Publicado: 25/09/2024 04:45
Moncloa negocia con Carles Puigdemont más concesiones a Cataluña, al margen del cupo pactado con ERC, para estirar la legislatura. Fuentes gubernamentales aseguran "ver margen" para modificar la senda de déficit que el Ejecutivo retiró este martes del trámite parlamentario con el fin de ganar tiempo de negociación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está usando las concesiones presupuestarias como arma en plena mutación independentista. Esa es la ventana de oportunidad que ve para continuar la apariencia de normalidad legislativa. Tanto ERC como Junts viven procesos precongresuales que dirimirán su rumbo y dirección este otoño.
Como ya contó este diario, en el Gobierno admiten que intentarán influir en los congresos políticos de sus principales aliados independentistas en el Congreso. Y con esa clave hay que leer el hecho de que Moncloa decidiera retirar la senda de déficit, que se iba a votar este jueves en la Cámara Baja. Aunque tampoco es que al Gobierno le sobre mucho tiempo, precisamente.
Si Moncloa no logra que se apruebe la senda de déficit antes de finales de octubre, las consecuencias serían muy serias para la planificación fiscal. La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que la senda de déficit debe aprobarse como paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en las Cortes. Sin esta aprobación, el Gobierno no puede avanzar con la tramitación de unas nuevas cuentas públicas.
En ese escenario, si el plazo vence sin la aprobación de la senda de déficit, la única opción viable para Sánchez sería prorrogar los presupuestos vigentes -los de 2023- con la senda que se aprobó cuando se les dio luz verde. De hecho, esas cuentas serán las que se mantendrían en vigor hasta que se llegara a un hipotético nuevo acuerdo.
En Moncloa, en cualquier caso, no se esconde el plan: dar por amortizado el procés matando las direcciones independentistas y rupturistas de ERC y de Junts. La última gran estocada ha sido la presidencia de la Generalitat para el socialista Salvador Illa tras sellar un pacto fiscal que, sobre el papel, saca a Cataluña del régimen común de financiación autonómica y entrega la totalidad de la gestión y la recaudación de los tributos, a excepción de una cuota solidaria que no se detalla.
Ahora, Sánchez parece dispuesto a aprovechar la envidia a Junts y Junts parece dispuesto a aceptar el diálogo para exprimir al Gobierno y obtener un rédito político también de cara a su particular congreso, en el que Puigdemont tiene muchas papeletas de ser reelegido. Y eso que su encaje político es complejo. Basta comprobar cómo Illa ha descartado borrarle de la ronda de encuentros que está manteniendo con los todos los expresidentes de la Generalitat vivos.
Los socialistas salieron, aparentemente, apesadumbrados de su última cita con Puigdemont en Suiza el pasado viernes. El expresidente catalán explicó que sin amnistía para él no hay legislatura posible para Pedro Sánchez. Pero si ahora se abre a negociar para no tumbar la senda de déficit es precisamente porque puede seguir obteniendo rédito de la asfixia constante a la que tiene sometido al presidente del Gobierno.
El expresidente Puigdemont está cabreado con el ascenso a la presidencia de la Generalitat del socialista Salvador Illa. No le ha sentado nada bien el pacto entre Moncloa y ERC. En las últimas semanas ha alcanzado popularidad la expresión del "3-0". Una referencia futbolística para sintetizar la humillación que le ha provocado que los socialistas gobiernen la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Estado. Puigdemont se siente excluido (y goleado). Ni tan siquiera el juego de la huida el día de la investidura de Illa parece haberle levantado el ánimo, porque ve intolerable que aún no se le haya aplicado la amnistía.
Pese a que el PSOE pudo lanzar a la delegación de Junts mensajes de tranquilidad respecto a que el Constitucional tiene en estos momentos una mayoría con una clara afinidad a la política socialista, lo cierto es que Puigdemont no se fía. El Gobierno sigue dando por descontado que el tribunal de garantías, presidido por Cándido Conde Pumpido -próximo al PSOE-, corregirá al Supremo porque "no hay por dónde agarrar que hubo malversación".