¿Con qué disposición acudirá el PP a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de cuatro de los doce miembros del Tribunal Constitucional (TC), fuera de mandato ya en ambos casos? "Con el PSOE de Pedro Sánchez con ninguna... no nos fiamos", responde a Vozpópuli una persona del entorno de Pablo Casado.
Vamos, que "no parece que vaya a haber negociación a corto plazo", añade; ni aún cuando se produjera la investidura el 19 de diciembre y el nuevo Gobierno echara a andar la semana siguiente. Esta fuente viene a confirmar que el PP no va a facilitar al Ejecutivo de coalición entre socialistas y Podemos, apoyado por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la más mínima posibilidad de alterar un equilibrio en los órganos judiciales que ahora es favorable a los conservadores; particularmente en el TC, que es el tribunal de garantías llamado a validar en última instancia cualquier reforma del Estatuto catalán.
La reforma de la Carta Magna (1978) sin el concurso del PP es imposible, porque se necesita una mayoría reforzada en las Cortes, explica otra fuente, y Sánchez lo sabe. Por eso, pretende aplacar al independentismo con una reforma del Estatuto de 2006 retomando aspectos que la sentencia del TC tumbó en 2010. Para eso solo necesita mayoría absoluta en las Cortes, como cualquier ley orgánica, y luego se sometería a referéndum solo en esa comunidad.
El principal partido de la oposición teme volver a ser "marginado" por Sánchez, como hizo Zapatero en 2006, de la reformas de un estatuto tan importante para España como es el de Cataluña
No es el "derecho de autodeterminación" que reclama ERC, pero el PP vería de máxima gravedad que se le vuelva a marginar en la reforma, teniendo en cuenta, dice, que el actual conflicto en Cataluña es consecuencia de aquella reforma que se empeñó en aprobar José Luis Rodríguez Zapatero "marginando" al principal partido de la oposición y cediendo ante las posturas del independentismo.
Todo ello derivó en un posterior recurso ante el TC que, pese a la aprobación previa del texto por parte de los catalanes en referéndum, declaró inconstitucionales posteriormente catorce de sus artículos abriendo una larvada crisis de legitimidad que está en el trasfondo de los referéndum ilegales de 2014 y 2017, la posterior declaración de independencia del 27 de octubre de aquel año y la huida del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el encarcelamiento y condena del resto del Govern.
Por eso, el principal partido de la oposición considera estratégico no ceder en la renovación del TC; y. previsiblemente -va en bloque- en la del CGPJ y su presidente, Carlos Lesmes, que también lo es del Tribunal Supremo y lleva un año con el mandato caducado.
Toca renovar en el TC a Andrés Ollero, ex diputado del 'ala dura' del PP y garantía para los populares de que cualquier sentencia sobre la reforma del Estatut será más 'sensible' a su visión de España
En el Constitucional, su presidente, el conservador Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca (progresista); y los magistrados Andrés Ollero (conservador) y Fernando Valdés (progresista) concluyeron su mandato hace un mes, el siete de noviembre. Ese mandato lo ha sido solo de solo siete años y unos meses -fueron elegido el 20 de julio de 2012- porque, aun cuando el mandato de los magistrados del TC es de nueve años -artículo 19.3 de la Constitución- a los nuevos se les descuenta el tiempo de retraso en la renovación de entonces: año y medio.
Y es que esa renovación la impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy después de llegar al poder meses antes y de haberse resistido a ello cuando tocaba, a principios de 2011, estando en la oposición a Zapatero. Casado ahora está en una tesitura similar al Rajoy de la oposición pero con un poderosísimo incentivo para frenar ese cambio: frenar la posible reforma del Estatuto de Cataluña pactado por PSOE y ERC; y tiene ahora en el TC un magistrado que antes fue diputado del PP -de su ala más dura-, Ollero, garantía de que cualquier sentencia sobre cualquier cambio en el estatus catalán será sensible a las tesis conservadoras.
En cuanto al Poder Judicial, su mandato concluyó justamente ahora hace un año, el 4 de diciembre de 2018. Su presidente, Carlos Lesmes, ya se ha dirigido por carta dos veces a las Presidencias de Congreso y Senado para recordar a las Cortes en su conjunto que la renovación del órgano de gobierno de los jueces es "legalmente obligada".
El 'no' de Marchena
Tras la moción de censura y la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez, PP y PSOE llegaron a alcanzar un acuerdo que situaba al hoy presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, para sustituir a Lesmes al frente del Poder Judicial y, sobre todo, del Supremo.
Pero el pacto se frustró después de que Marchena renunciara al filtrarse un whasapp del entonces portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que defendía ante sus compañeros el pacto con el PSOE porque permitiría controlar la Sala de lo Penal del Supremo "desde detrás". Y tanto socialistas como populares declinaron la reforma.
Ahora parece mucho más complicado que se retome esa negociación. Y no solo porque PP quiera frenar la reforma estatutaria, sino porque, posiblemente, la mayoría parlamentaria de tres quintos que suma con los socialistas (210 diputados) es incompatible para los socios de gobierno de Sánchez, Unidas Podemos y ERC.
