El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, estima que la cotización obligatoria de las prácticas universitarias, una medida aprobada a finales del año pasado por el Gobierno de Pedro Sánchez, supondrá un coste de más de 100 millones de euros anuales, y defiende que sea la administración o las empresas las que asuman este gasto. "La universidad no lo puede sufragar, es imposible", asegura.
"Las empresas están en mejores condiciones de ayudar, es una cosa de sentido común, porque si en mi universidad tengo 2.000 estudiantes en prácticas, para mi son 250.000 euros cada año, un dineral", explica Fernández en una entrevista a Europa Press en la que revela que conoció esta medida del Gobierno por la prensa una vez que había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado.
"Ya expresé mi queja y la vuelvo a reiterar, y una medida de ese calibre, que uno se entere después de que se haya promulgado, no me parece de recibo", expone el presidente de los rectores españoles, aunque agradece la predisposición a la negociación de la secretaria de Estado de Universidades, Ángeles Heras, y el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, con los que ya ha acordado que la cotización de las prácticas no sea efectiva hasta el próximo curso académico.
En suspenso
"Si hubiera entrado ahora en vigor, hubiera colapsado toda la universidad española", asegura Fernández, que es rector de la Universitat de Lleida y abandonará la presidencia de CRUE el próximo mes de mayo. Hasta entonces, espera cerrar con el Gobierno el reglamento de la cotización de las prácticas, que debe estar cerrado antes del mes de abril. Un plazo que, con el Ejecutivo en funciones, genera dudas en el presidente de los rectores.
Para Roberto Fernández, que defiende que los becarios universitarios coticen a la Seguridad Social, la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 28 de abril puede dejar en suspenso la medida aprobada por el Gobierno socialista, y considera sensato retomar su ejecución una vez que se hayan celebrado los comicios. "Lo mejor sería esperar y ver cuál es la nueva mayoría parlamentaria", opina.
La cotización obligatoria a la Seguridad Social de las prácticas académicas, que afectaría también a los estudiantes de Formación Profesional, fue incluida como una disposición adicional en el Real Decreto Ley 28/2018, publicado en el BOE el pasado 29 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
El texto, elaborado por el Ministerio de Trabajo de Magdalena Valerio, provocó la queja inmediata de las universidades españolas por aprobarse "sin consulta previa a las universidades". Según el presidente de CRUE, los responsables del Ministerio se disculparon en enero por esta "disfuncionalidad", como califica la forma en la que se aprobó la medida.
