El PP ha dicho "basta" ante lo que considera un "secuestro" del poder ejecutivo al poder legislativo. O, lo que es lo mismo, un "secuestro" del Gobierno al Parlamento. Desde que Pedro Sánchez es presidente, el Ejecutivo ha aprobado 129 reales decretos y, en esta legislatura, una decena de ellos se han convalidado con el compromiso de una tramitación como proyecto de ley que en ningún caso se ha producido. Esa maniobra, unida al "abuso" de la vía de urgencia y a la presentación de iniciativas legislativas sin informes preceptivos, va a ser respondida de forma contundente por los populares, que ya preparan una batalla legal hasta las últimas consecuencias.
Según denuncian desde el Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno de Sánchez ha convertido la "excepcionalidad" de los reales decretos en "normalidad", convirtiendo al Congreso en un "mero convalidador", privándole de su competencia legislativa en una forma de gobernar "con tics autoritarios.
Desde el PP recuerdan que muchas de las convalidaciones en la Cámara a los reales decretos fueron aprobadas con la condición de que fueran tramitadas como proyecto de ley pero luego "el propio poder legislativo lo bloquea porque en la Mesa, los partidos del Gobierno tienen mayoría". Un bloqueo que supone "el secuestro de nuestra actividad parlamentaria".
Un claro ejemplo de esta forma de actuar del Gobierno es el real decreto de medidas urgentes para hacer frente a la crisis económica derivada de la invasión rusa a Ucrania: el Ejecutivo se comprometió con sus propios socios a tramitarlo como proyecto de ley antes de que concluyera el anterior periodo de sesiones previo al parón estival, pero esa tramitación se encuentra aún paralizada.
Sin informes y por vía de urgencia
El PP, además, denuncia que el Gobierno, para evitar los informes preceptivos en leyes clave para la coalición, no las presenta como proyectos de ley a iniciativa de los ministerios, sino como proposiciones de ley de los grupos parlamentarios.
Esta maniobra la ha empleado el Gobierno para la Ley de Eutanasia, la derogación del artículo 135 del Código Penal -que no contó con informe del CGPJ, ni del Consejo Fiscal ni del Ministerio de Justicia-; la reforma orgánica del Poder Judicial para devolver de forma parcial competencias al CGPJ -y tramitada en tres días-; y el Impuesto a grandes fortunas, entre otras muchas.
Con la reforma de la ley del aborto, la tramitación por vía de urgencia ha impedido que al CGPJ le dé tiempo a emitir el informe
Los populares añaden, además, que incluso cuando se tramita una iniciativa como proyecto de ley, el Gobierno lo hace sin esos informes preceptivos. Con la reforma de la ley del aborto, la tramitación por vía de urgencia ha impedido que al CGPJ le dé tiempo a emitir el informe.
Por otra parte, denuncian, en el proyecto de ley que establece una reforma del Código Penal "ni siquiera se ha solicitado informe del CGPJ y del Consejo de Estado", y "solo hay uno de la Fiscalía de Estado que dice que no comparte esa modificación". Pese a ello, "al Gobierno le da lo mismo y no pide ese informe", porque "se salta todo".
Esa vía de urgencia para tramitar proyectos de ley se ha usado últimamente, hasta en cinco ocasiones: para ley de salud sexual y reproductiva (más conocida como Ley del Aborto), la ley de bienestar animal, reforma del Código Penal, la Ley Trans y la Ley de Empleo. Las cinco, destacan desde el PP, vienen de ministerios de Podemos.
El PP dará la batalla legal
Las fuentes del PP consultadas recuerdan que "la vía de urgencia debe ser fundada" porque, al aprobarse la urgencia, "en la Cámara se acortan todos los plazos" y, de esa forma, "se influye en la actividad del legislativo". Por ese motivo, la portavoz del Grupo Parlamentario y secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ya ha presentado varios escritos a la Cámara solicitando que algunos de los proyectos de ley citados no se tramiten por esta vía.
Así, el pasado 6 de septiembre, presentó un escrito en este sentido contra la tramitación por vía de urgencia de la reforma de la Ley del Aborto y la Ley de protección y bienestar de los animales. Al ser ignorados esos escritos, nueve días después, el 15 de septiembre, presentó un escrito de reconsideración de lo acordado por la Mesa el día 8, que blindó esa tramitación por vía de urgencia que también se aplicó en la Ley Trans.
Desde el Grupo Popular denuncian que "convertir lo general en urgencia, significa que se acortan todos los plazos a la mitad" y "sin participación de la sociedad". No existe, además, periodo de comparecencias y no se hacen los informes perceptivos. Y, cuando sí se hacen, "el organismo en cuestión denuncia que apenas le han dado 15 días para pronunciarse", como fue el caso de . Inexistencia en el periodo de comparecencias.
Si no se produce la tramitación como proyecto de ley de los decretos convalidados en la Cámara, "al acabar la legislatura serán leyes con el texto aprobado por el Consejo de Ministros y sin modificación, porque esa tramitación decae
A todo ello hay que sumarle, además, que si no se produce la tramitación como proyecto de ley de los decretos convalidados en la Cámara, "al acabar la legislatura serán leyes con el texto aprobado por el Consejo de Ministros y sin modificación, porque esa tramitación decae". Un riesgo que también está presente en una veintena de proyectos de ley, que acumulan vencimientos del plazo de enmiendas, y que aparecen en el siguiente listado:
Ante esta circunstancia, el PP ha decidido, primero, "denunciar todas estas cuestiones para defender el poder legislativo". A todas estas tramitaciones de urgencia, "hemos solicitado a la Mesa que se tramiten con normalidad" y que "haya un periodo de comparecencias".
Además, añaden, "hemos pedido a la Mesa que todos los proyectos de ley que lleguen sin los informes preceptivos no se califiquen y que las Comisiones donde se tramiten, sean las que tienen que abordarlo", en referencia, por ejemplo a la Ley del Bienestar Animal que el Gobierno quiere debatir en la Comisión de Asuntos Sociales y no en la de Justicia.
Hemos pedido a la Mesa que todos los proyectos de ley que lleguen sin los informes preceptivos no se califiquen y que las Comisiones donde se tramiten, sean las que tienen que abordarlo
Más allá de las solicitudes y los escritos de reconsideración a la Mesa, el PP prepara ya los siguientes pasos si continúa este "secuestro" a la Cámara. En este sentido, las fuentes consultadas afirman que "no descartamos ninguna vía" y que, una vez pedido el "amparo" al gobierno de la Cámara, el partido se planteará otras medidas legales. No descartan, incluso, acudir al Tribunal Constitucional.
En ese sentido, las fuentes consultadas explican que, sin informes preceptivos, las leyes son más fácilmente anulables al no existir seguridad jurídica. Además, recuerdan, ya hay cuestiones que están en el Tribunal Constitucional, como la reforma del Poder Judicial que eliminó competencias al CGPJ: "Uno de los recursos es el de amparo, porque se obviaron informes preceptivos que según la legislación europea son obligatorios. En breve, habrá un pronunciamiento del TC. Evidentemente, puede haber consecuencias. EL CGPJ había solicitado informar en base a la legislación comunitaria".
Eduardo-0
Sí, bueno como si ellos no lo hubiesen hecho o no se hubiesen hartado de meter morcillas en leyes que no tienen nada que ver.
jomeca
Tarde, mal y arrastras. Han perdido 3 años de haber denunciado decenas de casos, pero claro, era feo judicializar la política y no defender el estado de derecho. Y ahora caen de la burra. Además, tal y como se plantea en la noticia sería un brindis al sol. Van buscando un tirón de orejas (causa general) y no creo que un juez se preste a eso. Habia que haberlo hecho según surgiese los casos. Y otra cosa: un partido cuyo máximo mandatario no va a una concentración cívica en protesta de no cumplir las sentencias judiciales (25% de castellano) y pisotear derechos constitucionales de ciudadanos se pone ahora (tarde y mal) digno con la cuestión legislativa. Contradicciones muy chocantes.