Cientos de miles de documentos claves para comprender momentos de la historia reciente de España permanecen clasificados. Muchos contienen datos que permitirían arrojar luz sobre algunos de los episodios más oscuros desde la guerra civil hasta la transición. A pesar de diversos intentos en el Parlamento, ningún Gobierno de la democracia ha querido dar el paso para cambiar la norma franquista que los protege. Promulgada en 1968, la ley de secretos oficiales sigue vigente con pequeñas modificaciones y permite mantener bajo llave aspectos de interior, justicia, defensa o relaciones exteriores.
Aunque todos los países tienen sistemas de clasificación de su información sensible, España es una especie de excepción entre los países de nuestro entorno, pues la norma no contempla un período de tiempo específico para que la declaración de confidencialidad deje de tener vigencia. Ese es precisamente uno de los puntos que quiere cambiar la proposición de ley del PNV que esta semana ha tomado en consideración el Pleno del Congreso. Los nacionalistas vascos propone que los documentos de materias calificadas como reservadas se puedan publicar a los diez años y que los asuntos secretos se conozcan tras 25 años, salvo una prórroga excepcional y motivada de otros 10 años por parte del Consejo de Ministros.
Los asuntos de inteligencia tienen también la máxima protección y muy pocas personas tienen acceso a los cientos de documentos que se producen anualmente. Pero la norma importada de la dictadura sirve al Gobierno para denegar peticiones ciudadanas de información al amparo de la Ley de Transparencia como datos sobre los viajes del presidente o los miembros de la Casa Real en la flota de aviones oficiales.
La ley contempla hasta doce excepciones que impiden el acceso a la información declarada secreta. Los documentos relativos a muchos campos de la actividad del Estado pueden permanecer durante décadas guardados en archivos bajo llave o en cajas fuertes. Su catalogación, dependiendo del organismo al que pertenezcan, tampoco pone fácil la labor de periodistas o historiadores. Muchos están desperdigados en los sótanos de ministerios u otras dependencias públicas como delegaciones del Gobierno.
La teoría es que los documentos deberían transferirse a los 25 años al mastodóntico Archivo General de la Administración (AGA), situado en Alcalá de Henares, antes de dar el salto al Archivo Histórico Nacional (AHN).
