El Tribunal Supremo ha citado a declarar de manera voluntaria a José Luis Ábalos el día 12 de diciembre, además de acordar asumir la investigación contra quien fuese su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama, supuesto comisionista de los contratos de mascarillas. La sala de lo penal le citó de forma voluntaria y de manera previa a resolver elevar el correspondiente suplicatorio a la presidencia del Congreso de los Diputados en aras de favorecer su derecho a la defensa. A este fin, su abogado debía manifestar a la mayor brevedad si acudiría a la citada declaración, quedando de lo contrario sin efecto el señalamiento.

13:26 "No hay ningún pacto con Koldo"

"Usted le parece más sensato el pacto de la fiscalía que incluye a personas vinculadas con el gobierno y hace una declaración con tal de obtener la libertad en el mismo día, sin ninguna prueba, que tarda 15 días en presentar".

13:10 Ábalos confirma la denuncia contra la Guardia Civil 

"Yo creo que por la relevancia de la denuncia merece comparecer y hacerlo en esta cámara". "Mi defensa ha presentado una denuncia ante la fiscalía por un presunto delito según el artículo 535 de código penal vigente, que dice "autoridad o funcionario público que mediando caso interceptase correspondencia privada con la violación de las garantías… si divulgara o revela se impondrá la pena… No vamos a entrar en eso", explica el exministro. 

“Se siguió a Joseba Garcia, como mensajero, cuando venía a traerme unas cartas y se hicieron fotografías y una vigilancia sobre mi vivienda, mi persona y mi vehículo”, detalla Ábalos. “Me niego a normalizar una práctica de este tipo, de que esto sea normal”. "Es un hecho muy grave para un Estado de derecho: una investigación al margen de una autorización judicial”. "Espero que se tome la importancia de lo que significa esto, no estamos ante lo que se denomina hallazgos, tal cuales, no es el caso, tampoco es un simple daño colateral porque tiene un reflejo muy claro en este oficio de la Guardia Civil que ellos mismos lo redactan con mucha claridad". 

"Me lleva a conectar con una visión que tenía, que hizo que el 1 de agosto presentara unas preguntas dirigidas al Ministerio del Interior, preguntando si había sido objeto de una investigación no oficial por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado, me dijeron que era una pregunta de interés propio, la reformulé y la respuesta que obtuve fue escueta, se me dijo que la policía judicial solamente investiga sobre mandato judicial. No parece que este sea el caso. Volví a repreguntar y he vuelto a obtener lo mismo. Invito al ministro que considere esta respuesta después de lo que aporto. Insisto en lo que pedí, que se haga una auditoría de datos y que me digan desde cuando he sido investigado. 

12:53 La comparecencia tendrá lugar a las 13.00

Previsiblemente, la comparecencia girará en torno a la denuncia presentada, según ha confirmado Vozpópuli en la Fiscalía contra la Guardia Civil por el exdirigente socialista, fundamentada en que, según su versión, el GAR del Instituto Armado, así como la UCO, interceptaron correspondencia personal (en concreto al hermano de Koldo García) sin atender a su condición de aforado. 

12:45 Causa contra Ábalos "indicios fundados y serios"

El juez aprecia en la actuación de Ábalos indicios de delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación en el denominado 'caso Koldo'.

El Tribunal Supremo abrió una causa contra Ábalos tras los "indicios fundados y serios" que apuntó el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien atribuyó al exministro una "imputación clara y concreta" por su "papel principal" en el caso Koldo. Los investigadores subrayan el "nivel de acceso prácticamente ilimitado a la esfera del ministerio" por parte del empresario De Aldama, que tenía una "relación privilegiada" con el departamento que dirigía Ábalos, que "les fue retribuida" tanto a él como a su exasesor.  En esta causa se investiga la adjudicación pública de varios contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión por más de 52 millones de euros en 2020 y el presunto cobro de comisiones. 

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