hoy por Félix Bolaños dice que "se hace necesario fijar límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios esencialmente impulsados por o dependientes de administraciones públicas". Una idea quizá defendible si Sánchez la hubiera planteado antes de las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2023, en las que el PSOE perdió casi todo su poder territorial. Hoy, tal propuesta tiene otra traducción para nada relacionada con este nuevo ímpetu regenerador: hay que impedir que las once comunidades y los grandes ayuntamientos en manos del Partido Popular repartan como les parezca oportuno la publicidad institucional que gestionan.
Si no estuviéramos en presencia de un déspota, decidido a ser él quien defina qué es un medio de comunicación y qué no, y el Ejecutivo estuviera presidido por un verdadero demócrata, algunas de las propuestas que hoy hemos conocido quizá podrían ser discutidas y mejoradas. Los que no tenemos nada que ocultar, como es el caso de Vozpópuli, somos los más interesados en colaborar a que los ciudadanos tengan herramientas suficientes para distinguir el activismo y la propaganda del buen periodismo. Pero no es esto lo que busca el Gobierno. El plan de regeneración anunciado, tras seis años de pasividad, solo obedece a las urgencias de un personaje acosado por escándalos que afectan a su núcleo familiar, nunca desmentidos, y que en una dictadura, por ejemplo, la venezolana, nunca habrían sido conocidos por la opinión pública. Un plan que, mediante el incremento de la polarización social y el enlodamiento de la política, lo que persigue es sortear los efectos de una fragilidad parlamentaria que convierte en inviable la legislatura, salvo postergación del Parlamento (ya insinuada) y neutralización de la prensa crítica.

El plan de regeneración anunciado, tras seis años de pasividad, solo obedece a las urgencias de un personaje acosado por escándalos que afectan a su núcleo familiar, nunca desmentidos, y que en una dictadura nunca habrían sido conocidos por la opinión pública

Nuestro editorial del 24 de enero de 2024 terminaba así: “La existencia de medios que no merecen tal nombre es únicamente la coartada elegida para activar una burda maniobra destinada a utilizar y ampliar a conveniencia el desacreditador calificativo de ‘pseudomedios’ cada vez que el Gobierno necesite una mayor dosis de auxilio frente a las críticas. Es simplemente una cortina de humo. Un pretexto. El utilizado por un obsesivo Pedro Sánchez para, como es su costumbre, asaltar por la puerta de atrás la Constitución (en este caso el artículo 20), y seguir debilitando a aquellos que no aceptamos la normalización de la manipulación y el engaño como herramientas de gestión política y vamos a seguir denunciando todos sus desmanes”. Nos reafirmamos.