El independentismo ha iniciado un nuevo procés separatista en Cataluña de "largo recorrido". Y lo hace amparado por el Gobierno de Pedro Sánchez, necesitado de sus apoyos parlamentarios en el Congreso para sostener la legislatura. El encuentro entre Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, este martes en La Moncloa ha constatado el giro estratégico principalmente de ERC -está por ver si de Carles Puigdemont- en su intento por separar a Cataluña del resto de España.
Aragonés considera el referéndum como irrenunciable, pero ha rechazado ponerle una fecha o plantearlo como un objetivo a corto plazo. Y, al mismo tiempo, ha aceptado abrir un diálogo paralelo con el Gobierno para conseguir más transferencias del Estado y fortalecer el autogobierno catalán. Ese diálogo lo liderará el ministro de Política Territorial y líder del PSC, Miquel Iceta, en el marco de la comisión bilateral Estado-Generalitat.
Sánchez y Aragonés se han entrevistado durante más de dos hora y media para analizar la situación política creada tras la concesión de los indultos a los líderes del golpe separatista del 2017. "Ha ido muy bien", han reconocido fuentes del Gobierno central a Vozpópuli. Las dos partes han anunciado que la mesa de diálogo volverá a reunirse en la tercera semana de septiembre, después de la crisis de Gobierno de Sánchez -prevista para julio- y la Diada de Cataluña -11 de septiembre-.
Sánchez recupera el Estatut
Aragonés ha dicho que llevará a esa mesa la amnistía, la autodeterminación y el referéndum. Tres cuestiones que según la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, no se contemplan. La novedad es que el presidente de la Generalitat ha dado un plazo amplio a la mesa de negociación de dos años. Y ha reconocido que se activará antes -probablemente en julio- la comisión Estado-Generalitat para abordar conflictos relativos a las inversiones en Cataluña o el traspaso de competencias.
Es decir, el independentismo busca ganar tiempo para rearmarse y defender su causa, en un escenario similar al vivido entre los años 2012 y 2017. La diferencia es que ahora cuentan con el aval del Gobierno de Sánchez. El ministro que liderará ese diálogo más "autonómico", si se quiere, será Iceta.
Este diario ha informado de que el jefe del Ejecutivo ha asumido las demandas históricas del PSC y está dispuesto a aceptar cuestiones como una Hacienda catalana propia. De hecho, Montero ha abierto la puerta a recuperar esas partes del Estatut de Cataluña que eliminó el Tribunal Constitucional en su sentencia del 2010.
"Debemos ser capaces de profundizar en esa aspiración de mayor autogobierno que viene persiguiendo Cataluña desde hace ya muchos años", ha dicho Montero. "El Estatut para los partidos que componen el Govern no es un elemento suficiente, pero este gobierno quiere impulsarlo, quiere ser capaz de concretar y cristalizar si es que la actitud de las personas que acudan a esa mesa sea constructiva".
El referéndum, sin fecha
Aragonés, efectivamente, ha explicado que el Estatut es un debate superado. Pero a diferencia de sus predecesores en la Generalitat -Puigdemont y Quim Torra- ha declinado convertir el referéndum y la autodeterminación en una línea roja. Aragonés ha dicho que su aspiración es la independencia de Cataluña vía referéndum, pero ha precisado que no se levantarán de la negociación a pesar de que el punto de partida es "extremadamente complicado".
El presidente catalán se ha dado un plazo de dos años para evaluar los avances de esa mesa y decidir si siguen o no en ella. Un plazo que coincide precisamente con lo que resta a la legislatura de Sánchez antes de la convocatoria de nuevas elecciones generales.
Aragonés ha hecho planteamientos como el del regreso de Puigdemont y otros huidos de la justicia. Pero Montero se ha referido a ellos precisamente como "huidos de la justicia", constatando las discrepancias entre las dos partes. Otra de las dudas que parece haber quedado disipada es la participación de Oriol Junqueras en la mesa de negociación. Aragonés ha dicho que la delegación catalana será institucional, con representantes del Gobierno autonómico o el Parlament. El líder de ERC no cumple ninguno de esos criterios.
Fianzas del Tribunal de Cuentas
Uno de los elementos que también se ha abordado en la cita son las fianzas que el Tribunal de Cuentas a los líderes del procés condenados. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este martes que la Abogacía del Estado no va a presentar demanda, una vez que el Tribunal ha concluido la instrucción de las investigaciones contra 42 ex altos cargos independentistas por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, que ha fijado inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable.
Así lo ha asegurado Campo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntado sobre la petición que hacen los partidos independentistas al Gobierno para que la Abogacía del Estado se retire de este proceso.
"El funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que no tiene una naturaleza jurisdiccional, lo que dice la doctrina y lo que se hace cada día es que una vez hay la liquidación provisional, la Abogacía no presenta demanda. Es lo que se hace", ha explicado el ministro.
