La web del Congreso de los Diputados "no muestra sistemáticamente" los contactos de los parlamentarios con los 'lobbies' que tratan de influir en la actividad política y en la elaboración de las leyes. El Consejo de Europa acaba de dar otro tirón de orejas a España por su falta de transparencia a la hora de 'fiscalizar' la actividad de los grupos de presión. En julio, la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes detectó que solo siete de los 349 diputados había publicado sus reuniones con 'lobbies'.
Es escándalo de la trama de sobornos en el Parlamento Europeo, que salpica a Qatar y a Marruecos, ha vuelto a poner en entredicho la transparencia de las instituciones europeas sobre las reuniones con estos grupos. En España, el Gobierno aprobó a principios de noviembre el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés para regular este sector. Pero, por ahora, no existe ninguna legislación a nivel nacional ni un registro obligatorio de grupos de interés.
Las Cortes Generales sí que cuentan, desde octubre de 2020, con un Código Ético para diputados y senadores que les obliga a publicar sus citas con los 'lobbies' en el portal de Transparencia. La Oficina del Conflicto de Intereses del hemiciclo constató que apenas se cumplía esta exigencia, pese a ser obligatoria. El informe de la Oficina, desvelado por Europa Press, también alertaba entonces de que un 43% de los diputados seguía sin publicar su agenda en la web, algo que la mayoría de senadores sí que hacía. El organismo instó a la Cámara Baja a ser más transparente con los contactos con los 'lobbies' para evitar una "influencia oculta, indebida o extralimitada" de estos grupos y para comprobar, a su vez, si los encuentros se dan más de forma individual o en grupo.
Hace unos días, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) volvió a reprochar a España la "opacidad" parlamentaria respecto a las reuniones con los grupos de interés. Su advertencia forma parte de un informe donde revisa el grado de cumplimiento de una serie de recomendaciones en materia de corrupción que se hicieron a España en 2014. El problema con los 'lobbies' es la única de estas recomendaciones que no se ha cumplido por completo.
El GRECO, eso sí, celebra el Código de Conducta puesto en marcha hace unos años en las Cortes Generales y la "intención declarada de las autoridades para regular los grupos de presión" -en referencia al anteproyecto de Ley sobre los grupos de interés-. Sin embargo, recomienda que los parlamentarios reciban directrices para saber qué pueden y qué no pueden hacer en su relación con los 'lobbies'. El grupo comunitario insiste, además, en que "más de la mitad de los diputados no publicaron sus agendas institucionales" y que el Congreso "no muestra sistemáticamente los contactos con los grupos de presión o terceros que buscan influir en el proceso legislativo".
Con su Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, el Gobierno quiere "combatir" las puertas giratorias y regular el sector del 'lobby'. El texto contempla la creación de un registro oficial gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI). Si un 'lobby' no forma parte de esta lista, no podrá reunirse con miembros de la Administración. Aunque compartan prácticamente el mismo nombre, esta Oficina, que depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública, no es la misma que la citada al principio de este artículo, que fue creada para 'fiscalizar' las Cortes.
La nueva Ley también obligará a los legisladores a reflejar en la memoria de análisis de una ley las actividades de los 'lobbies' que influyan en el proceso legislativo. El incumplimiento de algunas de estas exigencias acarrearía sanciones.
El Gobierno pretende con este anteproyecto cumplir las directrices del GRECO y situar a España al nivel de países como Alemania, Reino Unido, Francia o Italia. Dentro del sector del 'lobby', el hecho de que Hacienda pretenda que sea uno de sus organismos el que fiscalice los grupos de presión del país ha generado suspicacias. En el sector consideran que el organismo encargado para este fin tiene que ser "independiente y contar con los recursos necesarios para llevar a cabo su labor".
