Política

El PSOE pasa al ataque contra los jueces para justificar un nuevo blindaje a Puigdemont en la amnistía

Los socialistas atribuyen intencionalidad política a los togados que intentan acorralar al expresidente catalán: "Es terrible que algunos jueces tomen decisiones al albur del legislativo"

  • Carles Puigdemont (1i) y Pedro Sánchez (1d) en el Parlamento Europeo, tras el registro de la amnistía. -

El PSOE da un paso más en su hoja de ruta de la amnistía. Ferraz se lanzó este lunes a criticar abiertamente los movimientos de "algunos jueces", en referencia a los togados Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, y Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que abrió la puerta a una investigación a Carles Puigdemont por la trama rusa que conecta el procés con Moscú y que podría acarrearle, en caso de que el juez encuentre indicios suficientes, un delito de traición. Y ese, precisamente, es uno de los delitos excluidos de la ley de amnistía.

"Es terrible que algunos jueces tomen decisiones al albur del legislativo", sintetizan fuentes socialistas. Y añaden: "Los tiempos de la judicatura están empíricamente alineados con los del legislativo. Cada vez que el Legislativo mueve ficha, un juez mueve ficha". Ese movimiento y el de García Castellón, que también abrió una investigación al expresidente catalán por supuesto delito terrorismo en el marco de la causa Tsunami, "tienen un objetivo claro" según estas fuentes, que atribuyen a los togados una clara intencionalidad política.

Los socialistas critican que solo dos días después de que Junts y el PSOE pactaran la enmienda que concreta aún más la amnistía de algunos delitos de terrorismo -los que no contravengan el convenio europeo de derechos humanos y las directivas comunitarias-, el juez García Castellón, de la Audiencia Nacional, dictara un auto en el que no descarta el posible ánimo homicida de las protestas de tras la sentencia del procés. De nuevo, casualmente, esa es otra de las exclusiones de la medida de gracia cocinada entre Moncloa y Waterloo.

Junts quiere fuera a García Castellón

Ese es el motivo por el que Junts pide "apartar del caso" a García-Castellón e incluso "inhabilitarle". Los independentistas catalanes le acusan de tener una "agenda política" en vez de "una judicial". Y ahora, el PSOE, sin ir tan lejos y cuando faltan menos de 24 horas para que el Congreso de los Diputados vote la ley de amnistía, asume la tesis de que hay sectores del poder judicial que están utilizando los juzgados para torpedear los planes políticos del Ejecutivo.

Moncloa también insinuó la semana pasada el interés político de García Castellón, siguiendo la estela abierta `por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, quien cuestionó al juez de la Audiencia Nacional por tener "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles". Como ocurre en Ferraz, fuentes gubernamentales de alto nivel insinúan la intencionalidad política del magistrado, aunque en público sostengan el respeto del Gobierno a la acción de la Justicia. No obstante, estas fuentes explican que, al final, quienes van a decidir si aplican o no el delito de terrorismo en base al convenio europeo de derechos humanos y a la directiva comunitaria son los propios jueces. También el juez más temido en Moncloa: García Castellón.

De manera que el cambio en la amnistía en el tratamiento del delito de terrorismo propiciado por el Gobierno y pactado a través del Grupo Socialista con los independentistas de Junts y ERC -y que el PSOE reiteró que no se haría- no busca otra cosa que blindar aún más a Carles Puigdemont y, por extensión, al resto de casos incluidos en la causa Tsunami y también a los CDR. La idea es exonerar todos los delitos de terrorismo a excepción de aquellos que se hayan cometido de "forma manifiesta y con intención directa" causando "violaciones graves de derechos humanos".

La presión está encima del PSOE

Pero ahora la presión está encima del PSOE. El entorno de Puigdemont reconoce ya que no existe la posibilidad de negociar textos alternativos. "Se aprueba una enmienda o no se aprueba. Ya no es posible discutir puntos y comas. Por eso ya hemos tenido tiempo. Y si la ley se aprueba tal y como está, entraremos en un panorama realmente preocupante", advirtió el letrado del expresidente catalán Gonzalo Boye en una entrevista el diario digital Vilaweb.

De manera que a Sánchez no le queda más remedio que aceptar las enmiendas vivas de Junts: las que buscan excluir todo el terrorismo y el borrado de la traición. En plata: o se exonera con toda seguridad a Puigdemont o la legislatura tiene visos de terminar. El PSOE no niega que sigue negociando con Junts. Y con el "resto de actores" que tendrá que dar luz de verde a la medida de gracia (en total, 179 diputados).

El debate de este martes se prevé bronco. El presidente del Gobierno estará presente en el Congreso, aunque fuentes socialistas no precisan si intervendrá o no. Por contra, sí lo hará con toda seguridad el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El PSOE advirtió este lunes de que pondrá encima de la mesa los casos de 'lawfare' y abrirá el debate sobre los movimientos de la Justicia.

Apoya TU periodismo independiente y crítico

Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación Vozpópuli