La red de macroestafa bancaria que salpica a José Luis Moreno y que fue desarticulada el pasado 29 de junio en la operación Titella no viene de nuevas para alguno de sus integrantes. Uno de los principales cabecillas de esta trama que investiga la Audiencia Nacional impulsó una acción muy parecida años antes en Barcelona. Antonio Luis Aguilera, identificado por los agentes como el "gestor' de esta red que habría defraudado 50 millones de euros, ya estafó otros 275.000 euros en una acción muy similar. Para ello se apoyó en un total de 14 empresas pantalla detrás de la que situó a testaferros.
Así consta en una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona a la que ha tenido acceso Vozpópuli y por la que fue condenado a 10 meses de prisión. Los magistrados detallaron un modus operandi muy similar al que ahora indaga el magistrado Ismael Moreno. La causa se siguió contra Aguilera y el directivo de la sucursal de Caixa Estalvis Laietana por su supuesta implicación en los hechos que se produjeron entre finales de 2003 y comienzos de 2004.
En ese mes, Aguilera le presentó hasta un total de 14 sociedades controladas por administradores que nada tenían que ver con las mismas. La dinámica fue la siguiente: el 'gestor' logró en esas semanas que el banco abriera una cuenta para cada una de las sociedades y falsificó para ello la firma de los administradores, los cuáles nunca llegaron a pisar la sucursal que el banco tenía en Gavà (Barcelona). La sentencia enumera hasta un total de 14 empresas que generaron descubiertos que van desde los 10.200 a los 30.799 euros.
Descuento de papel
La red que dirigía Aguilera se valió del sistema de descuento de papel. Se trata de una forma para que las empresas logren anticipo de crédito de las entidades a cambio de una comisión o intereses. Sin embargo, en este caso las empresas no tenían actividad real y, por tanto, nunca llegaron a devolver estos créditos que dejaron un 'roto' en la caja de 275.000 euros. El propio Aguilera admitió "de un modo parcial" que debía unos 200.000 euros por utilizar estas firmas para descontar papel.
El fallo apunta que, de la investigación de los hechos, no cabe duda de que el objetivo era conseguir liquidez y no devolverla, de ahí la condena por delito continuado de falsedad y estafa. Los magistrados se apoyaron también en la declaración de los supuestos testaferros que admitieron que ni tenían nada que ver con las administraciones que controlaban ni llegaron a firmar nunca ningún papel bancario. "Existe engaño. Toda la documentación presentada ante la entidad bancaria es falsa. Los contrarios bancarios son solo una apariencia al servicio del fraude", sentencian los magistrados de la Audiencia.
De este modo definen la dinámica que ya impulsó en 2003 y que repitió en el marco de una trama que ya adquiere un nivel superior por la cuantía defraudada, el número de integrantes y su derivada de blanqueo en el extranjero. No obstante, la investigación que ahora dirige la Audiencia Nacional arrancó en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid también por una denuncia bancaria. En concreto fue Abanca la que recurrió a los tribunales para alertar de que una serie de empresas defraudaron cuantías cercanas a los 1,3 millones de euros con el sistema de peloteo de cheques.
Mismos hechos 13 años después
La Policía Judicial identificó a los presuntos testaferros y a este gestor que acudía a las sucursales a negociar los contratos. De nuevo se utilizaron otras firmas ya que la de Aguilera no se plasmó en ningún papel. De hecho, él mismo se presentó con la identidad falsa de Muntané. No fue hasta su detención por incumplimiento de condena de estafa cuando se descubrió que en realidad se trataba de Antonio Luis Aguilera, persona que además presentó a José Luis Moreno a algunos de los empleados de los sucursales.
El magistrado Ismael Moreno, que ha aceptado al ventrílocuo que responda a su fianza por aval bancario, apunta a la existencia de una red jerarquizada en cuya cúspide se encontrarían, Moreno, Aguilera y Antonio José Salazar de Castro. Mientras los investigadores sostienen que Aguilera era la persona que se encargaba de vender las bondades de los proyectos, a Moreno le sitúan como un elemento clave para que las empresas lograran las líneas de crédito. En ocasiones incluso presentaron proyectos audiovisuales como garantía para conseguir la liquidez.
En el escalafón más bajo se encontrarían los testaferros de esta trama que se sigue investigando bajo secreto de sumario. De hecho, las intervenciones telefónicas permitieron allanar el camino para impulsar el estallido de la operación el pasado 29 de junio. El operativo (coordinado de manera conjunta por agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil) concluyó con la detención de 47 personas en varios puntos de España. Sin embargo el foco se puso en Moreno y en el registro de su domicilio en Boadilla del Monte y de sus estudios de producción.
Los 23 millones de José Luis Moreno
El magistrado Ismael Moreno sugirió este mismo jueves que el resultado del operativo había sido beneficioso para la investigación. En el auto por el cual permitía a Moreno responder con una fianza hipotecaria, dejó caer que los indicios que condujeron a las detenciones incluso "se han fortalecido" en lo que respecta al presentador. Las declaraciones prestadas en sede policial y judicial por los detenidos "no vienen sino a confirmar las iniciales hipótesis de imputación", sentenció. Por ese motivo accedió en parte a la pretensión del humorista pero denegó dejarle en libertad provisional como él mismo proponía.
Más bien al contrario, sostiene que persiste el riesgo de fuga y que los 3 millones de caución solicitados por delitos como blanqueo, estafa e insolvencia punible, va en consonancia con sus "capacidades económicas". Es más, los investigadores apuntan que el propio productor alardeó de tener un patrimonio de 23 millones de euros. Por ese motivo ninguna de las razones esgrimidas por su defensa -entre ellas su arraigo en España o su edad avanzada- han sido tenidas en cuenta por el magistrado al frente de esta macrocausa.
