El Gobierno maniobra para dilatar la entrada en vigor de la amnistía y evitar que el Supremo reviente el 9-J

Pedro Sánchez juega una partida de ajedrez y el tablero es la amnistía. El núcleo duro de Moncloa, una vez aprobada la ley de forma definitiva este jueves por el Congreso, ya maniobra para dilatar su entrada en vigor y evitar que el Tribunal Supremo reviente la campaña electoral de las elecciones europeas del 9 de junio respondiendo a una norma que algunos sectores de la judicatura consideran inconstitucional. El presidente del Gobierno tiene varios frentes abiertos -el caso Koldo y la derivada de su mujer, Begoña Gómez- y no quiere elementos desestabilizadores que le compliquen aún más una legislatura incierta.

Por eso, Moncloa, según deslizan fuentes gubernamentales, se tomará su tiempo para que la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el requisito imprescindible para que se pueda empezar a aplicar. Cuando el Congreso de los Diputados da luz verde a una ley, el Gobierno tiene un máximo de dos semanas para que el texto definitivo se publique en el BOE. La Constitución fija una serie de pasos cuyo lapso "maneja el Gobierno", según precisan fuentes jurídicas a Vozpópuli. Aunque dicho lapso nunca podrá ser superior a dos semanas. Estas fuentes analizan la estrategia del Ejecutivo para evitar una sorpresa por parte de Supremo que reviente la campaña electoral del 9 de junio.

En el Gobierno no se fían de que todo vaya a funcionar como está previsto, porque todo depende de los jueces. Las fuentes consultadas explican que el núcleo duro de Moncloa espera algún movimiento de la la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que dirige el juez Manuel Marchena, y que torpedee la aplicación de la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont. No obstante, estas fuentes no quieren especular. Pero lo que está claro es que una vez la norma esté en el BOE, arranca una nueva fase. Y el Supremo está esperando a que aparezca en el boletín de marras para hacer su movimiento.

Ahora bien, cabe recordar que una de las causas que afectan a los líderes independentistas y, de lleno, al propio Puigdemont -cuyo traje está hecho a la medida de la amnistía-, es la que sigue el juez del Alto Tribunal Pablo Llarena. Se espera que la Sala Segunda del Tribunal Supremo se pronuncie sobre la ley de amnistía en el marco de los posibles delitos de malversación, desobediencia y desórdenes públicos cometidos por Puigdemont durante el procés.

Ese dictamen de Llarena ya supondrá el primer escollo para la ley clave de Sánchez. Basta recordar que si esta perece, pondrá en jaque la legislatura y la mayoría parlamentaria del presidente, que depende los propios independentistas amnistiados, se debilitará aún más. Y, por si fuera poco, los fiscales del 1-O comunicaron este jueves al fiscal general, Álvaro García Ortiz, que el supuesto delito de malversación de Puigdemont no es amnistiable. Es más, defienden mantener la orden de detención al prófugo de la Justicia.

Pese a que el artículo 4 de la ley de amnistía dicta el inmediato alzamiento de medidas cautelares, incluyendo órdenes de detención nacionales o europeas, una vez la ley entre en vigor, es bastante probable que el Supremo plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea también sobre ese artículo, de manera que no se aplique. Y es que el Derecho europeo dice que cuando se presenta una cuestión prejudicial queda suspendida la aplicación de la ley.

Pero el magistrado del Supremo hará ese movimiento solo cuando la norma esté en el BOE. El Gobierno lo sabe y, por eso, intenta jugar con los plazos legales a su favor. De manera que Moncloa trabaja para 'retrasar' el envío de la ley a la Casa Real, donde el Rey aguarda para sancionarla. Sin ello no tendría validez alguna. Según explican fuentes parlamentarias, el texto de la amnistía recién aprobado por el Congreso definitivamente pasa primero al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige el 'triministro' Félix Bolaños.

De ahí se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Una vez que pase ese trámite, lo siguiente es que Presidencia remita el texto final -con las correcciones de erratas o datos pertinente- a la Casa Real. Una vez que el documento llegue a manos del Jefe del Estado, este deberá sancionarlo. Pero ojo, porque después un miembro del Ejecutivo debe estampar su firma. Sea el propio presidente o algún ministro. Esto ocurre porque los actos del monarca deben ser refrendados. "Quien asume la responsabilidad de la ley es el refrendatario", explican fuentes jurídicas. Todo sea porque la Justicia no dinamite la campaña de las elecciones europeas. Ni irrite a los socios parlamentarios del presidente del Gobierno.