El Consejo de Estado ha emitido un informe sobre la reforma de la administración local que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere llevar a cabo, en el que cuestiona la constitucionalidad de la misma, ya que advierte de que puede reducir "en exceso" la autonomía municipal garantizada por la Carta Magna. En este sentido, explica que el llamado "coste estándar" de los servicios que prestan los municipios, incluido en la nueva regulación, se convierte en un cheque "en blanco" que se da al Gobierno mediante el cual puede quitar competencias a los ayuntamientos.
El citado informe, al que ha tenido acceso Europa Press, está firmado por el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, Landelino Lavilla, Rodríguez-Piñero, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Fernando Ledesma, Alberto Aza, Manzanares Samaniego, María Teresa Fernández de la Vega, Alonso García y Hernández Gil.
El texto es muy crítico con algunos de los aspectos que se han incluido en la reforma de la administración local, entre otros, con el llamado "coste estándar" que se pretende fijar para determinar si los ayuntamientos mantienen determinadas competencias o si éstas pasan a las diputaciones provinciales y cabildos o consejos insulares.
En este sentido, advierte de que, a pesar de que la aplicación de este parámetro contiene una función "ablativa" de las competencias municipales, lo único que dice el anteproyecto de ley es que le corresponde al Gobierno fijarlo mediante real decreto. Una remisión ésta que el órgano consultivo del Estado considera "tan amplia y carente de parámetros legales" que "prácticamente puede considerarse como una habilitación en blanco al Gobierno".
Además, expone que la puesta en funcionamiento del llamado "coste estándar" de los servicios puede "incidir notoriamente en el desenvolvimiento efectivo de la autonomía municipal y, a la postre, reducir en exceso el ámbito competencial que integra el núcleo duro esencial de esa autonomía constitucionalmente garantizada".
En cuanto al traspaso a las diputaciones de las competencias locales que perderían los municipios por tener un coste de los servicios superior al "coste estándar" que establezca el Gobierno, el Consejo de Estado advierte de que las "Diputaciones Provinciales son entidades locales de representación indirecta" y recalca que "tampoco se toma en consideración si la Diputación a la que haya de encomendarse dicha prestación se encuentra en situación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".
