Atrás quedó el Vox que cargaba contra el Gobierno de Mariano Rajoy y su gestión para frenar al desafío soberanista catalán. Hace solo cuatro meses, el partido que ejerce de acusación popular en la causa que juzga a 12 líderes independentistas advertía de un "duro interrogatorio" al expresidente, en caso de que se aprobara su petición de llamarle a declarar en calidad de testigo ante el Tribunal Supremo. El día llegó y las preguntas no incomodaron al exlíder popular; los letrados del partido se mostraron "satisfechos" con el resultado. Los días pasaron y las preguntas de la acusación fueron disminuyendo. Tras cuatro semanas de que se iniciara el juicio del procés, así ha sido la participación del partido de Santiago Abascal:
Rajoy, del rechazo a la satisfacción
En octubre de 2018, durante la etapa de instrucción, Javier Ortega Smith, secretario general de Vox y letrado que representa a la acusación popular en el juicio cargó públicamente contra el Gobierno de Mariano Rajoy. En aquella ocasión, le acusó de presionar -a través de la Fiscalía General del Estado- a los fiscales que llevan la causa para pedir la libertad del "golpista" Joaquim Forn, en referencia al exconseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, hoy sentado en el banquillo de los acusados.
Preguntado por la veracidad de aquellos señalamientos, el letrado aseguró que no solo estaba implicado el expresidente, sino varios de sus ministros más cercanos. "Ojalá el señor Mariano Rajoy se querelle porque tendré la oportunidad de ponerle delante las pruebas", llegó a decir en una entrevista en Intereconomía.
Durante 2017, año en el que se celebró el referéndum ilegal, desde Vox criticaron reiteradamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Aseguraron que era una opción "blanda". Ellos se decantaban más por opciones más extremas para hacer frente a los secesionistas, como la instauración del estado de sitio a través del artículo 116. De cara al juicio en el Supremo, solicitaron en su escrito de acusación que el expresidente declarara como testigo en el juicio. Pidieron también interrogar a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
Los días que los tres populares comparecieron ante el tribunal había alta expectación ante las preguntas de la acusación popular tras los ya mencionados señalamientos. Finalmente, Rajoy logró 'acomodar' su discurso y defender la aplicación del 155. Fue un cara a cara sin roces, en el que el mayor punto de algidez se enmarcó en una pregunta sobre la no aplicación del 116 ante la que el exlíder del PP supo salir del paso.
Sin embargo, una vez culminada la jornada, los abogados de la acusación popular se mostraron "satisfechos" ante el interrogatorio del expresidente. Dijeron a la prensa que el que fuera máximo jefe en Moncloa durante el 1-O coincidía en tres hipótesis fundamentales de Vox: que hubo un "proceso concertado" desde el Govern de Carles Puigdemont para la "ruptura del orden constitucional"; que el independentismo desobedeció a la Justicia; y que se usó la violencia.
También se exhibieron complacidos con las respuestas de Montoro, quien confirmó sus sospechas vinculadas con la malversación de caudales públicos para el referéndum catalán. "Estamos satisfechos", dijeron aquel día. Y eso, sobre los interrogatorios que pudieron desarrollar, porque en algunos casos los letrados no han podido ni encender el micrófono.
El secesionismo contra Vox
El pasado 28 de febrero, dos exdiputados de la CUP, Eulàlia Reguant y Antonio Baños, se negaron a responder a las preguntas de Vox. Baños justificó su negativa en la "dignidad democrática y antifascista"; Reguan, por su parte, achacó su rechazo al carácter "machista y xenófobo" del partido de "extrema derecha".
Tras un rifirrafe de los diputados con el presidente del tribunal, Manuel Marchena, la Sala del Tribunal Supremo resolvió imponer multas de 2.500 euros a los dos militantes de la CUP. Por ley, ambos testigos están obligados a contestar a todas las partes del procedimiento y, en este caso, el partido político ejerce la acusación popular.
Otros testigos independentistas fueron menos extremos, pero igual de críticos con Vox. Aunque aceptaron ser interrogados por la acusación popular, dejaron claro su descontento por la presencia del partido político en el juicio del procés. Esta misma semana, el presidente del Parlament, Roger Torrent, mostró su preocupación por el hecho de que los líderes independentistas se sienten en el banquillo de los acusados y que la "extrema derecha" de Vox ejerza de acusación popular. Los acusados, por su parte, recurrieron a su derecho a no declarar a todas las partes para saltarse sus preguntas.
Ortega Smith en Bruselas
Además de los incovenientes externos, la acusación ha tenido que maniobrar algunos desajustes propios. Esta semana, tuvo que resolver alguna sesión sin Ortega Smith en el estrado. El letrado se ausentó de la vista oral para estar presente en el primer acto del partido de una sala del Parlamento Europeo de cara a las elecciones del 26 de mayo. Desde allí, clamó contra el independentismo catalán: "Cataluña es España, España es Cataluña. Sin ley no hay democracia. Bienvenidos a la resistencia desde Europa".
Desde Bruselas, Ortega Smith alertó a la Unión Europea de que hay que "ponerle coto" al secesionismo y se abanderó como el 'desenmarascador' de la "gran mentira" de los independentistas catalanes. Ese día, sin embargo, perdió la oportunidad de interrogar a una de las testigos clave para esclarecer lo que sucedió en la Conselleria de Economía aquel 20 de septiembre de 2017.
