La utilidad del Ministerio de Consumo de Alberto Garzón ha vuelto a ser puesto en entredicho tras las declaraciones del ministro a favor de reducir el consumo de carne en nuestro país. Esta actuación de Garzón ha generado comentarios en contra del ministro de Agricultura, Luis Planas, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, a pesar de la polémica actual, la escasa actividad del Ministerio de Consumo siempre ha sido la comidilla de otras instituciones ministeriales.
Es más, fuentes del Ministerio de Industria aseguran que en la pandemia se les otorgaron tareas que correspondían al departamento de Reyes Maroto para poder ejercer alguna actividad. Hay que recordar que Consumo ha formado parte, históricamente, del Ministerio de Sanidad. Más allá de estas consideraciones, lo cierto es que el Ministerio de Consumo acumula siete meses en blanco en el Consejo de Ministros.
Es decir, siete meses en los que no ha presentado ninguna propuesta de Real Decreto, Acuerdo o medida alguna. En lo que va de 2021, no presentó nada en marzo y abril. El año anterior, Consumo llegó de vacío al Consejo de Ministros en octubre, agosto, junio, mayo y febrero. Así lo ha podido comprobar Vozpópuli repasando las referencias del Consejo de Ministros desde enero de 2020, cuando comenzó esta legislatura.
Todo ello a pesar de que el Ministerio de Garzón cuenta con un presupuesto de 41 millones de euros, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado, y 579 empleados. Según el portal de transparencia, Garzón tiene a su disposición 479 funcionarios y 100 trabajadores de personal laboral.
Tampoco están nada mal las atribuciones del propio ministro y sus altos cargos. Transparencia refleja que Alberto Garzón cuenta con una retribución como ministro de 72.443 euros al año. Su secretario general de Consumo y Juego gana 99.162 euros anuales, y el subsecretario de consumo 108.113 euros. El sueldo anual del director de gabinete del ministro asciende a los 81.559 euros.
Sólo un Real Decreto en 2021
En lo que va de año, la productividad del Ministerio de Consumo se reduce a un Real Decreto. Se trata del RD de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. El objetivo de este decreto es establecer un marco de protección para "colectivos vulnerables como el de menores, personas de avanzada edad, con bajo nivel de digitalización, con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial y, en general, que tienen dificultades por la falta de accesibilidad de la información".
Este Real Decreto se firmó el 19 de enero en el Consejo de Ministros y, desde entonces, el Ministerio de Consumo no ha presentado más. Eso si no tenemos en cuenta los relativos a los nombramientos de personal o de creación de comisiones (en febrero nombró directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición -Aesan- y en enero creó una comisión para coordinarse con Agricultura y Sanidad).
Al margen de esto, Consumo ha ocupado la primera mitad de 2021 en tres acuerdos. El primero se firmó el 9 de febrero y su objetivo fue la tramitación administrativa urgente para la transposición al ordenamiento jurídico español de tres Directivas europeas.
Hubo que esperar hasta el 25 de mayo para llegar al siguiente acuerdo, que tenía como fin modificar los límites de gasto para poder pagar el alquiler de su nueva oficina premium en la Calle Alcalá 27. La factura de este arrendamiento puede ascender a los 21.000 euros mensuales.
El último acuerdo del año se firmó el 29 de junio, y su objetivo es la tramitación administrativa urgente del Anteproyecto de Ley de servicios de atención al cliente.
Escasa actividad en 2020
El año de la pandemia, Consumo estuvo cinco meses llegando al Consejo de Ministros con las manos vacías. Quizá por ello, los 365 días del año solo dieron de sí para dos Reales Decretos y un acuerdo. Al margen de los acuerdos relacionados con nombramientos, hay que esperar al 21 de julio para encontrar el único de Consumo para 2020.
Se trata del acuerdo para contratar el servicio de desarrollo de una web informativa sobre recursos ante autoridades de consumo posteriores a la crisis de la covid-19. Esta web tuvo un coste de 17.908 euros.
El 3 de noviembre del pasado año se firmó el decreto estrella de Garzón, el RD de comunicaciones comerciales de las actividades del juego. Este documento regula, por primera vez, la publicidad del sector de las apuestas en línea y juegos de azar en España.
A finales de año, Garzón impulsó un RD que regula y flexibiliza la aplicación de determinadas disposiciones de la Unión Europea (UE) en materia de higiene alimentaria.
