La primera 'victoria' del Partido Popular en esta legislatura llegó en el mejor momento posible, tras una semana complicada por la erupción del caso Kitchen. Con un trabajo previo de negociación a base de videoconferencias, que venía de semanas atrás y que se intensificó en los últimos días con llamadas de teléfono, la formación de Pablo Casado consiguió romper su aislamiento parlamentario para liderar la derogación del decreto de remanentes municipales. Una dolorosa derrota para el Gobierno de coalición, que tuvo en contra a 193 diputados de ocho partidos distintos y que le complica sobremanera la próxima negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El PP abrió canales de comunicación con otras formaciones políticas que eran impensables hasta ahora. Para ello, se establecieron "dos frentes" en las negociaciones, según explican fuentes de la dirección nacional del PP a Vozpópuli. El primero fue a nivel de alcaldes y se le encomendó al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que es el portavoz de los populares en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El trabajo empezó a dar frutos el 6 de agosto con una carta consensuada por 10 alcaldes de ocho partidos distintos, entre los que estaban los ediles populares de Madrid, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza, pero también otros nada sospechosos de simpatizar con el PP como los de Bilbao (PNV), Cádiz (Podemos) o Lérida (PDeCAT). La lista de adhesiones fue subiendo hasta los 31 alcaldes de 14 formaciones diferentes, así que el Ejecutivo de Pedro Sánchez empezó a intuir que se le venía encima una ola completamente transversal.
Con la ayuda del alcalde de Granada, Luis Salvador (Ciudadanos), Azcón coordinó en las últimas semanas dos videoconferencias con alcaldes tan alejados ideológicamente como 'Kichi' González (Cádiz), Ada Colau (Barcelona), Joan Ribó (Valencia) y Juan Mari Aburto (Bilbao), entre otros.
"Lejos de estar en contra, lo que hicimos fue un documento con varios denominadores comunes a todos los alcaldes", subrayan en Génova. Básicamente, se reclamó al Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero que desvinculase el superávit de los consistorios para acceder al fondo de 5.000 millones que el Gobierno quería habilitar para que los municipios financien proyectos tras la pandemia del coronavirus.
Además, los firmantes de la carta veían claramente insuficiente el fondo para el transporte de 250 millones de euros cuando la propia FEMP, a instancias de su presidente -el socialista Abel Caballero- había reclamado al Ejecutivo que fuese de 1.750 millones.
En tercer lugar, se pidió a Montero que suspendiese el techo de gasto para 2020 y 2021, tal y como permite la ley de Estabilidad Presupuestaria de Cristóbal Montoro por motivos extraordinarios. Se esgrimió que el país está en medio de la peor pandemia en un siglo. El propio Montoro 'regresó' esta semana a la vida política para pedir a PSOE y Podemos que fuesen flexibles con la norma que el PP aprobó en tiempos de Mariano Rajoy cuando tenía mayoría absoluta.
Y en cuarto y último lugar, los alcaldes 'en rebeldía' suplicaron a Hacienda que aprobase la prórroga de aquellas inversiones financieras que son sostenibles. Para ello, era esencial que el Gobierno ampliase las posibilidades de uso del dinero con el remanente que hubiese quedado sin ejecutar o, en su caso, con el superávit que afanosamente hubieran conseguido.
De ahí la importancia de ampliar el plazo para ejecutar proyectos porque con el coronavirus se han paralizado todas las obras y procesos de contratación. Mientras que Hacienda quería imponer en qué tipo de proyectos había que poner los 5.000 millones, los citados alcaldes pedían tener las manos libres.
Las "rebajas" de Montero
Los socios de Gobiernos se embarcaron en la víspera de la delicada votación en una especie de "bazar a múltiples bandas", a base de "rebajas" en sus planteamientos iniciales. De los 5.000 millones vinculados a la entrega de remanentes, Hacienda liberó 3.000 millones de toda condicionalidad y ya sólo pedía que los 2.000 restantes siguiesen bajo su tutela. Fue la propuesta de reparto del 60%-40%, un "chantaje" a ojos del PP y con el que los siete diputados de Colau se avinieron a votar a favor del decreto de convalidación no sin pocas resistencias.
Además, el Gobierno ofreció a sus socios de investidura y otros potenciales aliados que el decreto se tramitase como proyecto de ley, una táctica ya utilizada en otras ocasiones en los últimos meses -sobre todo con Ciudadanos- y que hace que la tramitación parlamentaria sea más larga y, por tanto, pueda ser objeto de nuevas componendas. Pero en este caso, el decreto no paralizaba la 'voracidad' de Hacienda pues en unas semanas solicitaría manu militari la entrega de los remanentes. Así que este comodín a la desesperada no logró adhesiones.
Cuando a las 09:00 horas iba a empezar el debate en el hemiciclo, ya se vio que el Gobierno tenía todas las de perder. Al pleno asistieron un nutrido grupo de alcaldes del PP junto a ediles que raramente se les ve en Madrid como el de Reus, Carles Pellicer, quien se ha mantenido fiel al PDeCAT; o el de Lérida, Miquel Pueyo, de ERC.
Al final, el decreto que presentó el Gobierno sólo consiguió 156 'síes' con la suma de PSOE, Podemos y Teruel Existe, cuyo portavoz, Tomás Guitarte, emitió un voto telemático desde su casa -se recupera de un coronavirus que se ha cebado con su partido- cuando tuvo la "confirmación" de Hacienda de que había un "acuerdo a múltiples bandas" para sacar adelante el decreto con los apoyos suficientes. Una información completamente errónea y diametralmente opuesta a lo que ocurrió al final.
El PP abrió un canal de comunicación con ERC gracias a la labor mediadora del portavoz de JxCAT en temas de fiscalidad, Ferrán Bel
Lo sorprendente de las horas previas a la votación es que el PP no se quedó quieto y mantuvo contactos "directos e indirectos" con formaciones con las que no se hablaba como el PNV, JxCAT, Compromís, el partido Más País de Íñigo Errejón y otra formación progresista como Nueva Canarias.
Fue el "segundo frente" del PP y lo dirigió Antonio González Terol. La formación de Casado amarró además los votos regionalistas del PRC cántabro y del Foro asturiano, así como los de Ciudadanos, Vox y Coalición Canaria. Incluso, abrió un canal de comunicación con ERC gracias a la labor mediadora del portavoz de JxCAT en temas de fiscalidad, Ferrán Bel, quien ha cobrado protagonismo en los últimos días ya que encabeza el grupo de cuatro diputados fieles al PDeCAT.
"Con ERC nos hemos mensajeado para saber qué iban a votar. Pero la conversación se ha llevado a través del PDeCAT. Y con el PNV se ha hablado con normalidad", desvelan las citadas fuentes. Mientras, con Errejón se conversó cara a cara gracias a un "representante" del PP: "Nos llegó a decir que las formas de la ministra (Montero) habían sido tan malas, que no se podía consentir lo que habían perpetrado". Al final, el único partido que no fue sondeado por los populares fue Bildu.
Tras la derrota sin paliativos del Gobierno de Sánchez, en Génova creen que se puede estar en "un punto de inflexión" de la legislatura, sobre todo porque la negociación de los PGE está muy cerca y Montero "ha logrado enfadar a todos".
"Al final, hemos concitado la anuencia de todo el mundo en torno al tema del municipalismo. Puede que con algunos partidos no nos hablemos para otros temas, pero en esto estábamos de acuerdo de que era un disparate", subrayan las citadas fuentes.
Colau casi "resquebraja" el Gobierno
Azcón conversó la víspera de la votación con Colau, quien le dijo que sus siete diputados estaban dispuestos a votar en contra. El PP olió sangre ante la posibilidad de que "se resquebrajase hasta el Gobierno de coalición", pero al final se quedó con la miel en los labios tras el giro de los comunes, un cambio de tornas motivado por "las presiones" de Podemos, a juicio del PP. "La derrota podría haber sido todavía peor. En todo caso, cuando ellos nos dicen que estamos solos, ahora les podremos decir que los solos son ellos", sentencian en Génova en alusión a PSOE y Podemos.
Al final, el equipo de Casado cree que la derogación del decreto muestra que hay un "Gobierno débil", todo un aviso para Sánchez e Iglesias. "Lo preocupante es que esta debilidad exige a Sánchez más prebendas a los independentistas para continuar la legislatura y eso es letal para España", anticipa un dirigente del PP a este periódico.
En todo caso, "se ha tejido una red de oposición que es un punto de inflexión para el Gobierno" y que, curiosamente, rompe de forma simbólica el pacto del Tinell, aquel acuerdo de 2003 entre las formaciones de izquierda catalanas para aupar al poder a Pasqual Maragall que entre sus cláusulas -que luego asumiría la extinta CiU- imponía un cordón sanitario contra el PP. Ayer, ese lejano pacto quedó en papel mojado.
