La Junta Electoral Central (JEC) abrió el pasado 30 de octubre un expediente a Pedro Sánchez, que en aquel entonces era presidente en funciones, por usar Moncloa en la campaña electoral del 10-N. Ahora, este jueves, el órgano debate la propuesta de multa al presidente del Gobierno.
El instructor del caso, un magistrado del Tribunal Supremo, tras analizar las alegaciones del Ejecutivo, mantiene que el entonces presidente en funciones vulneró la ley electoral y propone una sanción que, según fuentes próximas al organismo, se queda cerca de los 3.000 euros, el máximo previsto, según publica ‘El Confidencial’. Si se aprobara la sanción, sería el propio Sánchez el que tendría que pagar de su bolsillo la multa aunque puede recurrirla.
Sánchez usó Moncloa en campaña electoral
La JEC le expedientó tras una denuncia del PP que consideraba que había vulnerado la ley electoral al dar una entrevista a La Sexta en el palacio presidencial. La ley electoral prohíbe, "desde la convocatoria de las elecciones hasta la celebración de las mismas, cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por las autoridades públicas".
El Gobierno de Sánchez había sido advertido varias veces por la JEC por usar las ruedas de prensa en Moncloa tras el Consejo de Ministros para vender sus logros en campaña. Debido a "la reiteración de esta conducta por parte de varios ministros del Gobierno durante este proceso electoral", apercibió a "todos los miembros del Consejo de Ministros para que se abstengan de emitir manifestaciones que vulneren el principio de neutralidad de los poderes públicos". La JEC reclamó al secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, que trasladase ese apercibimiento "a todos los miembros" del Consejo de Ministros.
Después, el entonces presidente del Gobierno concedió una entrevista a La Sexta en Moncloa. La JEC consideró que el uso de una sala del complejo presidencial no era suficiente para abrirle expediente, pero "el examen de la entrevista pone de relieve que la escenografía en la que se desarrolla, con utilización de símbolos y elementos públicos, conlleva poner al alcance de uno de los contendientes en las elecciones la posibilidad de utilizar medios institucionales que no están disponibles para los restantes candidatos, con el consiguiente quebrantamiento del principio de igualdad de armas".
La multa a la que se enfrenta Isabel Celaá
El caso, que no tiene precedentes, amenaza con ahondar más la brecha entre el PSOE y la JEC. Además, la ministra de Educación, Isabel Celaá, también se enfrenta a otra multa, aunque de una cantidad menor, cuando era portavoz en funciones.
En su caso se le ha abierto expediente porque después del Consejo de Ministros valoró los últimos datos del paro con llamadas electoralistas: "Vamos a seguir trabajando para conseguir que este país tenga el Gobierno fuerte que se merece, un Gobierno que sabe trabajar en equipo y que aspira a conseguir la estabilidad que el país necesita".
Por su parte, Moncloa ha alegado que otros presidentes, como Mariano Rajoy, también usaron el Palacio de la Moncloa para entrevistas como ocurrió en 2016. El PSOE denunció que Rajoy había grabado un vídeo electoral en Moncloa. Sin embargo, esta vez la JEC dio la razón al Ejecutivo del PP porque en el vídeo, grabado ante una ventana sin que se pudiese identificar el lugar, "no se aprecian signos externos que permitan relacionarlo con ninguna institución o poder público". También señala que no solo el presidente es responsable de esa entrevista.
