"Los Parlamentos han evolucionado positivamente en sus niveles informativos, aunque todavía tienen asignaturas pendientes que cumplir". Esa es la principal conclusión que saca Transparencia Internacional de su segundo índice sobre la transparencia de los Parlamentos (IPAR 2016), que ha presentado este martes en Madrid. La institución ha calibrado las prácticas de las 17 Cámaras autonómicas, el Congreso y el Senado en base a una serie de criterios y ha aprobado a todas, situando a la Asamblea madrileña a la cabeza en transparencia (con una nota de 100, máxima calificación posible) y al Parlamento andaluz a la cola (63'1).
El estudio ha trabajado con 80 indicadores y concluido con una nota media para el legislativo español de 82'2, bastante superior a la que arrojó el anterior, realizado en 2014 (64'1). Esta vez no hay ningún suspenso, cosa que sí ocurría hace tres años (Murcia, Canarias y Baleares quedaron por debajo del 50). El Parlamento canario ha dado un salto muy significativo, al pasar de la antepenúltima posición a la segunda. Ahora, aparecen en la cola junto a Andalucía las autonomías de Aragón (64'4) y Baleares (66'9). En lo alto de la tabla, tras la comunidad madrileña, están la citada de Canarias (98'8) y la de Castilla-La Mancha (98'1).
"Los Parlamentos van dejando de ser unas instituciones algo lejanas a los ciudadanos, descendiendo de esa cierta 'cúspide' en la que se les consideraba con sus altas tareas legislativas, para ir acercándose a los Parlamentos abiertos y más cercanos a la sociedad, que es lo que actualmente demandan los ciudadanos", recoge el texto.
Sin embargo, el organismo hace una llamada a la autocrítica del poder legislativo. "Todo lo que no sea llegar a 100 en la calificación nos defrauda un poco. Tenían que llegar todos al 100% de transparencia, el resto es insuficiente a nuestro modo de ver y a los que deben ser los objetivos", ha declarado Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España y encargado de presentar el informe. Y es que, ha explicado Lizcano, antes de hacer el estudio enviaron los criterios a evaluar a todos los Parlamentos, dejando dos meses de plazo para mejorar las deficiencias y luego proceder a la valoración final: "Nuestro objetivo es que mejoren, se acerquen al 100, no conseguir titulares negativos".
