"Como sigan subiendo los precios, verás qué pronto la gente empieza a preguntarse qué se nos ha perdido en Ucrania". Así resumía un alto cargo del Gobierno a Vozpópuli cómo puede reaccionar la opinión pública ante el impacto económico que la invasión rusa puede tener en la población. El paro de los transportistas ha sido solo un aperitivo de las movilizaciones que amenazan con incendiar la calle. La escalada en el precio de los carburantes o la lista de la compra sigue imparable, el llamado pacto de rentas está estancada, la previsión del aumento de gasto en el pago de las pensiones es estratosférico y hay riesgo de desabastecimiento de algunos productos a medio plazo.
La reacción de Pedro Sánchez ante un malestar que va in crescendo era la previsible. El presidente del Gobierno ha prometido una bajada de impuestos, pero no ha concretado cómo lo hará. En una entrevista en La Sexta, Sánchez ha anunciado que esas medidas del plan de choque por el impacto de la guerra se aprobará en el Consejo de Ministros del 29 de marzo y ha cifrado el coste para el Estado entre 10.000 y 12.000 millones de euros. Además, ha pedido a los grupos políticos, los sindicatos y la patronal que le apoyen en un momento que ha calificado de "definitorio" para el futuro de la Unión Europea y las relaciones internacionales.
"No vamos a permitir que la sociedad española sea rehén de este chantaje energético que quiere imponer Putin", ha dicho Sánchez. "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para amortiguar las consecuencias de esta guerra".
Sánchez no concreta la rebaja
El Gobierno ha optado por culpar a Vladimir Putin de la inflación. La subida de precios es anterior a la guerra, pero se ha disparado con el conflicto. El presidente ha comparado la respuesta que prepara el Ejecutivo con la que se dio en los primeros compases de la pandemia del coronavirus. Ha dicho que habrá rebajas fiscales, protección a los más vulnerables, créditos ICO, prestaciones para autónomos, políticas sociales, ERTEs y todo lo que sea necesario.
En ese sentido, ha dicho que los ministerios económicos, incluido el de Yolanda Díaz de Podemos, trabajarán durante las próximas dos semanas para afinar las medidas con los agentes sociales y también con el resto de grupos parlamentarios.
Sánchez, por su parte, ha recalcado que se centrará en su gira europea para la reforma energética. Sánchez ha explicado que el objetivo es que se logre desvincular el precio de la electricidad del gas en el Consejo Europeo de 24 y 25 de marzo en Bruselas. "El mero hecho de sugerir que se iban a intervenir los precios, como hizo la Unión Europea, ha hecho que el precio del gas caiga un 42% en la última semana", ha asegurado.
Sánchez ha pedido unidad a partidos, sindicatos y patronal. Y ha calificado como un síntoma de esperanza el acuerdo con los presidentes autonómicos en la conferencia de La Palma el pasado fin de semana. El jefe del Ejecutivo ha insistido también en que hay que sacar la gestión de los fondos europeos del debate partidista, algo que parece va a ocurrir con la llegada de Alberto Núñez Feijóo al liderazgo del PP.
Huelga de transportes y protestas
Sánchez se enfrenta desde esta semana a una huelga indefinida de transportistas. Cientos de pequeñas y medianas empresas y miles de autónomos del sector están llamados a participar en este paro convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, una organización sin representación en el Comité Nacional (CNTC) que pide al Gobierno sentarse a negociar un nuevo marco legal para resolver la "gravísima" situación económica y laboral que atraviesan.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado que el abastecimiento de suministros "está garantizado", aunque ha admitido que la huelga "va a tener un impacto". Aunque se han podido ver algunos incidentes puntuales y piquetes, la ministra ha dicho la incidencia del paro ha sido relativa.
Sin embargo, existe preocupación a que las protestas vayan en aumento. Vox se ha sumado a las movilizaciones contra la subida de precios que tendrán lugar por todo el país el 19 de marzo. Los sindicatos mantienen de momento la paz social con la coalición. Pero hay señales de que ese entendimiento podría verse afectado por la magnitud de esta crisis.
Los agentes sociales han rechazado de momento poner sobre la mesa los salarios de los trabajadores y los dividendos de las empresas. Sánchez pidió "moderación salarial y contención en los beneficios" ante la espiral inflacionista, pero ni sindicatos ni patronal aceptan una regulación extraordinaria.
