Una pinza aprieta a Pedro Sánchez. Un extremo lo agarra Carles Puigdemont y, el otro, Arnaldo Otegi. Ambos tienen en común, además de querer segregar a Cataluña y al País Vasco de España, aprovecharse de la debilidad parlamentaria del presidente del Gobierno. Basta echar un vistazo a los hechos de las últimas 48 horas para darse cuenta. Primero, fue el expresidente catalán, quien, en una comparecencia este miércoles, recordó a Sánchez que no puede gobernar "como si tuviera mayoría absoluta".
Y, después, fue Arnaldo Otegi. El líder de Bildu dio orden a dos de sus diputados en Madrid, Jon Iñarritu y la portavoz, Mertxe Aizpurua, de anunciar un pacto con el PSOE para reformar la ley de seguridad ciudadana con el fin de quitarle autoridad a los agentes de la Policía, así como limitarles el uso de las pelotas de goma y meter mano en las devoluciones de inmigrantes irregulares para hacerlas acordes a los derechos humanos.
Los abertzales consiguieron su botín, ya que ambas eran líneas rojas teóricamente infranqueables para el Gobierno, como ha expresado el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en multitud de ocasiones. Pero Pedro Sánchez necesita que los abertzales le apoyen en el Congreso el plan de control mediático. Y ha decidido pagar el peaje. El problema del sorpresivo anuncio es que el núcleo duro del Gobierno no sabía que se iba a anunciar. Tampoco el propio Grupo Socialista, que llevaba "mucho tiempo" conversando con Bildu sobre este tema, según fuentes gubernamentales.
La situación se ha vuelto insostenible en las filas socialistas; sin capacidad para controlar el relato político. Altos cargos del Ministerio del Interior ni si quiera sabían el contenido de la negociación. Todo apunta al responsable directo de las relaciones del Ejecutivo con los grupos parlamentarios: el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y, en última instancia, a su jefe, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Teóricamente, el secretario de organización socialista, Santos Cerdán, debería haber estado al tanto. Pero su situación interna de debilidad, con un presumible recambio en el horizonte, le tiene tiene en entredicho.
Justo cuando el presidente del Gobierno anuncia una lluvia de 4.500 millones en subvenciones y cerca de 50.000 millones en préstamos para Pymes del Plan de Recuperación, sus socios salen a la palestra para contar que Sánchez ha vuelto a ceder y que son ellos, en realidad, quienes manejan la política del Ejecutivo. Eso es lo que ocurrió este jueves. Puigdemont, menos simbólico y más de palabras, lo dejó claro. Por eso, llamó a sus diputados a "salir de los cuarteles de invierno". El expresidente catalán pidió a Sánchez interlocución directa y dejarse de intermediarios.
Puigdemont se siente excluido (y goleado). No ha digerido bien que la presidencia de la Generalitat la ostente el socialista Salvador Illa, a quien señala por beneficiarse de su política en Madrid. Ni tan siquiera el juego de la huida el día de la investidura de Illa parece haberle levantado el ánimo, porque ve intolerable aún no se le haya aplicado la amnistía.
Puigdemont no está dispuesto a rendirse. Y cada día que pasa sin ser amnistiado es más factible que deje caer a Sánchez. Hace ya semanas que le está empezando a enseñar el camino: cada vez más sintonía con el PP en las votaciones en el Congreso y dos bofetones con la senda de déficit. Y, aunque lejos de formar una mayoría absoluta alternativa a la que llevó a al líder socialista a Moncloa, el presidente del Gobierno debería tomar nota. Lo impepinable es que en la decisión de Puigdemont sobre la el futuro de la política española influirá, inevitablemente, el devenir de la amnistía, que no tiene asegurada, ya que será el Tribunal Constitucional el que termine dirimiendo sin fecha en el horizonte.
En cualquier caso, y tras la última cita en el extranjero entre el expresidente catalán y el PSOE, todo parece indicar que la legislatura seguirá encallada con un bloqueo legislativo importante que ya ha llevado al Gobierno a sufrir hasta 34 derrotas parlamentarias y aprobar tan solo cinco leyes y siete decretos. La llave del caos la tiene el expresidente catalán. Puigdemont, en efecto, decidió tumbar la senda de estabilidad presupuestaria del Ejecutivo para recordar a Sánchez que le domina. Y parece estar dispuesta a tumbarla de nuevo. Aunque se abra ahora a exprimir más al Gobierno, que también está dispuesto a dejarse exprimir. Sus siete escaños son la clave de bóveda de este segundo gobierno de coalición.
Ante ese escenario, en el PSOE se empieza a vislumbrar la posibilidad real de que la salida de la legislatura del callejón sea una nueva convocatoria de elecciones. Moncloa, no obstante, confía en poder evitar la llamada las urnas. El núcleo duro del presidente sabe que un adelanto electoral debe obedecer a un criterio de beneficio político. Y en estos momentos, con Sánchez acorralado, no es buena idea concurrir a unos comicios. Moncloa lo sabe y, por eso, prefiere surfear en el mar de lo casi imposible.
