El Euskadi Buru Batzar (EBB), la dirección del PNV, decidió este jueves no presentar enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018, para dar vía libre a su tramitación parlamentaria, aunque hasta que no supere el debate de totalidad el jueves 26 de abril, "no iniciaremos la negociación propiamente dicha", aseguran a Vozpópuli fuentes de ese partido.
Sus cinco diputados son cruciales a fin de que las cuentas públicas sigan adelante, pero tanto Foro Asturias como Unión del Pueblo Navarro (UPN) -partidos satélites del PP-, así como el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, han decidido elevar la presión sobre el Ejecutivo anunciando que apoyarán las enmiendas de totalidad de otros grupos.
Eso significaría tumbar los presupuestos y, pese a que ni el PNV ni La Moncloa se creen esas amenazas, según reconocen a este periódico fuentes gubernamentales, tampoco quieren propiciar "una subasta al alza" en el momento más delicado para su aprobación final por la situación en una Cataluña en la que rige el 155, que los nacionalistas vascos rechazan.
El Gobierno está dispuesto a acabar con el 'peaje' eléctrico que pagan las siderúrgicas vascas, 100 millones más que sus competidoras de otras comunidades
Cuando el jueves 26 se supere el debate de totalidad -UPN se ha dado de plazo hasta el viernes 27 para negociar mejoras en Navarra- y el Presupuesto 2018 empiece a ser debatido partida a partida en comisión, el PNV se sentará con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Quiere reclamar al Ejecutivo diversos aspectos entre los cuales figura, según diversas fuentes, el fin del llamado peaje eléctrico que pagan las empresas pesadas (siderúrgicas) vascas, entre 50 y 100 millones de euros más en el recibo anual de la luz que sus competidoras de otras comunidades autónomas.
La Moncloa está dispuesta a ello, pese a las reticencias del ministro de Energía, Álvaro Nadal, fundadas en el expediente que tiene abierto la Unión Europea desde febrero por una denuncia que presentó al respecto en Bruselas el Sindic de Greuges (Defensor del Pueblo) de Cataluña.
La UE tiene abierto un expediente, a instancias del Defensor del Pueblo de Cataluña, contra el fin del 'peaje' porque perjudica a miles de empresas de esa comunidad
El expediente pone en cuestión el acuerdo presupuestario que alcanzaron PP y PNV antes de que se paralizara la tramitación de los Presupuestos 2018 por la crisis política en Cataluña y la aplicación de 155.
Se acordaba suprimir la tarifa 6.1b, que es la que pagan las empresas para tensiones entre 30 y 36 kV. Eso supone para 170 de las 200 principales empresas vascas, pasar de pagar 26,42 euros el megavatio/hora a pagar 14,97. Esta modificación beneficiarán también a las empresas de Navarra, Andalucía, Cantabria o Asturias.
Pero no las catalanas, ya que el cambio de tarifa energética no contempla su aplicación en el tramo de tensión de 25 kV, en el que ellas están incluidas. Según denuncian, la decisión de no incluir en el acuerdo a las empresas que están en redes de 25 kV mantendrá el sobrecoste aproximado de 200 millones de euros al año para 3.277 firmas catalanas que a principios de junio de 2017 presentaron su queja al Síndic, que luego la elevó a Bruselas.
El desbloqueo significa también una partida sustancial de los 3.800 millones acordados en 2017 para unir por AVE las tres capitales vascas entre sí y todas ellas con Madrid
Además del peaje, el desbloqueo presupuestario 2018 va a permitir consignar la partida anual para el AVE vasco, la "Y" griega que va a unir por alta velocidad Bilbao, Vitoria y San Sebastian, y las tres capitales con Madrid.
El año pasado se destinaron solo 380 de los 3.800 millones del acuerdo de inversión plurianual para que la obra esté finalizada en 2023; si el presupuesto es finalmente devuelto en junio, se volvería a paralizar la inversión y la obra
