Álvaro García Ortiz se convierte en el primer fiscal general del Estado al que se le imputa en una causa judicial. La Sala de lo Penal del alto tribunal ha decidido que hay indicios para admitir la exposición razonada remitida por el TSJ de Madrid y ha acordado abrir una investigación contra él por un presunto delito de revelación de secretos.
La decisión del Tribunal Supremo supone para García Ortiz el estocazo definitivo, después de un camino al frente del Ministerio Público rodeado de polémicas. El actual fiscal general del Estado podría enfrentarse a penas de hasta cuatro años de prisión tras asumir la responsabilidad de la difusión por parte de la Fiscalía de una nota de prensa en la que se revelaban datos reservados del novio de Ayuso. Esta acción que, según el propio García Ortiz se llevó a cabo para desmentir un bulo defendido desde el entorno de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, desencadenó la presentación de una querella por parte del empresario Alberto González Amador y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Ahora, el futuro del fiscal general es incierto. Después de que este mismo miércoles haya ratificado su intención de seguir al frente del Ministerio Público, solo queda esperar al avance de las pesquisas dirigidas por el alto tribunal. Según el auto emitido este miércoles por la Sala de lo Penal del TS, cuestión "primordial" de la causa es determinar si la conducta atribuida por los querellantes "puede subsumirse en el artículo 417 del Código Penal".
Dicho tipo penal, recogido por la Sala, castiga a la autoridad o funcionario público que "revelase secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de oficio o cargo y que no deban ser divulgados". De esta forma, de confirmarse la comisión del delito de revelación de secretos por parte de García Ortiz podría enfrentarse, además de penas de prisión que van desde uno a cuatro años, a la suspensión de empleo o cargo público por un tiempo de uno a cinco años.
Penas de inhabilitación según el caso
El artículo 417 del Código Penal establece varias distinciones de penas y multas en función del tipo de información afectada o la persona perjudicada. De tal modo que si de la revelación de secretos "resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años". En el caso de que se tratara de secretos de un particular, como en este caso sería el empresario Alberto González Amador, las penas de cárcel irían de dos a cuatro años. Asimismo, la multa variaría entre los doce y dieciocho meses, y García Ortiz podría ser suspendido de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
Así queda reflejado en el auto emitido por la Sala Segunda, en el cual el Supremo reconoce que "aparantemente" el fiscal general no habría revelado ninguna información secreta, ya que la nota difundida por el Ministerio Público fue posterior a la publicación en prensa de los correos entre el abogado del novio de ayuso y el fiscal del caso. No obstante, de la instrucción de la causa practicada en el TSJ y, en concreto, de la declaración del Fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, se desprende que horas antes de la nota de prensa, dichos emails fueron revelados, estando estos en poder del Fiscal General del Estado y de la Fiscal Jefa Provincial, María Pilar Rodríguez.
Según la declaración de Salto, la fiscal jefe le llamó para informarle sobre de que González Amador tenía un vínculo con la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Acto seguido, le pidió una copia de la denuncia ya visada. Cinco días más tarde, el fiscal del caso recibe otra llamada de Rodríguez en la que el Fiscal General del Estado le ha llamado "preocupado por una noticia de prensa sobre un acuerdo de conformidad y le pide una dación en cuenta urgente de todos los correos intercambiados".
A juicio de la Sala, "sí existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa" de la pareja de Ayuso, como consecuencia de la revelación del correo existente entre su letrado y el Fiscal de Delitos Económicos. Asimismo, los magistrados añaden que "aunque la revelación pudiera tener eficacia probatoria residual, ello no es obstáculo para apreciar, al menos en este momento procesal, un perjuicio derivado de las revelaciones", cuya víctima sería el investigado por el Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid.
Álvaro García Ortiz se queda
El nuevo varapalo del TS a García Ortiz no ha sido suficiente para que este anuncie su marcha. El fiscal general ha anunciado este miércoles que seguirá en su cargo. Pese a ser "consciente de la repercusión pública de la noticia" y admitir que esto afectará a los fiscales de nuestro país, defiende que es "la ponderación de estas circunstancias" lo que le persuade para seguir ejerciendo plenamente su atribuciones legales, "con pleno respeto a la Ley y al Estado de derecho".
El máximo representante de la institución también ha recibido el apoyo del Gobierno. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños ha manifestado en el Congreso de los Diputados su "total respaldo a la labor del fiscal general en este caso y en su actuación al frente de la Fiscalía", asegurando que la imputación "quedará en nada".
