La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que Interior enviará este viernes al Consejo de Ministros, sancionará los escraches a cargos públicos, la quema de contenedores y las protestas no comunicadas ante instituciones como el Congreso, el Senado o el Tribunal Supremo.
Según adelantó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la sesión plenaria del debate de presupuestos generales del Estado, el proyecto esta ley sustituirá a la actual, que data de 1992, con el objetivo principal de garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, así como la protección de los agentes. Así, se tipificarán mejor, ha explicado, conductas contra la seguridad pública y las fuerzas de seguridad, hasta ahora no contempladas.
El anteproyecto incluye un total de 21 infracciones consideradas "muy graves", sancionadas con entre 30.001 y 600.000 euros. Con esta ley, el Gobierno pretende poner coto a las concentraciones frente a las instituciones del Estado, como el Congreso de los Diputados, cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas y con independencia de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas. Esto también estará sancionado con hasta 600.000 euros y en ello se incluye, además de a los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan.
Hasta 30.000 euros por insultar a un policía
Insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación será considerado como una infracción administrativa "grave", lo que conllevará una sanción de entre 1.001 y 30.000 euros de multa. Esta es una de las principales novedades del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que Interior llevará el viernes al Consejo de Ministros y que tiene en la protección de los policías frente a los ataques uno de sus pilares fundamentales, según Interior.
El texto también contempla como infracción "muy grave" el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación. Con estas medidas, Interior pretende evitar hechos como los ocurridos tras algunas concentraciones en las que asistentes fotografiaban a antidisturbios y luego difundían las imágenes en redes sociales quedando los agentes señalados y siendo objeto de insultos y vejaciones. En algunos casos, incluso se ofrecieron datos personales de los policías.
La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará "muy grave", así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como centrales nucleares o aeropuertos. Este apartado también sanciona entorpecer el funcionamiento de las mismas o incluso sobrevolarlas. También se considerará "muy grave" entorpecer con dispositivos luminosos como los clásicos punteros láser vehículos u otros medios de transporte como aviones.
Prohibida la prostitución cerca de menores
Este anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana aporta otras novedades como la consideración como infracción grave ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios de menores (colegios, guarderías, parques...) o en aquellos lugares que puedan afectar a la seguridad vial. El redactado del texto no entra a regular el acto de la prostitución, pero sí trata de impedir su práctica al menos en estos dos supuestos en los que serían sancionados tanto el cliente como la persona que ofrece los servicios sexuales.
El Ministerio lleva trabajando en este anteproyecto desde el inicio de la legislatura, para lo que ha mantenido reuniones con miembros de las Fuerzas de Seguridad, asociaciones de padres y plataformas vecinales, entre otras instituciones. Según fuentes de Interior, este asunto de la prostitución era el que más demandas producía por parte de los ciudadanos consultados.
En el apartado de las infracciones graves se mantienen aspectos relacionados con el consumo o la tenencia de drogas aunque no estuvieran destinadas al tráfico, así como el abandono en la vía pública de utensilios necesarios para su consumo o fabricación, pero se introduce como grave la plantación o el cultivo de drogas siempre y cuando las cantidades no sean consideradas como delito.
Esta futura Ley supondrá la derogación de la denominada como 'Ley Corcuera' de 1992 y la Seguridad Ciudadana pasará de estar regulada con 39 artículos a contar con 55 y nuevas infracciones repartidas entre infracciones leves, graves y muy graves. Esta normativa se crea en paralelo a la reforma del Código Penal en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas se encargará esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
Mismas sanciones, nuevas prohibiciones
Por su parte, las infracciones leves apenas experimentan variaciones con las actuales faltas leves y seguirán siendo sancionadas con multas contempladas entre los 100 y los 1.000 euros. La cuantía de las infracciones graves y las muy graves también es la misma que en la actual ley de Seguridad Ciudadana, lo que se ha modificado o se ha incluido son conductas que no estaban recogidas y tras más de 20 años era necesario regular, según Interior.
Otro campo que regula esta Ley es la obligatoriedad de identificarse ante las Fuerzas de Seguridad que podrán inmovilizar a una persona hasta que se compruebe su identidad y que el documento que porta no es falso. Ahora los agentes podrán hacer esa gestión en el mismo lugar de forma telefónica o telemática.
Este articulado regula que los agentes puedan requisar el documento durante unos minutos afectos de esta comprobación. Fuentes de Interior llaman la atención sobre el hecho de que en algunas manifestaciones había quien alegaba que el documento es personal e intransferible para no entregarlo a las autoridades. Por su parte, a los ciudadanos extranjeros no se les podrá desposeer de sus documentos de origen salvo mandato judicial.
