El exconsejero de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada ha solicitado este miércoles la baja voluntaria del Partido Popular tras conocer que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz había acordado abrir juicio oral contra él y otros cinco encausados, incluido el comisario Andrés Gómez Gordo, por las presuntas irregularidades cometidas en el Campus de la Justicia (CJM), según informaron fuentes populares a Vozpópuli.
El que fuera también presidente de la Oficina del Cargo Popular, a raíz de tras la victoria de Pablo Casado en el congreso del PP de hace tres años, dio este paso antes de que su partido procediera a su suspensión de militancia.
Los Estatutos del PP fijan la suspensión de militancia únicamente en la apertura de juicio oral. Según el artículo 21, la suspensión provisional de afiliación será acordada de manera automática por el Comité Nacional de Derechos y Garantías "cuando un afiliado promueva o apoye actuaciones en contra de los acuerdos adoptados por la dirección del partido", "incurra en cualquiera de las infracciones previstas en los artículos 16 de los Estatutos", o "esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción y quedará expulsado en el momento de que se dicte sentencia firme por corrupción".
El caso de Prada se enmarca en el último supuesto. El juez Pedraz exigió al exconsejero y al resto de procesados una fianza de 40 millones de euros que tendrán que afrontar de forma solidaria. El policía Gómez Gordo fue asesor de María Dolores de Cospedal cuando gobernó en Castilla-La Mancha y está imputado en la pieza 'Kitchen' del caso Villarejo. En aquel momento era director de Seguridad del Campus de la Justicia.
El anterior titular de dicho juzgado, José de la Mata acordó el pase a procedimiento abreviado por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos, señalando que los investigados, liderados por Prada, "se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo".
Según explicaba De la Mata, el ex consejero y los directivos investigados "corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos del CJM, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, y menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos". El magistrado de la Audiencia Nacional calculó que estos hechos supusieron un menoscabo de cientos de millones de euros para las arcas públicas.
"En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial", dijo De la Mata.
La Oficina del Cargo Popular, "inactiva"
La citada Oficina del Cargo Popular, recogida en los artículos 57 y 58 de los Estatutos del Partido Popular, lleva "inactiva" varios años por decisión de Casado. Este paso supuso cerrar de facto la iniciativa interna más novedosa de anticorrupción que Mariano Rajoy puso en marcha tras el escándalo de 'Gürtel'.
Este órgano interno fue aprobado en febrero de 2017, en el último congreso nacional del PP que eligió a Rajoy. En apenas un año y medio tuvo tres presidentes: el primero fue Manuel Cobo, el que fuera mano derecha en Madrid de Alberto Ruiz-Gallardón y que dimitió a los pocos meses alegando problemas de salud; luego le sucedió Andrés Ayala, quien estuvo al frente de este órgano interno hasta la dimisión de Rajoy a mediados de 2018; y el último fue Alfredo Prada, elegido por Casado tras la sucesión en Génova.
La Oficina del Cargo Popular era hasta el momento un órgano del PP "con autonomía en el ejercicio de sus funciones", según establece el artículo 57, y estaba formado "por entre tres y cinco miembros que no desempeñen ningún cargo público u orgánico dentro del Partido Popular en cualquiera de sus ámbitos". En el primer organigrama de Casado tras su victoria en el congreso extraordinario de julio de 2018 aparecían el citado Prada de presidente, María Jesús Bonilla como secretaria y Yolanda Bel como secretaria de actas.
El PP aprobó un reglamento
Los 'populares' llegaron a aprobar un reglamento de funcionamiento para esta oficina y fijó una serie de controles internos. Entre los cometidos de la Oficina del Cargo Popular estaba el supervisar el cumplimiento de todos los trámites y requisitos necesarios para acceder a un cargo público u orgánico en representación del PP, así como aprobar en un formulario homologado el resumen de su declaración de IRPF y de Patrimonio.
Además, tenía que encargarse de gestionar los registros de Actividades y Bienes y Derechos Patrimoniales de los cargos del PP y velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades. Ante cualquier anomalía, debía dar traslado al Comité de Derechos y Garantías para su estudio. Pero poco se hizo.
Varios dirigentes del PP consultados por este periódico creen que este órgano interno lleva clausurado desde la imputación judicial de Prada en marzo de 2019 por posible desfalco en el Campus de la Justicia de Madrid. En aquel momento, desde Génova se subrayó que el exconsejero madrileño era únicamente afiliado y que no formaba parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), aunque precisamente para ser miembro de la Oficina del Cargo Popular se tenía que cumplir el requisito de no ostentar ningún cargo público dentro del partido.
