El PSOE ha vuelto a adelantar a su gran rival por la hegemonía de la izquierda en la defensa de colectivos sociales desfavorecidos. Los afectados por la pobreza energética y el gremio de las camareras de piso -asociadas en la plataforma Las Kellys y conocidas con este sobrenombre- están más cerca de ver mejoradas sus condiciones gracias a sendas iniciativas de los socialistas, que explotan su experiencia parlamentaria y la estrategia de 'oposición útil' para cosechar logros cuantificables con los que justificar su abstención en la investidura de Mariano Rajoy. La pobreza energética y Las Kellys han sido dos prioridades de Podemos en los últimos meses, que organizó una campaña callejera para denunciar los efectos de la primera e implicó a sus principales dirigentes en las reivindicaciones de las segundas, cuyo sueldo es de 5 euros por hora.
Maniobras que, sin embargo, no han dado réditos más allá de contribuir a visibilizar esas causas. El PSOE ha aprovechado el momento para jugar sus cartas y obtener resultados contantes y sonantes. Este martes informó de que está ultimando un acuerdo con el Gobierno para prohibir “por ley” los cortes de luz a familias sin recursos, lo que supone que por “primera vez” se está planteando “una medida sectorial encaminada a la lucha contra la pobreza”. Concretamente, se trataría de cambiar urgentemente el artículo 42.1 de la ley del sector eléctrico, para lo cual se consultará a las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes del 17 de enero.
Antonio Hernando, portavoz parlamentario socialista, habló de “tregua social” para explicar la medida, un “gran paso adelante hacia una política integral de lucha contra la desigualdad”. El propio portavoz ha asumido la interlocución con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para tratar de cerrar un acuerdo que se plasmaría en breve en el Consejo de Ministros y sería convalidado a finales del mes que viene. Y que vaciaría de contenido la campaña de Podemos contra las eléctricas, causa que devolvió a Pablo Iglesias a la calle el 17 de octubre. “Nosotros no nacimos para transformar las reivindicaciones de la gente en parlamentarios que no muerden”, proclamó en aquel acto de la madrileña plaza del Dos de Mayo, primero de la larga lista de protestas en las que ha participado desde entonces -este miércoles vuelve a manifestarse en Madrid contra la pobreza energética-.
“Por primera vez se está planteando una medida sectorial encaminada a la lucha contra la pobreza”
Poco después, el líder de Podemos pidió la comparecencia en el Congreso del presidente de Gas Natural Fenosa, Isidre Fainé, para que se explicara por la muerte de una anciana en Tarragona. La mujer había fallecido en un incendio provocado por las velas con las que se alumbraba al tener la luz cortada por impago. “Es gravísimo que en España, en la cuarta economía de la zona euro, haya gente que se muera por falta de energía”, subrayó entonces el dirigente morado. La iniciativa se acompañó de concentraciones ante las sedes de Gas Natural, con un seguimiento popular muy modesto.
La comparecencia de Fainé no está en el horizonte -solo sería obligatoria para él si se abre una comisión de investigación que nadie plantea-, como tampoco ha avanzado iniciativa alguna de Unidos Podemos para combatir la pobreza energética. Su oposición de tierra quemada le lleva a tratar de diferenciarse continuamente de lo que denomina “triple alianza” (PP-PSOE-Ciudadanos), ya sea en el minuto de silencio por Rita Barberá, a la hora de votar sobre la política antiyihadista de España o planteando una reforma constitucional de máximos que pone imposible su desarrollo.
Aislamiento parlamentario
La formación morada queda al margen de la práctica totalidad de negociaciones de relieve que diariamente tienen lugar en las Cortes y sufre para adelantarse a los acontecimientos y sacar ventaja en alguna de las múltiples oportunidades que constantemente ofrece el Parlamento. El grupo está abordando ajustes internos para combatir esta situación -elaborando un reglamento, recolocando al personal asistente-, sin perjuicio de perseverar en la táctica de marcar distancias con el resto. Iglesias lo logra, y también se beneficia de la ausencia de liderazgo del PSOE -que impide a Ferraz explotar al máximo sus victorias políticas-, pero también queda recluido en una soledad parlamentaria que le impide colocarse medalla alguna.
Es la estrategia opuesta a la del socialismo, que ya arrebató a Podemos la bandera del salario mínimo cuando arrancó al Gobierno la mayor subida del mismo desde 1986. Unos días después de que se tomara en consideración una proposición de ley de Iglesias para forzar un incremento a partir de 2018, el PSOE logró que se hiciera de inmediato y en un 8%. Además, movió al Ejecutivo a rebajar una décima el objetivo de déficit de las autonomías -con los millones adicionales que eso comporta para políticas sociales-, aumentar las bases de cotización a la Seguridad Social y ganar margen presupuestario mediante reformas impositivas, no recortando el gasto.
Los socialistas arrebatan el protagonismo a Podemos en una batalla social clave, como ya hicieron con la subida del salario mínimo
La 'oposición útil' de Ferraz consiste en articular mayorías parlamentarias para iniciar la demolición de leyes emblemáticas del PP -LOMCE, Mordaza, reforma laboral- al tiempo que negocia con el Gobierno medidas concretas del programa socialista. Dentro del primer bloque y con el objetivo de que acabe en el segundo, el PSOE sumó un nuevo hito en el pleno de ayer: impulsar una reforma parcial del Estatuto de los Trabajadores para mejorar las condiciones de los trabajadores subcontratados. Medida que lanzó pensando en Las Kellys, como explicó la semana anterior Hernando, y que fue aprobada con la oposición del PP. La toma en consideración es el inicio del camino legislativo hacia la consecución plena de la reforma, que llegaría en unos meses siempre que la oposición consensúe un articulado alternativo.
En el mismo pleno, se aprobó una proposición no de ley de Unidos Podemos sobre ese mismo aspecto, de implicaciones meramente simbólicas y deslucido por completo por la PL del Grupo Socialista. También salió adelante, como estaba previsto, la iniciativa del PNV para revertir la reforma del Tribunal Constitucional que el PP lanzó para que este órgano pudiera suspender a políticos que vulneraran sus resoluciones.
