El mayor tramo de los fondos europeos del Plan de Recuperación, de un montante de 13.793 millones de euros, depende de que el Gobierno cierre las reformas laboral y de las pensiones en tiempo y forma y con acuerdo de los agentes sociales. El primer plazo que se ha marcado el Gobierno es el próximo lunes 15 de noviembre, día en el que fijó que tenía que tener cerrado el pacto con patronal y sindicatos para poder tramitar con celeridad sendas reformas y para que estén aprobadas el 31 de diciembre como ha prometido a Bruselas.
Los dos proyectos están muy alejados en estos momentos de lograr un acuerdo, pero en desigual desarrollo. Mientras la reforma de las pensiones está ya en el Congreso a falta de cerrar el Factor de Equidad Intergeneracional y algunos flecos, la laboral está abierta en canal en un maremágnum de textos, ahora de varios ministerios, sin atisbo de tener un borrador que pueda llegar al Consejo de Ministros.
El problema de fondo que está ralentizando los procesos y complicando las negociaciones es la división en el seno del Gobierno, como han lamentado patronal y sindicatos. Una desunión que estalló hace dos semanas con la pugna entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz por el liderazgo de la reforma laboral y que se traduce en enfrentamientos diarios y la presentación por sendos Ministerios de propuestas contradictorias, cambiantes y sin respetar la mesa de negociación ni sus tiempos. Así lo viene denunciando CEOE, crítica a la que ayer se sumaron los sindicatos.
En juego, la mayor partida de los fondos
También este jueves, el Gobierno trataba de apaciguar la polémica que ha ocasionado su compromiso con Bruselas de aumentar el periodo de cálculo de las pensiones, reforma que deberá acometerse en 2022, pero que se ha colado ahora en la negociación más perentoria de las pensiones por la publicación del 'Operational Arrangement', que acaba de firmar con Bruselas y que el PP le acusaba de esconder a la opinión pública. En el marco de la controversia suscitada por la propuesta, que los sindicatos advierten de que no avalarán, el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, negó "rotundamente" que tenga como objetivo reducir el gasto en pensiones, lo que atribuyó a una "serpiente de verano" que lanzó Pablo Iglesias hace un año. El exvicepresidente salió en tromba ayer a refrendar que el proyecto que Escrivá niega se ha contemplado y le acusó de mentir.
En juego, la partida mayor de los fondos, que deberá pedirse en el primer trimestre de 2022 una vez que se hayan aprobado las reformas, para las que la Comisión Europea exige además acuerdo con los agentes sociales. Cabe recordar que España acaba de pedir los primeros 11.494 millones a los que tiene derecho por las reformas realizadas hasta junio y que el Gobierno aseguraba desde principios de octubre que iba a reclamar en breve. En realidad se reclaman 10.000 millones, y la diferencia se irá restando en todos los pagos del anticipo de 9.000 que se concedió.
Inclusión se muestra más concernido con el plazo del lunes que Trabajo. Desde el Ministerio de Escrivá quieren pensar que va a haber acuerdo el lunes, su Plan A, y se muestran optimistas, a pesar de las críticas de los agentes sociales y del rechazo de CEOE a su proyecto de elevar las cotizaciones sociales 0,6 puntos durante una década para sufragar las pensiones de los 'baby boomers'.
Las llamadas que venía haciendo Yolanda Díaz a lograr un acuerdo en noviembre se ha ido diluyendo en las últimas semanas y en Trabajo pasan ahora de puntillas sobre el hito del lunes y se remiten al compromiso con Bruselas del 31 de diciembre. De hecho, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ignoró la fecha del 15 de noviembre ayer en el Senado y destacó que el Ministerio "apurará hasta el máximo" la mesa de diálogo para lograr "un respaldo nítido del acuerdo". Estas palabras de Pérez Rey se producen después de que la mesa de la reforma laboral del miércoles terminara con el rechazo de los agentes sociales a la propuesta del Gobierno sobre los nuevos ERTE.
Así, el secretario de Estado planteó que a partir de la próxima semana, la mesa se reunirá dos veces, los miércoles y los viernes. Pérez Rey pidió a los grupos parlamentarios que confíen en el resultado del diálogo social y, aunque aseguró que en el Ministerio de Trabajo están "firmemente convencidos" de que se firmará el acuerdo sobre la reforma laboral, ya deslizó que los resultados del diálogo social no siempre son los esperados: "Unas veces fructifica y otras deja su impronta en unas normas que se han elaborado con una previa fase de diálogo social", apuntó.
Los sindicatos ven muy difícil que el lunes haya acuerdo, algo que en CCOO han dado por descartado y se centran en lograrlo en las próximas semanas. Por su parte, en UGT también se muestran dispuestos a intentar reconducir la situación, pero creen que el lunes sí que tendrá que cerrarse la reforma de las pensiones, aunque son escépticos sobre que se logre acercar posturas.
