Raül Romeva será el primero de los parlamentarios presos que salga de prisión para poder acreditarse como senador en la Cámara alta. Lo hará previsiblemente el lunes 20, un día antes de la constitución de las Cortes, según adelantaron fuentes de ERC a Vozpópuli.
El reglamento del Senado exige la presencia física del parlamentario para completar la documentación que le acredite como senador y le permita tomar posesión del escaño en la sesión constitutiva, prevista para el martes 21 a las 10:00 horas de la mañana en el antiguo Salón de Plenos.
Ante lo ajustado del tiempo, desde ERC se da por seguro que el Senado pedirá a Instituciones Penitenciarias que autorice la víspera el traslado de Romeva a la Cámara alta para que pueda tramitar toda su documentación con calma.
Los otros cuatro diputados presos no tienen la obligación de ir al Congreso antes del primer pleno
El Congreso, por el contrario, no es tan riguroso en este trámite al no exigir que un electo recoja personalmente su credencial en los días previos y que lo haga una persona autorizada en su nombre. Por ello, los otros cuatro diputados presos –Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull- no tienen la obligación de ir antes a la Cámara baja para tener esa condición y poder entrar en el hemiciclo el día 21 para el acto de jura o promesa de su nuevo cargo.
El tribunal que juzga el ‘procés’ independentista en el Tribunal Supremo rechazó ayer la petición de libertad realizada por los cinco presos preventivos que han resultado electos en los comicios del 28 de abril, si bien les autorizó para acudir el próximo martes a los plenos constitutivos del Congreso y el Senado.
El Supremo indicó ayer en su resolución que los presos "deberán ser debidamente custodiados y adoptarse por la Presidencia de ambas Cámaras las decisiones oportunas para que, una vez en el interior del Salón de Plenos, pueda quedar garantizada su seguridad". El tribunal precisó que los cinco parlamentarios presos "deberán ser reintegrados, sin dilación, al centro penitenciario una vez la Presidencia de las Cámaras haya dado término a la sesión" con la que se inaugura la legislatura.
La Cámara Alta, que cuenta con una comisaría propia de la Policía Nacional, deberá por tanto decidir cómo acompañará a Romeva en el interior del edificio, si irá esposado o no, si podrá acudir a otras estancias además del Salón de Plenos donde tendrá lugar la sesión constitutiva o si podrá mantener alguna reunión política con miembros de su grupo, entre otras cuestiones. En las mismas tesituras se encuentra el Congreso con los casos de Junqueras, Sánchez, Rull y Turull.
El eventual caso de Puigdemont
Para rizar el rizo, la situación será diferente en el caso de Carles Puigdemont logre el acta de eurodiputado en los comicios del 26-M. Aunque una persona puede recoger en su nombre el acta que acredite su eventual condición de diputado de la Eurocámara, luego se exige acatar la Constitución de forma presencial ante la Junta Electoral Central, que tiene su sede en el Congreso de los Diputados.
Según el artículo 224.2 de la ley orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), en un plazo de cinco días desde la proclamación de los candidatos electos, estos “deberán jurar o prometer acatamiento de la Constitución ante la Junta Electoral Central”. Dicho trámite está previsto para mediados de junio.
Si no acata la Constitución en ese plazo, la Junta Electoral declarará vacante el escaño y su titular, o sea Puigdemont, será suspendido de todas las prerrogativas que le pudieran corresponder por razón de su cargo hasta que la acate, cosa que puede hacer en cualquier momento.
Recurrir ante la justicia europea
Si la Junta Electoral Central impide al expresident catalán tomar posesión como eurodiputado el 2 de julio en Estrasburgo, Puigdemont puede recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que vela por la aplicación del derecho comunitario en todas sus vertientes.
Para ello tendrá que plantear que la Junta Electoral Central ha aplicado de forma incorrecta el reglamento del Parlamento Europeo, a pesar de lo indicado por los servicios jurídicos de la Eurocámara, y demostrar que era posible adquirir la condición de eurodiputado sin presentarse físicamente en Madrid ante la citada instancia.
Antes de recurrir al TJUE, Puigdemont deberá agotar todas las vías judiciales en España por lo que previamente sus abogados deberán presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
