Pedro Sánchez está dispuesto a todo para salvar el 'decretazo' ómnibus tal cual fue rechazado en el pleno del Congreso la semana pasada. Aunque tras el 'no' de la Cámara, y según establece la ley, tiene que aprobar un nuevo texto para llevarlo de nuevo a convalidación.

El presidente del Gobierno está empeñado en no tocar ni una coma de su propuesta inicial, pese a que el PP y Junts le dieron portazo. Los dos partidos, el mismo dia que lo recharazon, ofrecieron al Gobierno aprobar la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte y a los afectados de la DANA por separado. Pero es a lo que se niega Sánchez, que ha cogido como rehenes a los pensionistas, a los usuarios del transporte y a las víctimas de las inundaciones de Valencia, para lograr a cambio la entrega de un 'palacete' en pleno centro de París al PNV o la subida de algunos impuestos.

Este lunes, en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, el presidente se dirigió a los suyos "con el convencimiento de que, sea como sea, vamos a aprobar el decreto tal como está". El pasado sábado, desde Tenerife, ya advirtió de que "buscaremos los votos debajo de las piedras". La última vez que expresó esa votación, con su investidura en juego, acabó concediendo una amnistía que había jurado y perjurado que era inconstitucional.

Fuentes de Junts, consultadas por 'Vozpópuli', admiten que "hemos recibido algún imput" de que "Sánchez está dispuesto a negociar". Los móviles, tanto directamente entre dirigentes como a través de terceros, sacan humo estos días. Los socialistas hace dos semanas que tienen el acuerdo para delegar las competencias de migración en la Generaitat prácticamente listo. A punto de estampar las firmas. Pero dos escollos, el de la presencia de los Mossos en las fronteras y el del papel de la Generalitat con la documentación de los extranjeros, impedían el sellado del pacto.

El presidente, consciente de que esta puede ser la única manera de ablandar a los de Carles Puigdemont, ya que la cuestión de confianza es de difícil digestión para los socialistas, se inclina por avanzar hacia esa delegación completa que, según fuentes del Gobierno, "en ningún caso supondría la desaparición de la Policía y la Guardia Civil de los puestos fronterizos", para conseguir el voto a favor de los siete diputados de Junts a su decretazo.

Aunque hace diez días en el Gobierno afirmaban que "se ha avanzado sustancialmente" respecto al acuerdo que debe permitir la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración, pensando incluso que se podría convalidar el decreto ómnibus la semana pasada cuando estaba previsto, este se llevaría a cabo manteniendo líneas rojas como el "control de fronteras" por ser materia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pero una vez más, com antes ocurrió con los indultos o la amnistía, el presidente parece haber cambiado de opinión. Sánchez, dispuesto esta vez a desautorizar al ministro que lanzó esa advertencia a Junts, Fernando Grande-Marlaska, sopesa negociar con los de Carles Puigdemont también la presencia de los Mossos en los puestos fronterizos y que la Generalitat tenga un papel en la expedición de los NIE, ambas cosas reservadas hasta ahora al Ministerio del Interior al ser consideradas políticas de Estado.

Dimisión de Marlaska

El nombre de Fernando Grande-Marlaska ha estado muy presente en la mesa de las últimas conversaciones entre el PSOE y Junts, principalmente en la que se desarrolló el lunes de la semana pasada en Waterloo (Bélgica), ya que los de Puigdemont -que había arremetido contra el ministro días antes desde Bruseleas-, exigieron a los negociadores socialistas "el cese inmediato" del titular de Interior.

En JxCat creen que el ex juez, responsable hoy de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "no puede seguir ni un minuto más en el cargo", por su papel en la infiltración de agentes en el independentismo o más recientemente por "declaraciones incendiarias" y "por bocachanclas", precisamente en lo relativo a la negociación sobre el traspaso de las competencias migratorias. "El PSOE tiene un problema con Marlaska", dicen en Junts.

Cuestión de confianza y moratoria de los alquileres

Aunque para Junts lograr el 'sí' total a lo que venían planteando hasta ahora en materia migratoria, con un discurso cada vez más duro para impedir el ascenso de Aliança Catalana a su costa, podría considerarse una gran victoria, los de Carles Puigdemont no se conforman solo con eso.

En las últimas horas la portavoz parlamentaria en el Congreso, Miriam Nogueras, ha advertido al PSOE que en la situación actual, a falta de que se avance en ese acuerdo migratorio, ellos solo apoyarían decretos individualizados que den respuesta a las urgencias como las pensiones, el transporte o la DANA. Algo a lo que Sánchez se opone. Una de las cosas que tira atrás a Junts del decreto ómnibus es, ni más ni menos, la moratoria en los deshaucios de los okupas. Se trata de una medida que no gusta a los postconvergentes.

En paralelo, y recordando a diario la desconfianza cada vez mayor en la figura de Pedro Sánchez y del PSOE por extensión, los junteros siguen insistiendo en la "necesidad de debatir la cuestión de confianza en el pleno". Lo hacen recordándole a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "quién la puso ahí, cuando ni los suyos la querían". Hasta ahora la tramitación o no de esa cuestión de confianza, que es una prerrogativa del presidente del Gobierno, había sido una línea roja para los socialistas difícil de traspasar. También era una línea roja para Junts a la hora de no ceder.

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