Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, marcó esta semana un hito en la democracia española con su declaración en el Tribunal Supremo, que lo investiga por un presunto delito de revelación de secretos tras la filtración de correos electrónicos relativos al caso de Alberto González Amador, ciudadano particular que ha salido a la palestra por su noviazgo con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y que mantiene un litigio por supuesto fraude a la Hacienda Pública. 

El último sondeo de Hamalgama Métrica para Vozpópuli desvela que una gran mayoría de españoles, casi el 70%, considera que el fiscal general debería dar un paso atrás. De hecho, se rumorea que su intención es renunciar al cargo, a lo que –especulan los mentideros políticos en Madrid- se niega el Gobierno, que le empuja a capear el temporal y resistir a toda costa. De hecho, en todo momento, tanto Pedro Sánchez como la mayoría de sus ministros han cerrado filas con él. Hasta el punto de calificarlo como el fiscal general del Ejecutivo y no del Estado. 

En su declaración ante el Alto Tribunal, García Ortiz optó por una estrategia de ataque. Para empezar, se negó a responder a las preguntas del juez Hurtado, al que no dejó de lanzarle indirectas y críticas. Según dijo, su causa “parte de una certeza que impide descubrir la verdad”. También expresó su rechazo a algunas de las decisiones que se han tomado en el marco de la investigación, como el registro de su despacho en Fortuny 4, que calificó como una invasión de sus derechos fundamentales. 

Lejos de reconocer el delito por el que la Justicia le ha puesto la lupa, el fiscal general se desvinculó de la filtración de los correos que intercambió el abogado de González Amador con el fiscal de delitos económicos de Madrid, Julián Salto. De la misma manera, negó cualquier acción para perjudicar al novio de Ayuso. 

No obstante, en los últimos días se han sucedido otras declaraciones que colisionan con el relato de García Ortiz. La más polémica, la de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que le señaló de manera directa por la filtración de los datos confidenciales de González Amador. En su declaración, narró que la mañana en la que se publicaron los correos, ella llegó a decirle: “Álvaro, has sido tú”. 

Lo cierto es que el fiscal general se encuentra en una situación más que controvertida. Todo apunta a que podría acabar en el banquillo de los acusados y la presión para que dimita va in crescendo. El pasado viernes, sin ir más lejos, trece fiscales de la Junta de Fiscales de Sala pidieron su dimisión en una carta que le remitieron directamente a él.

Su investigación, además, salpica de manera directa a la Moncloa. Especialmente desde que trascendió que el decapitado líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, llevó ante notario unos mensajes con la mano derecha de Óscar López, cuando era jefe de gabinete de Sánchez, en los que le instaba a hacer uso de los correos electrónicos del novio de Ayuso. Lo que apuntala la tesis de que hubo una operación entre ambas instituciones para erosionar a la presidenta madrileña. 

Tanto las críticas veladas a la investigación del fiscal, como las sucesivas reformas legales que se han puesto encima de la mesa para limitar la acusación particular en los procesos judiciales o facilitar el acceso a la judicatura, llevan a los ciudadanos a concluir que el Ejecutivo está erosionando la independencia de los jueces ante los casos de corrupción abiertos en los tribunales. Así lo piensa hasta un 59,8% de los encuestados. 

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